Perú y la declaratoria de incapacidad moral permanente 

El pasado 7 de diciembre, Perú y el mundo fueron testigos de un suceso más en la ya usual inestable vida política en aquel país, pues en esta ocasión su titular del Poder Ejecutivo ordenó, entre otras cosas, el arribo de un gobierno de excepción a partir de la disolución del Congreso de la República y la posterior elección de un Congreso para redactar una nueva Constitución, así como también la renovación del Poder Judicial.   Lo anterior, buscando gobernar a través de acciones ejecutivas.

Durante el casi año y medio que había durado el gobierno encabezado por Pedro Castillo luego de triunfar en unas elecciones que dejaron ver la división del país en dos polos, el discurso antisistema que lo llevó a ganarle a Keiko Fujimori y a generar grandes esperanzas en su base de apoyo resultó ser una decepción más para un país que ha vivido muy frecuentes escándalos cortesía de una clase política que, no importando su ideología, ha resultado ser un fracaso sistemático.

Particularmente, la administración de Castillo había destacado por su inexperiencia política, por su preocupante improvisación, por la alta rotación de funcionarias y funcionarios y por las sospechas de casos de corrupción. Aunado a lo anterior, la débil red de apoyo existente para Castillo en buena parte de los sectores de la sociedad, hacían de su ambiciosa agenda una de muy complicado cumplimiento. Asimismo, su creciente rivalidad con el Congreso terminó por dinamitar su plan de trabajo y radicalizar las posiciones de ambos poderes.

Así, dicha disputa llevó a que inmediatamente después de que el presidente Castillo decretara el gobierno de excepción se convocara al Congreso para, por tercera vez, intentar que hubiera una “declaratoria de vacancia del cargo presidencial por permanente incapacidad moral”. Esta vez el Congreso de la República lo logró por un número de votos superior a los 87 que exige el artículo 113 de la Constitución Política del Perú (específicamente 101 votos a favor, 6 votos en contra y 10 abstenciones) en busca de la “salvaguarda del orden constitucional y el Estado de derecho”.

Hoy se están viviendo días de crisis política que han producido manifestaciones por lo que los seguidores de Castilllo consideran una destitución ilegal, además de que su detención luego de acusársele de diversos delitos ha sido calificada como un abuso por los mismos.

Y es que la ya abordada inexperiencia de Castillo fue expuesta de manera clara en aquella cadena nacional en la que intentó hacerse del poder y prácticamente eliminar los contrapesos institucionales establecidos en la Ley Fundamental peruana, escena que nos pudo transportar a otros lugares de América Latina en los que ha habido presidentes que han concentrado de manera eficaz mucho poder, aunque en esos casos estos personajes contaban con una mayor experienca y parecían seguir un manual en el que la premisa básica era el apoyo prácticamente incondicional de las Fuerzas Armadas, lo cual en Perú nunca sucedió.

Valdría la pena comenzar a analizar de manera más detenida figuras como la de la “declaratoria de vacancia del cargo presidencial por permanente incapacidad moral”, establecida en la Constitución peruana desde 1993 y utilizada en múltiples ocasiones por el Congreso de la República de aquel país.

Uno de los objetivos fundamentales de cualquier Carta Magna en cualquier país es brindar estabilidad política a su población, sin embargo, figuras como ésta al ser usadas de manera indiscriminada logran exactamente lo contrario. El hecho de que haya sido utilizada en contra de los presidentes Alberto Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y el mismo Pedro Castillo es muestra clara de que esa creatividad que en diversos momentos se ha expresado y aplaudido en el constitucionalismo latinoamericano, ha producido figuras que más que abonar al fortalecimiento del sistema de pesos y contrapesos, puede generar un desequilibrio entre poderes y crisis políticas tan recurrentes como las presentadas en Perú.

No obstante las profundamente cuestionables acciones de un personaje como Pedro Castillo y su muy evidente incapacidad para gobernar un país, es de destacar que el diseño de figuras tan poderosas como la declaratoria de incapacidad moral permanente debe respensarse, pues la existencia de un procedimiento que sin prácticamente contar con garantías procesales pueda desembocar en la destitución de un presidente sin cumplir con su intención original de comprobar su incapacidad mental y, más allá, pueda convertirse en una forma de mantener amenzada a una persona que ocupe la presidencia, solamente tendrá como resultado generar la incertidumbre que precisamente el derecho trata de erradicar o al menos mitigar.

El uso indiscriminado de la figura es un ejemplo más del juego duro constitucional del que habla Mark Tushnet.