Uno de los inevitables focos rojos en el gobierno de Claudia Sheinbaum es la persistente vinculación de poderosos operadores de la pasada administración con el crimen organizado, de Andrés Manuel López Obrador para abajo, el velo de sospecha originado desde desde su propia voz no ha dejado de hacerle daño a la presidenta que carece de argumentos contundentes para defender la “honestidad” que tanto pregona la clase gobernante.
El manoseo en la construcción del actual gabinete ha dejado una herencia de infiltrados y deshonestos, mismo fenómeno en diversas entidades, el Poder Legislativo y en el futuro inmediato también en la impartición de justicia que vendrá. Una tormenta perfecta en la coyuntura de acusaciones desde el gobierno de Donald Trump hacia México que provoca confesiones de capos que enfrentan procesos judiciales allá y familiares de narcotraficantes que ante las investigaciones y los ajustes de cuentas han optado por entregarse en la franja fronteriza ante autoridades de aquel país.
Se ha normalizado el abierto desafío de grupos criminales, las lecturas de los servicios de inteligencia en los Estados Unidos permiten elaborar el mapeo previo a lo que podría ser una intervención armada a gran escala, no son casualidades los vuelos de aeronaves extranjeras en espacio aéreo nacional o la presencia de portaaviones en aguas territoriales.
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Es indiscutible que durante el obradorato quedó probada la tolerancia hacia el narcotráfico. Ya he recapitulado en este espacio las reveladoras confesiones del ex presidente, la bitácora de sus frases públicas que exculpan e imploran comprensión hacia los criminales que fueron cobijados por el tristemente célebre: “también son pueblo”. En esa etapa hubo más beligerancia presidencial contra el Poder Judicial de la Federación para justificar la guerra contra la autonomía de la Suprema Corte, que contra la delincuencia organizada. Desde la narrativa oficial fue más peligroso un ministro coherente e independiente que un narcotraficante perseguido por la DEA.
El tabasqueño dejó implantada esa convicción de calumnias y manipulación. Fue más condescendiente con los delincuentes, los asesinos de periodistas y madres buscadoras que con los juzgadores federales que se negaron a ponerse de rodillas ante él.
Ya es sabido por diversos medios internacionales que desde diciembre de 2024 existe en la Fiscalía Federal de Nueva York un expediente de investigación contra AMLO, Rubén Rocha Moya y Américo Villarreal que gobiernan bajo el signo de Morena en Sinaloa y Tamaulipas. Se trata de la denuncia de un particular que dijo haber presentado elementos de prueba para demostrar posibles hechos constitutivos de diversos delitos, así lo publicó la periodista Anabel Hernández en un artículo para la Deutsche Welle de Alemania en marzo pasado.
Ante la grave crisis del fentanilo que se fabrica en México y se consume en los Estados Unidos, en un comunicado inédito la administración Trump no se guardó nada para redactar el tronante texto lanzado en enero. “Las organizaciones mexicanas de narcotraficantes mantienen una alianza intolerable con el gobierno de México”. (Sic)
Contra las cuerdas por tal balconeo de alto nivel y obligada por las circunstancias más que por sus convicciones, Sheinbaum hizo lo que nunca ocurrió con su antecesor. En un insólito despliegue registrado a finales de febrero fueron expulsados (ya que técnicamente no se cumplieron las formalidades jurídicas de las extradiciones) 29 hampones recluidos en México para ponerlos a disposición del vecino del norte, entre los que destacan peces gordos como Rafael Caro Quintero y los principales líderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, Antonio Oseguera Cervantes “Tony Montana” y Jesús Ricardo Patrón Sánchez alias “El H3”.
