La oportunidad histórica de la Corte

A la luz del debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ¿se dejará de aplicar la prisión preventiva oficiosa? No. ¿Esta medida cautelar viola el principio de presunción de inocencia? Es claro que sí. ¿Nuestra Carta Magna es restrictiva de los derechos humanos? En el apartado específico del artículo 19, sin duda. ¿El máximo tribunal tiene facultades para alterar los postulados de la Constitución? La respuesta es no. ¿Los ministros pueden armonizar los principios constitucionales con los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos? Estoy convencido de que sí.

El alto tribunal es la punta de la pirámide en nuestro sistema procesal constitucional y conciliar no significa desconocer o anular, en un tema de esta relevancia se pueden generar luces que guíen a los juzgadores federales para lograr que la prisión preventiva oficiosa sea realmente excepcional en la práctica, sin alterar las reformas del Congreso en la materia, que ciertamente han dejado mucho que desear por regresivas.

Estamos frente a una decisión histórica por sus alcances, la discusión sobre la posibilidad de inaplicar una porción de la Constitución, más allá de la medida cautelar que vulnera la presunción de inocencia, abre la coyuntura para determinar si la Corte se estaría excediendo en sus atribuciones o es capaz de interpretar la Constitución para armonizar sus propias contradicciones textuales respecto a los derechos humanos. 

Es una puerta delicada que, por mayoría, los integrantes del pleno han anticipado que no abrirán, aunque no hay todavía votación formal y el escenario podría cambiar este jueves con la posibilidad de rehacer el proyecto para presentar una propuesta que pueda lograr convicción mayoritaria. Luis María Aguilar, Norma Piña, Alfredo Gutierrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar estarían por aceptar este escenario para alcanzar un criterio de vanguardia.

Respecto al proyecto estudiado y discutido que presentó Aguilar Morales debo decir que es audaz e interesante, pero desde mi punto de vista se ha quedado corto en sus alcances interpretativos.

El vocablo ‘inaplicar’ ha resultado escandaloso para algunos, sin embargo no es cuestión de semántica, sino de un precedente crucial para la aplicación de normas constitucionales, que no por haber sido aprobadas en el Congreso, son adecuadas a la luz de los derechos fundamentales para condenar por adelantado a quienes debe considerarse inocentes hasta no probarse lo contrario. Toda una disyuntiva con implicaciones en la libertad de las personas, que con meras sospechas pueden ser encarceladas en un sistema profundamente injusto que sostiene en prisión a más de 92 mil 500 seres humanos sin recibir sentencia.

En México, cuatro de cada 10 indiciados enfrentan proceso penal sin haberse demostrado su culpabilidad, según exploró con datos oficiales el proyecto discutido con vehemencia.

Las reformas impulsadas desde el Ejecutivo y el Legislativo persiguen criterios políticos, un terreno en el que la Suprema Corte no debe transitar. Sin embargo, estamos frente a la encrucijada perfecta para presumir culpabilidad en vez de inocencia, lo que debiera corregirse por violar derechos esenciales.

Si un sector calificado de audaz para los constitucionalistas más conservadores logra convencer a otros togados, el máximo tribunal podría todavía dar una campanada contra todos los pronósticos para matizar la prisión preventiva oficiosa mediante una interpretación histórica que se antoja difícil, pero no imposible.

¿La Suprema Corte lo puede hacer? Creo que sí y eso no significa legislar o extralimitarse en sus facultades.

Perlas del debate de las últimas dos sesiones en la Corte:

Alberto Pérez Dayán: “No soy quien para desprender hojas de la Constitución”. Pero no debemos olvidar, que el ministro sí fue capaz de adelantar el proyecto sobre el caso de Alejandra Cuevas Morán al fiscal Alejandro Gertz Manero, sometiendo a sus colegas a un desgaste que de rebote propició un resultado contraproducente para el propio Gertz. 

Margarita Ríos Farjat: “Inaplicar una disposición de nuestra ley fundamental equivale a invalidarla, y eso representa un punto de no retorno en la historia constitucional de México. Jamás podríamos volver. Una vez tocada por nosotros la Constitución, esa puerta siempre quedaría abierta”. En pocas palabras es el verdadero nudo de esta decisión.

Javier Laynez Potisek: “Si la conclusión es que el Tribunal Constitucional mexicano sí puede revisar la constitucionalidad de un precepto constitucional, me parece que, primero, tiene que clarificarse cuál es el criterio interpretativo”. El ministro deja abierta la posibilidad de aceptar un mecanismo novedoso en ese sentido.

Arturo Zaldívar: “Las normas de derechos humanos de tratados internacionales y convenciones en que México es parte son Constitución. Si nos tomamos en serio los derechos humanos y la Constitución, me parece que este antiguo paradigma ya no es aplicable, quien interpreta la Constitución así, pues se quedó por lo menos 11 años atrasado”. Extrañaba al Zaldívar dispuesto a defender con elocuencia un argumento que contradice públicamente al presidente de la República, como en los tiempos de Felipe Calderón. 

Luis María Aguilar: “Yo pido a sus señorías y al señor ministro presidente que no se tome la votación  hoy mismo, sino que se tome en la próxima sesión, que será el jueves, para que a su vez me permitan analizar, reflexionar, inclusive para poder asumir o contradecir algunas de las reflexiones que se han sustentado aquí. Con el deseo de saber si debo, frente a ustedes, retirar el proyecto para reelaborarlo”. La opción sigue abierta para acercar posiciones con la finalidad de que la Corte interprete en amplio espectro un terreno que jamás ha explorado para armonizar visiones contradictorias de una Carta Magna que prioriza en su artículo primero el respeto a los derechos humanos.

Este jueves será decisivo y el análisis no se reduce a la versión simplista que equipara el resultado preliminar a un marcador de béisbol (7-4).

EDICTOS

Una gran noticia para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La doctora Mónica González Contró fue designada nueva directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y se convierte en la primera mujer en dirigir esa institución. González Contró es una jurista especializada en derechos de la infancia e igualdad de género, entre 2015 y 2020 fue abogada general de la máxima casa de estudios. No tengo duda que su papel será destacado, ¡enhorabuena!