El costo de la dignidad en el Poder Judicial

En la boleta electoral para renovar las cámaras del Congreso de la Unión se dictará sentencia sobre el destino de la Suprema Corte de Justicia. Andrés Manuel López Obrador sabe que un descalabro de Morena para sostener mayoría simple afianzará las decisiones de una Corte independiente que ha mostrado dignidad para sortear una despiadada campaña de ataques y mentiras dirigidas desde su atril.

El guion se sigue al pie de la letra, la venganza se ejecuta y sus actores obedecen las líneas dictadas por el gran polarizador. Nada podrá evitar que los ministros, magistrados y jueces de distrito sean objetivos de desgaste para justificar el golpe más artero contra la división de poderes en nuestro país.

En esta coyuntura lo menos importante son los argumentos, la veracidad de los datos duros sobre el trabajo, ingresos y necesidades operativas de los juzgadores, se trata de colapsar a la única institución donde se dirimen con imparcialidad los atropellos del Ejecutivo. Para el presidente lo relevante es simular, esquivar, confundir, descalificar, engañar, agredir y mentir. Al mismo tiempo habla de la nobleza del pueblo sabio, ese ente que utiliza a conveniencia para redimir el espíritu destructivo de sus decisiones que exterminan lo que no controla.

La nota no es la eliminación de los fideicomisos que sustentan derechos adquiridos de más de 50 mil trabajadores del Poder Judicial en todo el país, ese, en términos beisbolísticos, era un out cantado desde varias semanas.

El fondo real es acabar con la independencia que tantos inconvenientes ha generado a su proyecto. Al hablar de los sueldos en el Poder Judicial acusa que es una vergüenza que un empleado gane 16 mil pesos y un ministro 700 mil, así consuma con impunidad una mentira repetida mil veces para seguir el protocolo de Goebbels. Se generaliza, se falsean las cantidades, se desconoce la naturaleza de la función de un impartidor de justicia y se desdeña el compromiso de la clase trabajadora dentro del Poder Judicial para acusar que “ni trabajan” y “protestan para preservar sus privilegios”.

AMLO señala sin pruebas y omite los verdaderos escándalos por las mismas causas que dice corregir al desconocer los abusos de sus hijos al amparo del tráfico de influencias. ¿Cuánto ganan Andy y José Ramón en sus repentinos y florecientes negocios? ¿Cuáles son los datos que arrojan sus declaraciones de impuestos? ¿Qué volumen de efectivo tienen a su disposición y cuál es su origen? ¿El tren de vida de sus muchachos es acorde a la austeridad que pregona sin dar el ejemplo en su propia casa familiar? ¿Cuántos negocios han hecho sus colaboradores consentidos abusando de la influencia y del presupuesto público sin licitar? ¿Cuántas veces multiplican mensualmente sus vástagos el ingreso que devenga honestamente un oficial judicial, un actuario o un juez jubilado?

El presidente se envalentona contra quienes puede lastimar usando su arsenal populachero y ordinario. Para él no tiene importancia entender que la Corte está facultada para revertir leyes y decisiones inconstitucionales. El golpe está dado y se va a profundizar, lo que viene será repetir otras mil veces que el Poder Judicial es juez y parte en la defensa que viene. La ignorancia es la plataforma que distingue a sus voceros de oficio, pero queda el compromiso de cuidar a la única institución que lo corrige sin pedir permiso. 

Cómo dato revelador en el contexto de los recientes acontecimientos de esta crisis, un fósil de principios de los noventa, especialista en plantones, marchas y toma de instalaciones, instruyó apretar hasta el extremo de la violencia a los trabajadores del sindicato del Poder Judicial que protestaron durante la semana en diversas zonas de la Ciudad de México. Martí Batres solapa a sus grupos de choque y se pone rudo contra quienes reclaman el despojo de sus derechos laborales.

En la tarjeta informativa oficial SECGOB/017-2023 emitida por el gobierno que encabeza, Batres Guadarrama anticipó el uso de la fuerza que derivó en enfrentamientos lamentables entre trabajadores y policías antimotines. Se adhiere a Ignacio Mier, Luisa María Alcalde, Alejandro Armenta y Jesús Ramírez Cuevas en la campaña de hostigamiento para normalizar la violencia contra sindicalizados que trabajan en la judicatura federal.       

Es obvio que no habrá forma de hacer razonar a quienes no tienen esa habilidad cuando de exterminar al disidente se trata. Queda seguir a detalle la batalla que se avecina por la defensa de la autonomía judicial. Que nadie se distraiga, sin mayoría simple Morena y sus rémoras no tendrán la posibilidad de aprobar la reforma que aniquile definitivamente al Máximo Tribunal.

Esa es la solución final que ha pedido el tabasqueño a la sucesora que reproduce fielmente la narrativa de embustes. Claudia Sheinbaum es una radical que obedece las instrucciones de su inventor, por eso fijará en su discurso la justificación de una reforma que se dice “democratizará” los mecanismos de designación de juzgadores federales. Los quieren obedientes, sumisos e ignorantes para perpetuar un régimen que desprecia el Estado de derecho.

Insisto, el Poder Judicial prevalecerá sólo con un Congreso balanceado, ahí está el principal reto para una ciudadanía que con su decisión en las urnas podrá proteger los equilibrios que sustentan al Estado mexicano. La Corte será un tema permanente en los meses por venir, a la ministra Norma Piña, colaboradores y colegas leales a la institución les queda crecerse al castigo, soportar el huracán con templanza para sortear este episodio negro que apenas comienza.

EDICTOS

Tras reducir la lista de aspirantes a la rectoría en la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México se ha hecho evidente la “cargada” institucional para favorecer a Leonardo Lomelí, Patricia Dávila y Germán Fajardo Dolci. Las posibilidades para contrastar ante la comunidad universitaria los planes de trabajo no han sido equitativas. Una de las noblezas del sistema de designación es que a los únicos que hay que convencer con algo más que impactos mediáticos es a los 15 integrantes de la Junta.

Se espera que la única valoración efectiva sea la preparación, experiencia, solvencia intelectual, capacidad profesional de quien será la persona que ocupe el lugar que deja Enrique Graue. Hay perfiles muy completos que participan en el proceso con cualidades incuestionables para asumir el cargo. La Máxima Casa de Estudios necesita una combinación virtuosa de atributos que garanticen la preservación de su grandeza en un momento particularmente complicado con retos titánicos. La cargada existe, sólo la Junta de Gobierno decidirá si será factor que incida en la decisión final. 

Me atrevo a descartar las reales posibilidades de Imanol Ordorika, Raúl Contreras Bustamante y Laura Acosta.