El corredor migratorio existente entre México y los Estados Unidos es reconocido como el más importante del mundo por el intenso flujo migratorio que existe entre ambos países. Con el paso de los años, México ha cumplido con las características que tiene, para efectos migratorios, ser país de origen, también país de tránsito y tratarse de un país de destino de una ingente cantidad de personas migrantes que desde diversas partes del mundo buscan ingresar por vía terrestre a los Estados Unidos.
Esta particularidad geográfica de México ha llevado a que, en buena medida, las leyes y las políticas antiinmigrantes de los Estados Unidos tengan en el punto de mira a México y a su gobierno. Sin embargo, en los días recientes se ha manifestado un fenómeno inédito en nuestro país: la transmisión financiada por el gobierno de los Estados Unidos de cortes comerciales en la televisión abierta y en la radio mexicanas cuyo contenido no sólo busca inhibir la entrada de personas migrantes irregulares al territorio estadounidense, sino que lo hace utilizando claras amenazas y expresiones discriminatorias.
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Siendo una de las señas características de la sociedad actual la estigmatización, estos anuncios son un buen ejemplo de ello a nivel masivo, pues estos han sido transmitidos durante programas y eventos de máxima audiencia en México por parte de televisoras y radiodifusoras que técnicamente son titulares de una concesión para prestar estos servicios públicos de interés general.
Además de que nuestra Constitución prohíbe cualquier tipo de discriminación, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (que es la que se encarga de regular entre otras cosas el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico; la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos; y los derechos de los usuarios y las audiencias), también establece esta prohibición y señala que el Estado ejerce la rectoría en la materia.
Aunado a ello, esta ley precisa que el Estado mantiene el dominio originario, inalienable e imprescriptible (no se puede vender ni perder con el tiempo) sobre el espectro radioeléctrico (que es el rango de frecuencias de ondas electromagnéticas que se utilizan para prestar servicios como los de radio y televisión). Es decir, las televisoras no son propietarias del espectro radioeléctrico, sino que son titulares de una concesión que les permite usar, aprovechar o explotar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico o recursos orbitales para transmitir sus contenidos.
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Por tanto, es de llamar la atención que dichas televisoras haciendo uso de bienes de dominio público de la Nación, cuya titularidad y administración corresponden al Estado como son el espectro radioeléctrico y los recursos orbitales, consideraran una buena idea transmitir estos anuncios.
Estas decisiones que van más allá de ser simples decisiones de negocios han merecido la respuesta de la presidenta Sheinbaum y seguramente en próximos días del Congreso de la Unión que, muy probablemente, emprenda reformas que fortalezcan las atribuciones del Estado en este sector, lo cual sería una decisión razonable provocada por decisiones difíciles de entender en una sociedad que necesita de cohesión y solidaridad para hacer frente a los retos provenientes de su interior y, desde luego, los que plantea el exterior.