Los demonios siguen en el Edén

No hay peor crimen que el abuso de niñas y niños. Protegerlos del abuso sexual debe ser un mínimo que cumplir como sociedad, comunidad y país. Lamentablemente, se sabe que el fenómeno sigue encubierto en México. Desde el “matrimonio infantil”, que no es más que la venta de niñas, hasta el turismo sexual, que ven en México como un espacio para saciar los más depravados deseos.

Hay que alzar la voz. Reforzar nuestros protocolos y normativas, pero también, no perder de vista los focos rojos. Me preocupa la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes que migran solos y que se encuentran en total desprotección tanto en nuestra frontera sur como norte. No hay muchos datos al respecto, pero se sabe que tanto Tapachula como Tijuana son puntos clave en la trata de personas con fines de explotación sexual.

La falta de datos y de atención nos juegan en contra. A falta de mediciones oficiales, las organizaciones civiles han tenido que estimar, a través de trabajo territorial y notas periodísticas cómo va la cosa.

Retomo los datos que Reinserta ha recopilado: México es un país en que 9 de cada 10 víctimas de violencia sexual son menores de 17 años. Desde 2015 más de 2 mil niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de trata de personas.

Se cree que nuestro país es uno de los principales exportadores de materia sexual infantil en el mundo. Cada año 5 mil 400 niñas y niños acuden a un hospital por violencia sexual infantil. Cada día seis niñas y niños menores de 5 años sufren violencia sexual.

Uno de los casos emblemáticos de este fenómeno fue el que denunció Lydia Cacho en su valiente libro Los Demonios del Edén. Ahí conocimos como las redes de prostitución y pornografía infantil en nuestro país se habían fortalecido ante la corrupción de gobiernos priistas. Fue este libro el que presentó a nivel nacional a Jean Succar Kuri. El empresario aprovechaba su dinero, logrado en el ramo turístico, para consolidar un imperio basado en la explotación sexual infantil.

Su caso ha mostrado qué difícil es darle justicia a niños, niñas y adolescentes. Su primera sentencia, en marzo de 2011, lo dictaba tan solo 13 años, un mes y 15 días de prisión. Una nada contra el horripilante crimen de abusar sexualmente de menores de edad. Afortunadamente, la PGR apeló el fallo y la segunda sentencia fue de 112 años, aunque esta segunda sentencia se apeló por los abogados de Succar Kuri, y finalmente se llegó a una sentencia de 93 años.

En enero de este año, se tomó la determinación de trasladar a Mario Marín y a Succar Kuri a penales federales. Esto ya que, al ser criminales con un alto nivel de poder económico, así como sus antecedentes de colusión con la autoridad, representaban un riesgo en la estabilidad del penal. En pocas palabras: se temía que pudieran influir y corromper el penal.

Esta fue una medida adecuada, que lamentablemente fue deshecha esta semana, al filtrarse que Succar Kuri volvería a Cancún, lugar donde construyó su poderío económico y político. Permitir este traslado es un sinrazón, que vulnera el derecho a la justicia, reparación y garantía de no repetición de las víctimas de Succar Kuri.

No podemos dejar que la impunidad siga afectando a nuestro país. Me sumo al llamado que ya han hecho Reinserta, CANIRAC, múltiples mesas de seguridad y justicia y otras organizaciones en contra de este fallo. Nuestras niñas, niños y adolescentes merecen más.