La baja disponibilidad de medicamentos en las instituciones de salud del sector público lleva varios años profundizándose y, particularmente desde el sexenio pasado, lo ha hecho con mayor velocidad.
Como es bien sabido, el muchas veces esgrimido argumento del combate a la corrupción por parte del presidente López Obrador, llevó a diversas instituciones del Gobierno Federal a padecer un decremento en su profesionalización y, por lo que hizo a la contratación pública, la serie de vaivenes que ahí se vivió trajo como consecuencia una reducción en la eficacia (y en muchos casos de eficiencia) con que este aparato se allegaba de los bienes y servicios prestados por otros entes, todos aquellos indispensables para realizar su trabajo. Desde luego, en las obras públicas esta política y la improvisación sistemática también redundaron en los efectos negativos sufridos por diversos proyectos. Todo lo anterior afectó de manera considerable la calidad con que el gobierno presta los servicios públicos.
El caso del desabasto de medicamentos es un buen ejemplo de lo anterior, pues si bien es irrefutable que exista desde el gobierno la intención de combatir los casos de corrupción que en ese rubro se han presentado desde hace mucho tiempo, lo cierto es que esto no debe en momento alguno implicar que a las personas que acuden a una consulta médica en una institución pública no les sea surtida la receta ahí mismo. Los efectos de una receta no surtida por una institución pública pueden ser incluso devastadores para la economía familiar cuando ésta destina una parte importante de su presupuesto al conocido como “gasto de bolsillo”.
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El proceso de descentralización del sector salud puesto en marcha en los años noventa, desembocó en un fortalecimiento de las entidades federativas al contar desde esos años con ingentes recursos que antes eran administrados desde el Gobierno Federal, así como también las entidades federativas tuvieron la oportunidad de establecer normas, instituciones y procedimientos propios que en muchos casos efectivamente redundaron en excesos y actos relacionados con la corrupción. Sin embargo, en lo relacionado con la compra de medicamentos y de dispositivos médicos buena parte de la responsabilidad siguió recayendo en instituciones del Gobierno Federal como el Instituto Mexicano del Seguro Social.
No obstante, en años recientes diversas reformas legales y cambios en políticas relacionadas con el sector salud conllevaron que se volvieran a centralizar los servicios de salud (dando marcha atrás a aquel proceso iniciado en los años noventa que ya gozaba de una maduración importante) y que, con la intención de combatir los actos de corrupción, se replantearan diversos procedimientos en los que las compras fueron responsabilidad de instituciones que nunca lo habían hecho y sin la capacidad técnica para realizarlo razonablemente bien.
Aun cuando en la administración de la presidenta Sheinbaum se ha podido notar la voluntad para hacerlo de mejor manera a través de una apuesta por la solidez técnica, el problema del desabasto sigue estando presente y se ha comprobado que muy probablemente ha sido generado por un diagnóstico impreciso realizado hace algunos años.
Hoy corresponde al Gobierno Federal y a la industria farmacéutica realizar esfuerzos conjuntos para de manera gradual subsanar este problema que ha tenido un fuerte impacto en la vida de muchas familias que requieren de un servicio público de calidad, pues cuando sucede que esto no se logra, normalmente son las empresas privadas las que obtienen mayores ganancias a partir del empobrecimiento de esas familias.