La Corte podrá revertir la venganza presupuestal de AMLO

Los ataques que enfrenta el sistema federal de impartición de justicia son inéditos, la revancha de Andrés Manuel López Obrador por diversas resoluciones que exhiben sus atropellos se ha materializado con el recorte presupuestal más agudo en la historia del Poder Judicial de la Federación, que solicitó para el ejercicio del año entrante 84 mil 792 millones de pesos, aproximadamente el 0.9% del Presupuesto de Egresos de la Federación. En lo que no se escatimó fue en las carretadas de dinero para el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o los privilegios de los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

La bravata de Morena y el gobierno federal ha trascendido a nivel internacional, diversas organizaciones de jueces, instituciones no gubernamentales y prestigiosos colegios de abogados se han solidarizado con la ministra Norma Piña, presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Mientras, se ejecuta el golpe en la Cámara de Diputados para satisfacer la venganza del Ejecutivo Federal que aborrece la autonomía fiel a su vocación dictatorial.  

“La independencia judicial en México se encuentra en grave riesgo” es una de las conclusiones del diagnóstico conjunto dado a conocer hace unas semanas por el Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de Nueva York, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Nunca como ahora el Poder Judicial había sido agredido de una forma parecida, una auténtica extorsión en la que se establece como premisa la condición de obediencia para tener el presupuesto suficiente que garantice la operatividad de los 941 órganos jurisdiccionales federales.

Al arranque del sexenio durante la presidencia de Arturo Zaldívar en la Corte, las genuflexiones contuvieron los ánimos de López Obrador porque a través del queretano logró intervenir en la agenda, pero desde enero las cosas cambiaron con el golpe de timón de Norma Piña para sacudir el intervencionismo, situación que encendió la campaña de odio.

¿Cuántos miles de millones de pesos del pueblo se embolsaron los funcionarios corruptos solapados en Segalmex, PEMEX con las trampas confesas del agrónomo que la dirige, las compras gubernamentales por adjudicación directa que evaden controles administrativos, los recursos “recuperados” por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, este último con el nombre de involuntaria ironía que marca el sello de la casa?

Ahí no pasa nada porque hurtar es admisible dentro del instructivo operativo del régimen y más en el año de Hidalgo para disponer discrecionalmente de los 15 mil millones de pesos que en principio arrebatarán vulnerando derechos adquiridos de más de 55 mil servidores públicos, de los cuales 8 de cada 10 realizan trabajo en juzgados y tribunales de todo el país.

AMLO reproduce las prácticas de los criminales. ¿Quieres protección y llevarla en paz? paga la cuota y es inaceptable porque consistiría en someter al único Poder que se mantiene ajeno a su correa de mando.   Se sabe al interior del Máximo Tribunal que su presidenta dedica extenuantes jornadas de trabajo con su equipo más cercano para alistar medidas extraordinarias que se tendrán que aplicar para evitar el colapso que acecha hacia 2024. La premisa de la llamada “transformación” es aniquilar la objetividad judicial, único cimiento en pie de nuestra democracia constitucional.

En vía de hecho experimentamos una violación evidente del artículo 49 de la Constitución que el Presidente de la Repúblico juró respetar al asumir el cargo. “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona” La flagrancia se consuma cada vez que el Congreso funciona en el bloque de los mayoriteos ordenados desde Palacio Nacional a los legisladores lacayos de su partido para satisfacer la voluntad del líder máximo que todo lo controla en un sistema teórico de división de poderes avasallado por la ignominia.   

Desde adentro el golpe es consentido por el grupo 4T en el que se encuentran Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Arturo Zaldívar, Bernardo Bátiz, Verónica de Gyvés y la recién llegada Celia Maya. Ni una palabra para pronunciarse ante la atrocidad de despojar de sus pensiones a cientos de jueces y magistrados jubilados, dejar sin sustento prestaciones de trabajadores o anular proyectos de creación de nuevos órganos indispensables para satisfacer la creciente demanda de acceso a la justicia.

La incesante acometida en la que participan también los mecanismos televisivos públicos del Estado ha unificado como nunca a los sectores más representativos de la institución. A través de un pronunciamiento conjunto la Asociación Mexicana de Juzgadoras, la de Mujeres Juezas y Magistradas, la Nacional de Juzgadoras y Juzgadores Federales, el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal y el capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juzgadoras condenaron la mutilación de los fideicomisos del Poder Judicial y calificaron la actitud morenista en la Cámara Baja como “un grave ataque a la independencia judicial”.

Es necesario hacer precisiones a la campaña de embustes sobre los fideicomisos en los que se repite hasta la saciedad un falaz discurso basado en “los otros datos”. Estos mecanismos están normados y la información sobre sus montos es pública y se actualiza trimestralmente. Hasta junio de 2023 el saldo global de los 12 instrumentos ascendió a 21, 522 millones de pesos y no se integra con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos. Ese dinero corresponde al sustento de pensiones complementarias de trabajadores, jueces y magistrados jubilados que ya entregaron por décadas su fuerza laboral, así como al desarrollo de infraestructura operativa en todo el país.

Existen mecanismos de defensa ante el recorte que violenta derechos adquiridos y se analizan las vías para ejercerlos desde hace varias semanas. Se trata de Acciones de Inconstitucionalidad que preparan los partidos de oposición para anular ante la Corte una reforma violatoria de la independencia judicial que necesitará los votos de 8 de los 11 integrantes del pleno.

Las pensiones de los ministros en retiro de la Corte no dependen de ningún fideicomiso y en el caso concreto la atribución constitucional de los togados no actualiza un eventual conflicto de interés, al contrario, hará prevalecer los postulados de los que son garantes.

En el caso de los miles de amparos en cascada, si son promovidos por los juzgadores directamente afectados en sus prestaciones y jubilaciones existirá una causal expresa de impedimento para conocer y resolver los asuntos, sin embargo, quienes no se amparen podrían analizar los casos sin restricción a través de juzgados especializados con jurisdicción en todo el país. Esa vía es posible, pero dilatada.

Y viene la salida audaz que puede otorgar la Suprema Corte, atraer los amparos para analizarlos en bloque, esquivando el impedimento de los juzgadores afectados que vayan al amparo. Y en ese caso otorgar la medida cautelar de la suspensión de los efectos de la reforma hasta resolver el fondo.

Se acusará que el Poder Judicial es juez y parte, pero los mecanismos de defensa quedarían a salvo bajo esa estrategia a través de las facultades constitucionales de los ministros que consistentemente han enmendado la plana al Ejecutivo y el Legislativo en meses recientes sobre diversos temas de trascendencia nacional.

Está en juego mucho más que sólo el destino de dinero público, la defensa de la Corte será la madre de todas las batallas para evitar la abolición del respeto a la división de poderes y la autonomía judicial, principios reconocidos y aplicados por los países más civilizados del mundo. 

EDICTOS

El INAI trabaja incompleto y a marchas forzadas para normalizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Un paso importante para el vapuleado órgano autónomo del Estado mexicano será su eficiente comunicación hacia los ciudadanos, ayer los comisionados aprobaron el retorno de un experimentado periodista para reasumir la Dirección de Comunicación del instituto, Eduardo Arvizu Marín tiene ante sí el reto inmediato de coadyuvar en esa importante tarea, esencial en una época dominada por la opacidad.

¡Enhorabuena!