Luego de analizar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales son notables algunas contradicciones teniendo, por ejemplo, que en el mismo documento se hace un claro reconocimiento de los logros alcanzados por el modelo que ahí mismo se critica. Revelador.
Y es que al hacer una revisión de la extensa exposición de motivos que la acompaña, queda patente el hecho de que el presupuesto para la eventual realización de estas reformas es que en México vivimos en una economía de mercado y las propuestas realizadas por los gobiernos más recientes lo constatan.
Lo anterior se confirma cuando en ella se sostiene que “la política de competencia alineada a las prioridades y a los planes del gobierno, ahora se utilizará para crear condiciones de bienestar compartido para todas las personas que quieran participar en la economía y se evitará que las empresas abusen del poder que acumularon durante décadas”. Esta afirmación despierta importantes expectativas respecto a la profundidad de las modificaciones que se propondrán más adelante, sin embargo, esto no sucede y en cambio se deja claro que “la garantía de condiciones adecuadas de competencia contribuye a que el país sea más atractivo para la inversión”, utilizando para sostener este dicho información generada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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Es así que con esta propuesta se puede ver reflejado el nuevo esquema que se buscará tener luego de la eliminación de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismos constitucionales autónomos encargados de regular y promover la competencia en los distintos sectores de la economía. Con ella, se busca sustituir a estas instituciones (parcialmente en el caso del IFT) que no dependían ni del poder legislativo, ni del ejecutivo, ni del judicial, con la denominada Comisión Nacional Antimonopolio, misma se encontrará en la órbita del Poder Ejecutivo Federal (esto bajo la forma de organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Economía).
Aunado al hecho de que hacerla depender de un órgano político suele incrementar la presión de ese tipo al momento de tomar decisiones, resulta un retroceso para su profesionalización y para el desempeño verdaderamente técnico de sus funciones que su órgano de gobierno se integre por 5 personas comisionadas que accederán a ese cargo por medio de un procedimiento de designación menos riguroso que el que existía para integrar los plenos de la COFECE y del IFT (en el caso de ambas instituciones era necesario que quienes buscaran ser personas comisionadas de las mismas debieran cumplir con evaluaciones muy serias).
No obstante y luego de un reconocimiento expreso de algunos de los logros alcanzados especialmente por la COFECE, en la iniciativa se retoman figuras como el programa de inmunidad y la existencia de una autoridad investigadora, surgiendo con ello la pregunta de qué tan necesario era cambiar lo que era susceptible de ser mejorado bajo la forma anterior.
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De igual manera, en la iniciativa se pueden encontrar algunos esfuerzos para que la nueva institución cuente con procedimientos más rápidos y eficaces, una reducción de plazos y un incremento en el monto de las multas. La pretensión de que se expidan lineamientos y criterios técnicos, así como guías de carácter orientador, también puede generar resultados positivos.
Desde el Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos daremos seguimiento a la forma en que se desempeñe la Comisión Nacional Antimonopolio y los efectos que esto traiga en el ejercicio de derechos como a la libre competencia y a la libre concurrencia.