No hay semana que no deje como saldo una recriminación, señalamiento o denuncia que vincule a funcionarios mexicanos e incluso a gobernadores en funciones por sus presuntos nexos con actividades posiblemente ilícitas. El escándalo más fresco es el de Marina del Pilar Ávila y su esposo Carlos Torres a quienes les fueron retiradas sus visas estadounidenses. La gobernadora de Baja California sobre la que ya pesaban delicados señalamientos, intentó curarse en una relativa salud para informar de la medida, evitar las causas reales y minimizarlas a cuestiones meramente administrativas. Una decisión de esta magnitud podrían estar relacionada a presuntas investigaciones sobre lavado de dinero. Sin embargo, la opacidad ha dominado el origen real de la medida, que al menos constituye un indicio de la lupa que tienen encima por parte del Departamento de Estado norteamericano.
Como dice el clásico, “una golondrina no hace verano, pero más de dos sí”. Son muchos los asuntos pendientes, las sospechas y acusaciones que reflejan un contexto ineludible del llamado “narcogobierno” en México.
¿Por qué tanto preámbulo respecto al tema que da título a esta columna? Justamente porque es la coyuntura perfecta para permitir la designación de malandrines en diversas posiciones dentro de la impartición de justicia federal. Dentro de 17 días se hará la pantomima que intentará legitimar el histórico atropelló contra el Poder Judicial de la Federación.
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También pensarán, ya es una situación irreversible, no tiene caso darle más vueltas. Es un aviso que previene sobre una elección que ya tiene decididos resultados y permitirá a indeseables carentes de escrúpulos acceder a posiciones desde donde juzgarán los temas más trascendentes. ¿Deliberadamente se omitieron controles de confianza exhaustivos para decantar a los candidatos que aparecen en las boletas en las que se designará por “voto popular” a ministros, magistrados, jueces de distrito y funcionarios de disciplina y administración? La inquietante respuesta es un categórico sí.
Los operadores de la iniciativa, legisladores federales, el INE y hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral han hecho todo lo posible para facilitar que conocidos hampones se infiltren en la impartición de justicia que tendremos en unos meses. Las consecuencias se anticipan catastróficas y ahora resulta que ante los cuestionamientos fundados sobre la calaña de algunos candidatos vinculados presuntamente a los intereses del crimen organizado, se responde con enorme irresponsabilidad para decir que tras la elección del 1 de junio ya habrá “oportunidad” de revisar. ¡Pues lo grave es que ya están en las boletas! Y no hay que olvidar que fue la mayoría cuatrotera del Tribunal Electoral la que resolvió que fuera el Senado el que definiera las candidaturas, sin la evaluación del Poder Judicial de la Federación que todavía preside la ministra Norma Piña al que no se le permitió revisar la idoneidad de los aspirantes inscritos que serán votados.
Además, con enorme irresponsabilidad la señora Guadalupe Taddei desde la presidencia del INE ha dicho que después de las votaciones y cuando ya se hagan oficiales sus resultados, el Senado deberá informar a la Sala Superior que preside la impresentable Mónica Soto para que desde allá se de palomazo a los candidatos que son elegibles o no. ¿Qué no era al revés?
EDICTOS
Hay otro frente preocupante por la infiltración del narcotráfico, se trata del sector telecomunicaciones. Hace una semana, Adriana Labardini, ex comisionada del desaparecido IFETEL advirtió en un conversatorio en el Senado, que en diversas ocasiones desde su función en ese órgano autónomo conoció de “serios problemas” para impedir que capos y prestanombres de la delincuencia organizada pudieran solicitar concesiones de radio o televisión. ¿Cómo se impedirá que ante los superpoderes que se plantean otorgar a la nueva agencia que reemplazará al Instituto Federal de Telecomunicaciones que personajes vinculados a diversas actividades ilícitas aparezcan cómo concesionarios de diversos medios electrónicos? Ahí se las dejamos señores legisladores, su displicencia podría convertirse en complicidad. Luego no se quejen de que ya no podrán irse de vacaciones a Nueva York, Miami o de compras a San Antonio, todo por aquello de las visas.