Periodista y abogado con más de 35 años de trayectoria. Reportero, comentarista y consultor experto en temas jurídicos. Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo 2011. Especialista en el Poder Judicial de la Federación y analista político.
X: @jenroma27
Un Tribunal entregado a la nueva mafia del poder
Desfigurado, ordena violar amparos, amenaza, se somete al poder político y cambia sobre pedido sus criterios de interpretación para traicionar su naturaleza constitucional.
Desfigurado, ordena violar amparos, amenaza, se somete al poder político y cambia sobre pedido sus criterios de interpretación para traicionar su naturaleza constitucional.
Resulta ineludible referirse a los acontecimientos de la última semana que ratifican la intención de quienes controlan la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Documentos, proyectos, votos, filtraciones y hasta omisiones conforman una estrategia que tiene como finalidad servir al régimen que destruye la impartición de justicia independiente. Cuando vemos que personajes tan devaluados como Mónica Soto, Yasmín Esquivel, Felipe de la Mata o Arturo Zaldívar impulsan vehementemente el plan de la elección judicial a pesar de suspensiones vigentes de amparo, nada bueno puede esperarse.
La participación de Wilfrido Castañón León, Mónica González Contró, Ema Meza Fonseca, María Emilia Moreno de la Puente y Luis Enrique Pereda Trejo daba garantía de credibilidad a las candidaturas que aportaría el Poder Judicial en la elección de juzgadores, su trabajo brindaba certeza para tener al menos un tercio de aspirantes experimentados, profesionales y bien calificados. Sin facultades el Tribunal Electoral emprendió una estrategia cargada de soberbia para obligar al comité a producir candidaturas desconociendo un amparo y brincando el filtro de autoridad de la Suprema Corte de Justicia.
Antes de la dimisión, el grupo 4T de la Sala Superior ordenó al Comité de Evaluación continuar con el proceso, ya que sus trabajos habían sido suspendidos en virtud de un amparo que surtió efectos sobre su quehacer. Envueltos en la bandera guinda Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata se auto adjudicaron una “supremacía” absurda. Sin soporte jurídico los magistrados electorales abrieron un incidente de incumplimiento por la negativa a reactivar la selección de candidatos a juzgadores. Es decir, la mayoría de la Sala Superior amenazó al comité para exigirle que violara un amparo vigente, algo demencial que vuelve a exhibir la falta de escrúpulos de ese trío que lanzó ultimátum para presionar al grupo de 5 juristas que respondió invocando la intervención de la Suprema Corte ante la disyuntiva planteada.
¿Qué criterio debe prevalecer? El análisis del caso fue turnado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, cuyo estilo equilibrado otorga garantías de un proyecto objetivo a resolverse por el Tribunal Constitucional.
La furia del tridente encabezado por Soto amagó con amonestaciones públicas y llevó el delirio hasta el amago de cárcel, dejando de lado que la violación de un amparo también contempla multas e incluso efectos penales de privación de la libertad.
El juez de distrito amenazado por el Tribunal Electoral es Sergio Santamaría Chamú, adscrito en Michoacán. La suspensión otorgada por este juzgador debe cumplirse, sin embargo se suma a la ya incontable lista de suspensiones violadas por el Ejecutivo y el Legislativo, ahora es el propio Tribunal Electoral el que exige hacer caso omiso de una determinación con amplios alcances. Se trata de algo nunca antes visto, reflejo de la imposición de criterios políticos sobre decisiones jurídicas sustentadas en nuestra vapuleada Constitución. Guiados por la consigna a los comités de evaluación del Ejecutivo y el Legislativo no les importó el impedimento materializado en amparos otorgados por jueces federales.
“Los Felipes” y la presidenta del Tribunal Electoral, en un hecho demencial para un órgano que pertenece al Poder Judicial de la Federación, penalizaron el caso para turnar a la Fiscalía General de la República una denuncia contra el juzgador que desde Michoacán ordenó suspender el proceso que determinaría las candidaturas a votarse en junio.
Ante el clima enrarecido los 5 juristas del Comité de Evaluación del Poder Judicial decidieron renunciar y así lo externaron en una carta fechada el 27 de enero, recibida a las 19:09 de la tarde de ese mismo día en la oficialía de partes del Máximo Tribunal. Según se lee en la misiva, consideran que existe “la imposibilidad jurídica de continuar con el proceso”. Se refirieron a la coyuntura inadmisible, “hoy percibimos inviable la tarea constitucional que nos fue encomendada. Agradecemos la oportunidad de haber participado en este ejercicio y reiteramos nuestro compromiso por continuar trabajando por los derechos humanos, la democracia y el Estado Constitucional de Derecho”. Cabe reconocer que la decisión de este efímero grupo de trabajo mostró una enorme dignidad y explicó su contundente razón para exhibir un proceso viciado.
En el desenfreno sin límites a través de una sesión privada, virtual y al vapor la señora Soto decidió con sus 2 cómplices que fuera el Senado con su abrumadora mayoría morenista la que sustituya al Comité de Evaluación del Poder Judicial mediante una tómbola en manos de Gerardo Fernández Noroña que de inmediato atendió el llamado para ejecutar el espectáculo este mismo jueves 30 de enero.
Una novela surrealista dominada por el desprecio al Estado Constitucional de Derecho que ha sido aplastado por una camarilla que cumple obediente los deseos del Ejecutivo para imponer ministros, magistrados, jueces y funcionarios judiciales que serán “electos” en una representación teatral operada por otra incondicional en el INE.
La esperanza de un tercio de candidatos objetivos y experimentados se ha esfumado junto con la credibilidad de un proceso que nació muerto. En el ocaso de la impartición de justicia autónoma, el bloque arrodillado en Carlota Armero que originó el colapso producido con la llamada sobrerrepresentación y entregó la supermayoría a Morena en el Congreso con el falso escrúpulo de una interpretación estrictamente literal de la norma, ahora cambia la forma de analizar y resolver basándose en piruetas que se separan de ese rigor interpretativo que antes dijeron defender.
A esto se le llama justicia a modo o servicio a la carta en el tribunal entregado a la nueva mafia del poder.
EDICTOS
Resulta que un numeroso grupo de colaboradores que se cuenta en decenas, afines a los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata conocidos allá en el Tribunal Electoral como “los felipes” está anotado para recibir el palomeo inmediato que los convierta en candidatos a juzgadores y funcionarios judiciales con la bendición de la madrina que preside la Sala Superior. Si no están en las listas del Ejecutivo o del Legislativo, irán por todas las pelotas de la tómbola en el circo Fernández Noroña & Brothers.
Síguenos en
