¿Por qué la Suprema Corte frenó al billonario Carlos Slim?

Hay una trampa muy singular y socorrida cuando se trata de distorsionar un mercado en particular. Si compras la mayoría de los huevos de la única granja existente en el pueblo, tendrás la pulsión de más tarde establecer el precio que mejor te convenga. Como estrategia, en un principio, los ofertarás a un menor costo de su precio real para que aquellos pequeños vendedores se extingan al no poder seguir tu ritmo. Sin rivales, eventualmente podrás recuperar las “pérdidas” al inflar el precio una vez acaparado todo.

Para muchos, este ejercicio puede resultar alentador en términos de inteligencia de negocios; sin embargo, cuando todo un mercado en específico está bajo un actor preponderante, es decir, que domina o que incluso busca simular una competencia, el riesgo es tremendamente mayor para los consumidores pues esa “capacidad” de someter a toda una economía puede traducirse en un autoritarismo tarifario más tarde. Lo que hoy podría ser maquillado como un beneficio, mañana podría convertirse en un abuso.

Lo anterior sirve para ilustrar lo que por más de siete años se mantuvo en litigio y que por fin resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se trata de un amparo que Telcel interpuso en 2016 contra el artículo 208 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, artículo en el cual se prohíbe establecer condiciones o tarifas diferenciadas para aquellos servicios que se originan y terminan dentro de su propia red celular. Lo que se conoce como tarifas on-net/off-net.

Con Telcel –fundada por Carlos Slim– como el mayor operador del mercado (siete de cada 10 usuarios móviles en el país son sus clientes), este modelo ha sido calificado por especialistas como un riesgo porque inhibe la competencia. Siendo dueño de la red (on-net) tiene la flexibilidad de imponer tarifas extremadamente bajas a sus clientes, incluso por debajo de los costos de las tarifas de interconexión, generando así el fenómeno de margin squeeze o ajuste extremo de márgenes, una manera agresiva para desplazar indebidamente a la competencia.

En la actualidad, Telcel es cuatro veces el tamaño de sus competidores, ostenta 70% del total de usuarios de servicios móviles (81.5 millones de usuarios a finales de 2022) y concentra 73% de los ingresos del sector.

Fue la ministra Margarita Ríos Farjat, quien sin estridencia mediática se ha consolidado mediante sus resoluciones y votos como una jueza constitucional autónoma, quien redactó el proyecto que atajó al hombre más rico de toda América Latina, según la revista Forbes.

El análisis de la Primera Sala, respaldado por los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Pardo Rebolledo y también, en una parte, por Arturo Zaldívar, pone freno a prácticas anticompetitivas y reafirma el compromiso y espíritu constitucional de procurar una sana competencia económica.

El máximo tribunal del país dejó claro que dichas medidas no son privativas, pues el carácter de agente preponderante no está dirigido a una sola persona, al tiempo que tampoco se transgrede la libertad de comercio. Los argumentos de Telcel fueron desmontados cuando el proyecto votado a favor reconfirmó que el Congreso de la Unión y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sí comparten la responsabilidad de garantizar un ambiente competitivo en la materia.

En un contexto político complejo, es positivo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se erija como una institución que ofrece certezas en pro de maximizar los derechos de los usuarios, aun cuando ello implique, como en este caso, frenar al gigante América Móvil de Carlos Slim.

En el último tramo del sexenio, los jueces seguirán en el ojo del huracán pues —como ya lo he referido— son ellos quienes están gobernando de facto mediante sus resoluciones y sentencias frente a la poca habilidad del Ejecutivo. Parece haber claridad sobre quiénes, por encima de la propia Constitución, sirven a Palacio Nacional pero también hay optimismo cuando una ministra como Ríos Fajart asume con serenidad y firmeza su rol dentro y fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Apuntes

5G, ¿el combustible invisible?

Mientras la Secretaría de Hacienda se resiste a bajar el costo del espectro radioeléctrico en México para ponerse en sintonía con América Latina, un informe de Nokia revela que el incrementar el acceso de las industrias a 5G ayudaría a cualquier país latinomaericano a crecer entre 1 y 2% en su PIB.

Según OMNIA, el potencial de valor económico y social del 5G en Latinoamérica para 2035 es de 3.3 billones. Un 96% de este monto es puro crecimiento de sectores y 4% por aumento general de la productividad. Los mayores aportes a este monto lo generarán las industrias de la información, las manufacturas, los servicios, el gobierno, el retail y la agricultura. ¿Será que el gobierno federal por fin escucha las recomendaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y lleva a cabo el ajuste en los precios para la licitación que arranca en julio próximo?