Histórica defensa de la transparencia en la Corte

Uno de los organismos autónomos más despreciados por Andrés Manuel López Obrador es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que desde su creación hace 20 años jamás había enfrentado una embestida tan intensa como ahora. El Ejecutivo Federal y sus alfiles morenistas en el Congreso han comprometido la operatividad de esta institución encargada de garantizar la transparencia y el derecho a la información de los mexicanos.

Las funciones del INAI son esenciales para el desarrollo democrático y la cultura de rendición de cuentas impuesta con razón a toda entidad que ejerce dinero público. Estos atributos propios de un sistema con equilibrio republicano molestan a un presidente que se siente amenazado por la transparencia, instrumento esencial en la batalla real contra la corrupción.

Cualquier intento por erradicar los abusos del poder público, tiene como presupuesto el acceso a la información. Una muestra significativa de este postulado es la plataforma Compranet que, durante 2021 mostró que ocho de cada 10 contratos de adquisición de bienes o servicios realizado por el gobierno federal se efectuó por adjudicación directa, es decir de forma discrecional, lo que significa un gran incentivo para promover las corruptelas. Son tiempos en que las excepciones se han hecho regla con un régimen que miente sobre su convicción de erradicar irregularidades en el ejercicio del gasto público.

En 2022 la tendencia fue muy similar, 7 de cada 10 adquisiciones se realizaron a través de adjudicaciones directas y así se sostuvo durante el primer semestre de 2023.

Para el gobierno de la llamada transformación, lo extraordinario es licitar. Durante la parte más aguda de la pandemia se usó la justificación perfecta ante la urgencia de insumos médicos y vacunas. El modus operandi se extendió sin límites y cayó como anillo al dedo para servidores públicos que se valieron de este pretexto para ejecutar compras basadas en la opacidad, esquivando la debida rendición de cuentas que el INAI salvaguarda. Basta con revisar cientos de observaciones sobre la revisión de las cuentas públicas efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación durante el sexenio que se encuentra en su tramo final.

Como aderezo a la estrategia dolosa, convenientemente el sistema Compranet colapsó durante 17 días del año pasado para difuminar los excesos en las compras del sector público que muestran un patrón de conductas ilícitas para beneficiar a empresas consentidas ligadas a personajes dentro del gobierno. Las verdaderas causas de la suspensión en la plataforma que es repositorio de datos sobre las contrataciones efectuadas con recursos públicos por más de 260 instituciones federales nunca fue explicada, sólo se habló de fallas técnicas.

Conociendo los antecedentes, resulta obvio deducir el origen del desprecio por la transparencia durante esta administración que simula ser incorruptible.

El lunes 2 de octubre el pleno de la Suprema Corte de Justicia emitió una resolución histórica al resolver una impugnación presentada por el órgano autónomo. El Alto Tribunal determinó la inconstitucionalidad de la omisión de la Cámara de Senadores para designar a quienes ocuparán 3 vacantes en el cargo de comisionados del INAI.

La Corte exhibió a los legisladores que controlan la mayoría en la Cámara Alta, ya que garantizar el acceso a la información de los ciudadanos es un mandato de ejercicio obligatorio. Al interpretar la Constitución y la ley en la materia, se desprende que el plazo que tuvieron los senadores para hacer los nombramientos es de 60 días previos a la generación de una vacante, plazo que se venció desde enero de este año, dos meses antes de la conclusión de los periodos de Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Oscar Mauricio Guerra Ford y Francisco Javier Acuña.

La dilación afecta la debida integración y el funcionamiento del INAI provocando que cerca de 10 mil solicitudes de información se mantengan sin resolución, lo que resulta inadmisible.

Como parte de los efectos de la trascendente sentencia de la Corte se autorizó al pleno del instituto sesionar con 4 de sus 7 comisionados que podrán resolver por mayoría simple y en caso de empate con el voto de calidad de la persona que ocupe su presidencia. También se ordenó al Senado de la República que dentro del actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión se realice la votación para que designe a quienes ocuparán las 3 vacantes mencionadas. La decisión es vinculante, es decir, obliga a los legisladores a obedecerla, sin embargo, el desafío es inédito en virtud del desacato.

