Prohibido prohibir

Hay una fórmula infalible para promover el contrabando de combustibles: decretar una prohibición al comercio donde la diferencia de precio entre dos países vecinos es alta. Requerir un permiso previo para importar, como lo hizo el gobierno de México en octubre pasado, es un ejemplo de una prohibición. Subsidiar o cobrar impuestos en un sitio pero no en otro, como ocurre entre México y Estados Unidos, es una ruta para crear diferencias de precio mayores a las que resultarían de un proceso que permite el libre juego de la oferta y la demanda. Combinados, la prohibición y el diferencial de precio generan oportunidades de ganancia que movilizan a empresarios de todo tamaño, formales e informales, inmersos en actividades legales o ilegales, a capturarlas.

Mientras la diferencia de precio compense los costos de comercialización y evasión de la prohibición, habrá contrabando. En México, hemos estado acostumbrados a escuchar en la última década del tráfico ilegal de combustibles desde Estados Unidos, especialmente a partir de la caída en la producción nacional de gasolina y diésel, cuyo efecto fue un aumento en las importaciones. Los permisos de importación han sido exclusivos a Pemex y, hasta hace poco, a otras cinco empresas, todas extranjeras -ExxonMobil, Koch, Shell, Tesoro y Valero-. Combinado con el diferencial de precio, el limitado número de permisos ha propiciado el contrabando hasta representar cerca del 30% del mercado total mexicano de combustibles. 

Cuando el precio de la gasolina y el diésel en México ha sido más bajo que en Estados Unidos, el contrabando ha fluido en la dirección opuesta. En los primeros años del auge petrolero mexicano y del entusiasmo con los subsidios, emprendedores en ambos lados de la frontera se las arreglaban para llevar combustibles baratos desde México a Estados Unidos sin cumplir con los requisitos de la ley. En el verano de 1981, The New York Times reportó en una nota titulada “Contrabando de combustibles mexicanos trae grandes ganancias” que los oficiales de aduanas estadounidenses se sorprendían por el frecuente cruce de camiones cargados con bloques de cemento para la construcción, un producto que no aparecía en las listas de las mayores exportaciones de México. Pronto descubrieron que el comercio real consistía en vaciar los tanques de diésel. Los bloques eran simplemente un disfraz, un distractor. Y a los camioneros se sumaban individuos que cruzaban legalmente en auto y también vaciaban una gran parte del tanque del otro lado, o emprendedores que agregaban espacio en sus vehículos para transportar más gasolina.

Además del impulso al contrabando por el subsidio mexicano, una mala temporada de pesca de camarón en el Golfo de México texano impulsó a más de un pescador a buscar compensar sus ingresos transportando combustibles ilegalmente entre fronteras. La diversificación de ingresos siempre es una opción. Para el crimen organizado mexicano, cuando las utilidades por el contrabando de combustibles han caído, la diversificación ha corrido hacia las industrias agrícola y minera.

Fenómenos similares pueden observarse alrededor del mundo. Los controles vía permisos y el precio subsidiado de combustibles en Bolivia motiva el contrabando hacia Argentina, Brasil, Paraguay y Perú. Entre Colombia, Venezuela y Ecuador, el contrabando va y viene en una dirección dictada por los vientos del diferencial de precios. Generalmente los subsidios de Venezuela y Ecuador motivan el contrabando hacia Colombia, pero en ocasiones la escasez, como la vivida en Venezuela por el deterioro de su industria petrolera, conduce al contrabando en la otra dirección. Los subsidios de Irán provocan contrabando hacia Pakistán; los de Malasia, hacia Tailandia; los de Nigeria lo hacían rumbo a Benin hasta que Nigeria los eliminó, colapsando al mercado ilegal. En Reino Unido, el comité parlamentario para asuntos de Irlanda del Norte convocó en 2011 a una consulta sobre contrabando debido al diferencial de impuestos en ambos lados de la frontera con Irlanda.

En todos los casos, los contrabandistas desarrollan estrategias para evadir la ley típicas de cualquier mercado sujeto a prohibiciones. Adulteran combustibles mezclándolos con productos de menor calidad (combustóleo, keroseno, aceites, desperdicios), declaran falsamente en aduanas que están importando algún otro producto (lubricantes, químicos), buscan crear cárteles o monopolizar el mercado recurriendo a la violencia extrema. De hecho, un efecto de las prohibiciones es sacar del mercado a las empresas de bajo costo y dejar a aquellas cuya facilidad para la violencia es mayor.

Intentar controlar el flujo de combustibles mediante permisos a la importación ha resultado sumamente costoso. El Estado pierde ingresos por impuestos no pagados, las familias pierden miembros con el crimen organizado, los conductores pierden acceso a combustibles de calidad y los habitantes urbanos pierden la oportunidad de respirar aire limpio. La ruta para ordenar al mercado de combustibles mexicano pasa por una mayor apertura y una mejor regulación más que por controles burocráticos de baja efectividad y alto impulso a la corrupción.