Es indispensable transparentar intereses

Hace unos días, la exdiputada Nay Salvatori publicó un video en su cuenta de TikTok que debería encender todas las alarmas. En un tono premeditadamente chusco y coloquial, habló sobre su relación con las bebidas energizantes, lo malo que resulta mezclarlas con alcohol y los efectos que le arrojaba su consumo. Sin embargo, prosiguió, aunque pensó presentar una iniciativa para prohibir esa combinación, la marca la buscó para que no lo hiciese. A cambio de su abstención, se le entregaba un suministro constante de la bebida, hasta que su staff la disuadió de detener esa acción, pues se quedarían sin algo qué beber.

Por más anecdótico que sea el video, revela un problema apremiante que no ha resuelto el cambio de partido en el poder: los conflictos de interés de las personas legisladoras. En tal sentido, se puede entender que quienes nos representan puedan tener intereses derivados de sus profesiones, antecedentes laborales, relaciones familiares u otras razones. Sin embargo, el no declararlos genera incertidumbre en las relaciones entre los sectores público y privado, y expone a toda la clase política a actos de corrupción. 

La noticia viene muy a cuento tras la declaración que hizo Transparencia Mexicana ayer sobre su intención para revisar a partir del jueves 1 de junio el cumplimiento de los mecanismos para prevenir y evitar conflictos de intereses en el Congreso de la Unión y las legislaturas locales. Así, se revisará la situación de las mil 741 personas legisladoras del país, 628 federales y mil 113 estatales. Lo anterior, dado que la Ley General de Responsabilidades Administrativas fija el 31 de mayo como la fecha límite para que quienes nos representan presenten sus declaraciones patrimonial y de intereses.

La decisión de hacer esta revisión fue tomada ante un análisis preliminar de la Unidad para la Transformación de los Congresos (Utrac) de dicha organización, la cual identificó que solo 277 personas legisladoras del país, el 16%, presentó y publicó sus intereses, como lo establece la legislación. El 84% restante no publicó su declaración, la testó, la dejó en blanco, reservó la información, utilizó un formato distinto al que la ley mandata o simplemente declaró no tener intereses. Todo lo anterior incrementa el riesgo de incurrir en conflicto de interés durante su mandato.

De acuerdo con el análisis preliminar de la Utrac, en el ámbito federal 433 personas legisladoras, el 69%, no revelaron información sobre aquellos intereses personales que puedan entrar en conflicto al momento de tomar una decisión pública. En el ámbito estatal, mil 029, el 93%, se encuentran en los mismos supuestos.

Según la Utrac, el órgano legislativo local que cuenta con el mayor número de personas legisladoras que presentó su información fue Aguascalientes con el 41%, seguido por la Cámara de Diputados federal (33%) y el Congreso de Quintana Roo (24%). Al contrario en 18 legislaturas locales no fue posible conocer los intereses de sus integrantes: Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Ciertamente es indispensable en una democracia conocer qué intereses defienden las personas legisladoras, para lo cual es indispensable la transparencia en sus declaraciones de ingresos, patrimonial y de intereses. La situación es de verdad apremiante. Sin embargo, como sucede con toda lucha en materia de derechos, democracia y transparencia, no actuarán si no los presionamos.