El cambio ofrecido en el sexenio que se termina ha sido para retroceder en materia de rendición de cuentas. El cumplimiento de lo dispuesto en la Corte coincide con el momento más crítico en la relación entre los Poderes Ejecutivo y Judicial, marcado por múltiples descalificaciones a la autoridad constitucional de los togados y la amenaza de asfixiar la operatividad de la impartición de justicia con un brutal recorte a su presupuesto.

¿Qué sigue? Algo que un sistema civilizado es regla, obedecer las resoluciones de los jueces. Ante el previsible incumplimiento ordenado por AMLO, la Suprema Corte tendrá que precisar los efectos de su sentencia. ¿Cuáles podrían ser? Desde el punto de vista de un gran jurista y ministro en retiro consultado por esta columna, si el Senado no cumple en el término que se le señale, la Corte misma procedería a realizar nombramientos provisionales, en tanto los legisladores cumplan con su obligación respecto a la designación de los comisionados.      

Hace 2 décadas estábamos convencidos que la transparencia llegaba para quedarse, sin embargo ese logro del Estado mexicano es amenazado por un régimen autoritario. La última línea de defensa vuelve a ser la Corte como garante de la Carta Magna.

Los ciudadanos tienen derecho a saber. La estrategia para hacer inoperante al INAI dejaría sin respuesta muchas preguntas:   

¿Cuántos nombramientos en cargos públicos se han hecho sin cumplir con los requisitos que exigen las leyes? ¿Qué medicamentos y tratamientos se han dejado de otorgar en hospitales públicos? ¿Cuántas escuelas carecen del mínimo de profesores para funcionar? ¿Cuáles son las empresas constructoras consentidas del gobierno y por qué montos fueron beneficiadas con obras públicas? ¿A cuántos militares se les ordenó convertirse en albañiles para cumplir los caprichos presidenciales en la construcción del Tren Maya, Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles?

¿Cuál es el costo real de estas obras? ¿Qué empresas inhabilitadas por diversas irregularidades han sido recontratadas sin importar las sanciones vigentes? ¿Cuánto costó a los mexicanos el fallido INSABI que sólo agravó la crisis en el sector Salud? ¿Cuál es el monto real del salario integrado del Presidente de la República y cuáles son a detalle todos los privilegios económicos que recibe por el ejercicio de su función para él y su familia?

Hay miles más y el derecho a conocer la verdad está siendo violentado con impunidad sin precedentes. Al final sólo nos queda la Corte y también van por ella, reflexión obligada para decidir el voto en 2024.

EDICTOS

La tendencia a desobedecer jueces federales es creciente e indignante. Encontramos cientos de casos en los que funcionarios federales se hacen de la vista gorda para cumplir resoluciones en tiempo y forma, un ejemplo ocurre en Pemex Exploración y Producción que sistemáticamente desobedece una sentencia de Concepción Martín Argumosa, Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito en la capital, que obliga a la paraestatal a obedecer medidas precautorias determinadas a favor de la empresa naviera mexicana TRESE que es objeto de una infamia para obligarla a quebrar en un añejo pleito con la empresa malaya Coastal.

Hay funcionarios de la paraestatal coludidos con los despachos que representan a los asiáticos y no hay poder humano que los lleve a cumplir correctamente las decisiones del Poder Judicial de la Federación. El asunto ya provocó el intercambio documental con la Secretaría de la Función Pública para analizar las responsabilidades y sanciones aplicables al caso como lo muestra el oficio CT4939/2023 firmado por Rocío Rangel Vera, Directora de atención y denuncias de esa secretaría.

¿Quién podrá sensibilizar a los muchachos de don Octavio Romero Oropeza para hacerlos conscientes de una eventual destitución por desacato? Otra pregunta sin respuesta.