Para que el régimen de la autodenominada Cuarta Transformación avance con su objetivo de cooptar todos los espacios posibles y eliminar a cada uno de los contrapesos que le estorban, es necesario que existan hombres y mujeres que, al tiempo que encabezan instituciones, también traicionen los principios y valores por los cuales fueron designados. A días de que inicie el mandato de Claudia Sheinbaum como presidenta, lo que estamos presenciando es una serie de fallos y decisiones institucionales que buscan legitimar actos que desafían y contravienen abiertamente un sistema democrático.
La calificación de una elección histórica sin mayor crítica a la influencia del crimen organizado, el aval de una ilegal sobrerrepresentación en el Congreso por parte del partido Morena y sus aliados (PT y Verde), la anulación del triunfo de la oposición en la alcaldía Cuauhtémoc, así como la reforma al Poder Judicial que está por votarse en el Congreso de la Unión, son solo algunos botones de muestra que ilustran la forma en cómo el propio andamiaje institucional es orillado a autoboicotearse en medio de conveniencias, miedo y ambición.
No es tan complicado ponerle nombre y apellido a servidores públicos que, incrustados en las instituciones, han priorizado sus beneficios personales antes que los valores que juraron defender. Por ejemplo, la calificación de una elección en la que el 81% del territorio nacional está ocupado por el crimen organizado y un proceso en el que las balas terminaron de reconfigurar el poder, destaca la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, una sonorense que, además de tener una extensa red familiar en el servicio público estatal, es muy cercana a Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena y, en sus tiempos libres, gobernador de Sonora.
En ese mismo paquete entran tres de los cinco magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dicho bloque pro 4T lo conforman la presidenta Mónica Soto, así como Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, quienes “ratificaron” el acuerdo de subrepresentación ilegal de Morena en el Congreso que impulsaron en el INE los consejeros Norma de la Cruz, Carla Humphrey, Rita Bell López, Dania Ravel, Uuc-kib Espadas, Arturo Castillo y Jorge Montaño.
La operación por parte del régimen –AMLO/Sheinbaum– para distorsionar la función reguladora de las instituciones apunta, según varias fuentes, a Ricardo Monreal, Arturo Zaldívar y Salvador Nava Gomar, quienes a partir de expedientes (en las fiscalías y la Unidad de Inteligencia Financiera) y promesas de nuevos cargos apuestan por la siempre útil y fiel degradación moral y pequeñez de los individuos que, siendo electos para resguardar valores como la independencia e imparcialidad, priorizan sus beneficios inmediatos y se entregan, por temor o conveniencia, a los brazos de sus nuevos amos.
En esos mismos términos avanzan las reformas constitucionales que buscan impulsar el régimen en el Congreso de la Unión. Nadie niega la necesidad de una reforma al Poder Judicial, que tiene problemas de corrupción y nepotismo, tal vez no peores a los que sufre el Poder Ejecutivo con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza. Sin embargo, la reforma necesaria nada tiene que ver con el complot entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo para someter al Poder Judicial por la simple y sencilla razón de que cumple su función de contrapeso.
Que la reforma pueda, eventualmente, convertirse en constitucional no significa que termine por ser legítima, porque la naturaleza y función primordial del Poder Judicial de independencia e imparcialidad habrán desaparecido y eso, aquí y en cualquier sociedad democrática del mundo, significa una ruptura del orden constitucional que como principio tiene la división y el control entre los tres Poderes de la Unión.
La temporada de fraudes que serán institucionalizados, algunos, por la vía del Congreso con distintas reformas sienta un precedente histórico de regresión democrática en México. En el papel, muchas reformas se alistan para lucir constitucionales cuando en los hechos sean una flagrante violación a los principios más elementales.
Nunca nadie hubiera imaginado que un gobierno que se asume de izquierda esté promoviendo la militarización de la seguridad pública con una reforma que cambia la naturaleza de la Guardia Nacional. Tampoco era concebible que, si vivimos supuestamente en una sociedad progresista y democrática, se eliminen los órganos autónomos con la falsa idea del ahorro, cuando los indicios de corrupción han multiplicado los costos de proyectos como la refinería de Dos Bocas y Tren Maya. La intención final es que nadie cuestione al gobierno.
En todos y cada uno de los casos, estamos por ver cómo individuos que son legisladores, magistrados, ministros y titulares de distintas dependencias intentan validar e institucionalizar leyes, sentencias y fallos que en los hechos son un fraude al sistema democrático y al orden constitucional. Habrá que señalarlos por el autoboicot y la subordinación al poder traicionando los principios que juraron defender.
Apuntes
¿A nadie le parece insultante que el presidente interino del Tribunal Electoral de la CDMX (padrino de Caty Monreal) Armando Ambriz haya anulado el triunfo de la oposición en la alcaldía Cuauhtémoc? De inicio, el compadre de Monreal con investidura de magistrado debió de haberse excusado de participar en dicha resolución por sus vínculos con la poderosa familia zacatecana. Más allá de la relevancia de esa demarcación, el uso de la endeble figura de “familismo” por parte de “servidor público” para echar por la borda la preferencia electoral de los ciudadanos, termina por representar un fraude y una broma de mal gusto... institucionalizada.