Abogados de militares acusados por Ayotzinapa, vinculados a Scherer y red de corrupción: Díez

Alejandro Robledo Carretero y César Omar González Hernández, abogados encargados de defender a los militares inculpados en el caso Ayotzinapa, son parte del despacho de Juan Antonio Araujo, señalado por operar una red de corrupción con el exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra, indicó el abogado Paulo Díez, quien los enfrentó por una acusación en su contra.

En entrevista para La-Lista, recuerda que en 2020 a través de ese despacho se interpuso una denuncia en su contra por haber realizado una manifestación en el Viaducto Bicentenario, que controla Aleática (antes OHL), empresa a la que representaron esos abogados.

Previamente, Robledo Carretero fue subsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de la Paz de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hasta 2020, cuando esta dependencia era encabezada por Alfonso Durazo, pero su designación fue hecha por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Después, el abogado regresó a litigar para el despacho AGPRyC (Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá).

Sin embargo, Robledo Carretero aún mantiene su cuenta de Twitter con logotipos relacionados a la Secretaría de Seguridad y del gobierno de México, aunque ya no publica nada desde hace dos años:

“Alejandro Robledo Carretero es un personaje que antes de reincorporarse al despacho de Araujo, fue subsecretario en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Desde allí fue uno de los que operó esta fabricación de un nuevo delito en mi contra, por aquel evento ciudadano que se llevó a cabo el 30 de septiembre de 2020 en el Viaducto Bicentenario, que es un bien nacional de uso común, que el gobierno federal por razones que no conocemos sigue sin recuperar, que es explotado ilegalmente por un particular sin tener una concesión del gobierno federal”, recordó Díez.

Sobre el despacho AGPRyC, anotó que “ha estado involucrado en temas de tráfico de influencias, de abuso de autoridad, porque muchos de sus socios han ido y venido al servicio público”.

Ahora que los abogados tomaron el caso de los militares detenidos por su presunta vinculación al grupo delictivo Guerreros Unidos y a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Díez recordó parte de su historial, en el que toman asuntos relevantes “por dinero” o “por poder”.

“Si no lo cobras en dinero, lo cobras en poder y protección. No es pro bono”, apuntó Díez Gargari.

El abogado consideró que Scherer Ibarra sigue “siendo un tipo muy poderoso”, aunque “el negocio de estos señores se ha visto afectado sin duda, con la salida (del consejero) y las denuncias que se presentaron”.

“Es probable que él mismo (Scherer Ibarra) haya sido el que provocó esto”, comentó sobre el hecho de que Robledo y González hayan decidido representar a militares detenidos.

“Mañana pueden estar defendiendo a una comunidad indígena en Oaxaca porque se los pide el procurador”, refirió por sus vínculos con el poder.

“La única lógica detrás de esto es poder, protección y dinero“, sostuvo.

Otros caso tomados por AGPRyC es el de Juan Collado, quien denunció por extorsión a Julio Scherer y a integrantes del despacho.

La denuncia señalaba que a través de los abogados que defendían a Collado, entre ellos Juan Antonio Araujo, se le dijo que la única forma en la que podría salir de la cárcel sería vendiéndoles una empresa de su propiedad, Caja Libertad, a un precio por debajo del real. Además de Araujo, Collado señaló a los abogados César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y el asesor financiero David Gómez Arnau.

Esta semana, los abogados de cuatro militares procesados por la desaparición de los 43 normalistas acusaron a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), por supuestamente haber manipulado y politizado el informe elaborado y presentado por la Comisión para la Verdad en el caso Ayotzinapa.

En una conferencia de prensa llevada a cabo afuera del Campo Militar 1, los legistas Alejandro Robledo y César Omar González, representantes legales del general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabían Alejandro Pirita Ochoa, aseveraron que el informe “está plagado de falsedades, conjeturas y especulaciones”.

¿Quiénes son los abogados de militares acusados por Ayotzinapa?

Alejandro Robledo Carretero es presentado en el sitio web del despacho como “Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y Maestro en Derecho Penal, Constitución y Derechos por la Universidad Autónoma de Barcelona, España; cuenta con un Diplomado de Fundamentos Básicos del Sistema Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y ha participado en el Simposio de Prevención del Delito, impartido por la Procuraduría General de la República”.

Así mismo, “ha desempeñado varios cargos públicos tales como Asesor del Subprocurador de Procesos Penales, Director General de Consignaciones, Coordinador General de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y Subsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de Paz en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. Ha sido socio de diversos despachos especializados en el litigio penal”.

Mientras que a González Hernández se le presenta como “licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental y Maestro en “Derecho Procesal Penal (Procedimiento Penal Acusatorio – Juicios Orales)” por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Se ha especializado en materia penal, donde cuenta con más de 14 años de experiencia”.

Además, “ha cursado diplomados que lo han especializado en “Litigación Penal” por la Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile, “Destrezas en Litigación Oral” y “Técnicas Avanzadas del Contrainterrogatorio” por ACCESO Capacitación y California Western School of Law de San Diego, E.U., “El Nuevo Sistema de Justicia Penal en México” por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia A.C. y “Nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio en México, desde la Perspectiva Constitucional” por el Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal”.