Buenas noticias para los derechos de las personas con discapacidad

Las 20 reformas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador este pasado 5 de febrero han causado controversia, pero la realidad es que el pueblo, es especial los sectores más vulnerables, se verían bastante beneficiado. Mientras la mayoría de los analistas se centran en la parte política del paquete de reformas, poco se ha hablado de la parte social de estas. Estas buscan consolidar el proyecto social y humanista de la Cuarta Transformación. Serán un pilar importante para consolidar el bienestar en nuestro país.

Dos en particular responden al reclamo del grupo más vulnerable de nuestro país: el de las personas con discapacidad. La primera establece el derecho a la rehabilitación, dando prioridad a menores de 18 años de edad. Esto porque en la edad temprana, la rehabilitación surte mayor efecto y puedan contribuir a su autonomía en una vida adulta. Este es un gran complemento para lograr el empoderamiento de las personas con discapacidad.

El otro gran elemento es que se buscará ampliar la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad hacia la universalidad en el país para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos de cero a 64 años. La Constitución actualmente dispone que este derecho es universal para menores de 30 años y población indígena. La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente contribuye a garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales a toda la población con discapacidad, sean niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas indígenas, afromexicanas y/o adultas con discapacidad a través de un apoyo económico de 3 mil 100 pesos entregados de manera bimestral. En entrevistas con familias que he hecho a través de mi asociación civil, Rosa Mexicano, me han dicho que el mayor obstáculo en la discapacidad es el económico. Una madre de familia me manifestó que se han llegado a gastar hasta 40 mil pesos al mes en terapias para sus pequeños.

Así, la pensión ha sido un verdadero salvavida para las personas con discapacidad y sus familias. Las personas con discapacidad tienen un limitado acceso al mundo laboral, pues sólo 4 de cada 10 forman parte de la población económicamente activa y, cuando lo consiguen, perciben un ingreso mensual menor de hasta el 13 por ciento. Asimismo, encuentran mayores obstáculos para tener acceso a servicios de educación y salud, principalmente por barreras de comunicación y por falta de inclusión en infraestructura. Para las madres que me he topado en mi activismo, una de las principales preguntas que se hacen es qué harán sus hijos o hijas para tener un sustento cuando la familia falte. Una pensión para personas con discapacidad a nivel universal, es un bálsamo necesario a esta angustia. No es populismo, es justicia social. Veo en estas reformas además acciones necesarias para implementar el Sistema Nacional de Cuidados, que es también una de las acciones más necesarias para avanzar en temas vitales como la igualdad entre hombres y mujeres. Independientemente de si ellas tienen discapacidad, esta tiene un impacto desproporcionado en las mujeres porque somos nosotras las que tradicionalmente cuidamos a las personas.

En México viven 6.2 millones de personas con discapacidad. En un sistema neoliberal y sin justicia social, estas personas quedan al margen, donde su condición se vuelve parte de una cadena de injusticias sociales y económicas. Ampliar y garantizar derechos es una manera de mejorar los niveles de bienestar y revertir la situación de desigualdad social.

Me parece terrible que, a priori, se quiera deslegitimar todo el paquete de reformas, por seguir un juego electoral, donde sólo se hable de la Suprema Corte de Justicia o los organismos autónomos. El ejercicio legislativo requiere mayor técnica que rencillas coyunturales.

Estas reformas son una oportunidad para avanzar a un México más incluyente y justo para todas y todos.