¿Twitter exhibirá a medios financiados por el gobierno?

Desde que Elon Musk tomó el control de Twitter en octubre del año pasado, la plataforma ha experimentado una serie de cambios y movimientos que la mayoría de los especialistas del entorno tecnológico califican de erráticos. Una muestra de ello es su propio ajuste de valor en el mercado: el empresario pagó 44 mil millones de dólares y apenas seis meses después él mismo la valuó en 20 mil millones de dólares.

A las crisis por el lanzamiento de una versión de pago que modifica la influencia y visibilidad de las cuentas, la caída en los ingresos por marketing y una filosofía de libertad de expresión arcaica en donde se “defiende” el derecho a expresarse aun cuando las cuentas sean falsas, racistas o xenófobas, se suma la clasificación de los medios de comunicación en función de su cercanía a los gobiernos.

Sobre la medida, la plataforma señala lo siguiente: “Los medios afiliados al Estado se definen como medios donde el Estado ejerce control sobre el contenido editorial a través de recursos financieros, presiones políticas directas o indirectas y/o control sobre la producción y distribución. Se pueden etiquetar las cuentas que pertenecen a entidades de medios afiliadas al Estado, sus editores en jefe y/o su personal destacado”.

La nueva política llega en medio de una especie de venganza de Elon Musk a los medios de comunicación en dos niveles: porque estos se han rehusado a pagar el upgrade en Twitter y porque, desde la perspectiva del multimillonario, muchos desinforman y solo son instrumentos de propaganda. “La real tragedia del New York Times es que su propaganda no es interesante”. En otro tuit, Musk escribió que el Times es “hipócrita” por decidir no pagar la “mejora” de Twitter cuando el medio tiene su propio servicio de suscripción para acceder a sus contenidos.

Sin embargo, la ambigüedad de la reciente medida de la plataforma es evidente. No es que sea fácil, pero hoy sí es posible conocer cuánto dinero eroga el gobierno en los corporativos mediáticos. Pero ¿cómo medir las presiones políticas directas o indirectas? Por alguna u otra razón todas las plataformas mediáticas en México, tanto grandes como pequeñas, serían etiquetadas sin excepción. Mención honorífica tendrían las cuentas de La Jornada, SinEmbargo, SDPNoticias, Milenio y las televisoras TV Azteca y Televisa. Más allá de las plataformas propias como son Canal 11, Canal 22 y el IMER.

Si bien se trata de un modelo tradicional que resiste, incluso no solo en la sociedad mexicana, las fisuras están a la vista y su obsolescencia en el marco del nuevo ecosistema de medios es cada vez más evidente.

La premisa de Musk no es mala: el usuario tiene derecho a saber bajo qué condiciones se diseñó y elaboró un contenido. ¿Los usuarios se decepcionarán al saber quién pagó la píldora “informativa” que se tragaron con engaños? Ya hay indicios sobre la respuesta. Lo que hoy es posible ver no es a usuarios más receptivos o capaces de distinguir a los patrocinadores informativos, sin embargo, su comportamiento ha cambiado en función de otro tipo de necesidades.

La tendencia es clara. En el día a día, los usuarios no entran directamente a ningún sitio web de los medios. Son las big tech como Google, Facebook, Twitter, YouTube o incluso ahora TikTok que mantienen el control y distribución de los contenidos que generan las casas editoriales. Es decir, la mayoría de los usuarios ya abandonó a los medios de comunicación. La medida de Twitter, de concretarse de manera seria, solo aceleraría la crisis sin cambiar necesariamente el destino.

Elon Musk no deja de ser visionario aún en sus momentos más viscerales. Ha olfateado que Twitter, por su naturaleza primigenia, podría convertirse en una plataforma informativa por sí misma sin necesidad de ocupar a los medios. Los grandes corporativos mediáticos por su parte han acusado de recibido y han advertido que con toda su influencia política y económica darán la batalla.

En medio de las tensiones, es posible avizorar que se empujen nuevas regulaciones –a las ya existentes– en distintas latitudes para acotar a las big tech. Ya hay indicios de ello para equilibrar la influencia de estas en el sistema político, económico y social, particularmente en el contexto europeo. La sombra del control geopolítico por la vía de la tecnología también se asoma. Sin embargo, ¿podrán las normas de un Estado acotar a un usuario que, equivocadamente o no, ha erigido sobre plataformas privadas su nuevo modus vivendi? La respuesta corta es no.