Urge rediseñar las comisiones de investigación

Pareciera que estamos en un eterno bucle noticioso, donde cada día surge un escándalo que es anunciado, ahora sí, como “demoledor para el gobierno”. De inmediato aparecen más o menos las mismas personas políticas y opinadoras habituales anunciando que, en serio, ya terminó el sexenio y que el presidente está arrinconado. Como anticuerpos, brincan quienes defienden al gobierno a punta de descalificaciones ad hominem y otras falacias, desacreditan a la oposición; quienes también se vuelcan a los insultos, banalizando la discusión pública, hasta que surge otro escándalo. En consecuencia, la popularidad del presidente sigue elevada, por más que la opinión pública coincide que su desempeño es pobre.

Más allá de la urgente necesidad que la oposición comience a replantear su estrategia general, desde su propia imagen de credibilidad y discurso, los órganos legislativos pueden tener un instrumento idóneo para que un escándalo pueda analizarse de manera pausada, revisando hasta sus últimas implicaciones y responsabilidades: las comisiones de investigación.

En numerosos países, como Alemania y Estados Unidos, las comisiones de investigación representan un recurso a manos de la oposición, cuyo objetivo es analizar un problema o escándalo público con detenimiento: algo que no se puede hacer en las comisiones ordinarias. De manera general, pueden ser convocadas y organizadas por un grupo minoritario, teniendo atribuciones para solicitar información a los otros poderes y órganos autónomos de su nivel de gobierno. Para evitar abusos, su duración no es permanente, sino reducida a un plazo de alrededor de seis meses. Al finalizar el periodo, están obligadas a presentar un documento con los hallazgos el cual, aunque no puede ser usado de manera judicial, es un instrumento de rendición de cuentas.

Cierto, es posible que se nombren comisiones de investigación para hacer cacerías de brujas o temas banales. Por ejemplo, en los años 50, el Congreso de Estados Unidos instaló el Comité de Actividades Antiamericanas para perseguir a personas sospechosas de ser agentes de la Unión Soviética. En esa misma línea se encuentra otra comisión de investigación creada en el Senado de aquel país para investigar los efectos nocivos de las letras de la música popular. Sin embargo, es mejor este escenario a la inexistencia de mecanismos de rendición de cuentas que, además, sirvan de válvula de escape a las tensiones sociales.

Las comisiones de investigación fueron incluidas en la Constitución en 1977, a raíz de la reforma política de aquel año. Según el tercer párrafo del artículo 93, las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros tratándose de los diputados, y de la mitad si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Se añade que el resultado de las investigaciones se hará del conocimiento del ejecutivo federal.

Como se aprecia, el objetivo en 1977 era aparentar apertura a la oposición, sin ceder el control y dificultando la rendición de cuentas lo más posible. Por ejemplo, se establece que una minoría de diputados pueden pedir la creación de estas comisiones, pero no se dejó claro si debía o no autorizarlas la mayoría del órgano. Como resultado, el PRI usó su mayoría para bloquear la gran mayoría. Otro problema: en los años 70 había centenas de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, las cuales quedaron prácticamente desaparecidas a finales de los años 80.

Las pocas comisiones que se lograron crear hasta el 2000 sufrieron numerosos obstáculos para su operación, como el caso de la instalada para investigar a Conasupo. Al contrario, una vez que el PRI perdió la mayoría en ambas cámaras, las comisiones de investigación se convirtieron en un arma de chantaje político, investigando casos como los desvíos de Pemex a la Campaña de Francisco Labastida Ochoa o a los hijos de Martha Sahagún. En la mayoría de los casos, se creaban hasta sin el debido fundamento constitucional y como respuesta al intento de un partido por crear una. Como resultado, se banalizó este procedimiento y apenas ha sido mencionado después del sexenio de Felipe Calderón.

¿Serviría de algo rediseñar las comisiones de investigación? A decir verdad, sería un mecanismo idóneo para que la oposición deje de medrar del escándalo de coyuntura y comience a definir causas y agendas. Se podría establecer que una cuarta parte de la Cámara de Diputados o del Senado pueden instalarlas, dejando a discusión el número de integrantes y la presencia de los grupos parlamentarios. Su duración estaría sujeta a seis meses improrrogables, y podrían investigar cualquier asunto público cuya atención corresponda a la Federación.