El INE y la transición democrática I

Una de las características de las democracias consolidadas es que en ellas no solamente se tiene un interés especial por establecer las reglas de acceso al poder (elecciones), sino que también se busca en todo momento el ejercicio democrático de ese poder una vez que ya se tuvo acceso a él (correcto ejercicio de los recursos, transparencia, rendición de cuentas, entre otros). Es en esta segunda fase en la que en nuestro país persisten carencias profundas que, no obstante, han parecido no interesar históricamente a la clase política como sí ha sucedido con las reglas para acceder al poder.

De esta forma, se tiene que los diversos cambios que se han realizado a las reglas de acceso al poder han llevado a la existencia de un Instituto Nacional Electoral (INE) como organismo autónomo (no es parte ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial) que se encarga, entre otras cosas, de organizar las elecciones. Asimismo, se cuenta en el ámbito federal con un aparato jurisdiccional para resolver controversias que en estos temas se presenten. A su vez, se tiene que en las entidades federativas por mandato constitucional se cuenta con organismos para la organización de procesos electorales y tribunales electorales propios.

Dentro de este sistema, el INE ha fungido a menudo como la institución más activa, visible y, por ello, como un pilar de la aún en desarrollo democracia mexicana. Hoy no se puede entender que pueda existir una elección sin la intervención de un árbitro que simple y sencillamente se encargue de cumplir con lo que le ordena la Constitución: ser imparcial. 

Lo anterior ha tenido dos efectos: el primero ha sido contar con un organismo para organizar procesos electorales con un prestigio consolidado a nivel internacional y, por otro, en lo interno se han formulado severas críticas (algunas fundadas y otras infundadas) aunque siempre con un sesgo dependiendo de quién las realice.

En aras de colocar las cosas en su justa dimensión y a reserva de que en una próxima entrega se analicen algunos puntos de la más reciente propuesta de reforma al sistema electoral, considero que es buen momento para recordar algunos hechos que desde la reforma política de 1977 (con la cual se inició formalmente la transición democrática mexicana) han ocurrido, resaltando que en buena parte de ellos el actual INE ha sido un protagonista luego de las nueve profundas reformas electorales que ha habido:

• Se tenía que hasta 1988 solo había cuatro partidos políticos con registro.
• Se estableció el principio de representación proporcional con el que se dio cabida a mayorías y minorías en los órganos legislativos.
• Se eliminó la ascendencia del partido hegemónico sobre el órgano electoral.
• Se demostró en 1994 que el partido en el gobierno había realizado durante la competencia electoral el 80% del gasto total, lo que generó posteriormente cambios en el financiamiento público y la prohibición de la compra de publicidad al establecer un modelo que utilizó los tiempos de radio y televisión del Estado para ponerlos a la disposición de los partidos políticos de manera equilibrada.
• Se buscó estandarizar las condiciones con que se realizaban las elecciones en todo el país con la conversión del Instituto Federal Electoral (IFE) en el INE. El actual INE desde su nacimiento ha organizado 330 elecciones, el IFE entre 1990 y 2014 organizó 18 elecciones. Ninguna de las 330 elecciones ha tenido como consecuencia un conflicto poselectoral.
• Se tiene que la posibilidad de que un partido político que gana una elección salga victorioso del siguiente proceso electoral es de alrededor del 33%.

Es decir, una vez que se ha iniciado un debate tendiente a la reconfiguración del sistema electoral debemos hacer una profunda reflexión sobre el papel que el sistema electoral mexicano y, particularmente, el INE han jugado en la transición democrática de nuestro país. Lo que es cierto es que hoy se cuenta con una de las instituciones públicas mejor calificadas debido a la confianza y legitimidad con que cuenta, además de que no se le deben regatear los esfuerzos que ha hecho para garantizar un ambiente de competencia efectiva, pluralidad y estabilidad hasta hace algunos años impensable en el ámbito político-electoral mexicano.