3de3 contra violencia avanza en 7 estados; necesita otros 10
'Nunca más debe permitirse que un acosador, un violentador o un deudor lleguen al poder'. Fotografía: Cuartoscuro/ Crisanta Espinosa Aguilar.

Los Congresos de la ciudad de México, Veracruz, Sinaloa y Baja California aprobaron el jueves la Ley 3de3 contra la violencia, con lo que suman 7 congresos estatales hasta ahora.

Se trata de la reforma a los artículos 38 y 102 para establecer la inelegibilidad de quienes hayan incurrido en violencia sexual, familiar y política.

Previamente, la Ley 3de3 fue aprobada por los congresos de Quintana Roo, Tamaulipas y el Estado de México.

Se necesita de al menos otros 10 congresos estatales que la ratifiquen para que el dictamen pueda ser enviado al Ejecutivo federal y promulgado como ley vigente para los próximos comicios federales y presidenciales.

En la Ciudad de México la votación fue unánime de todas las bancadas que conforman el Congreso.

La diputada del PRD, Gabriela Quiroga, señaló que el Congreso tiene la obligación y la oportunidad de hacer historia con la aprobación de esta minuta para que en el próximo proceso electoral 2023-2024 “ningún violentado pueda ocupar un espacio como candidato”.

En abril pasado, el Senado de la República aprobó la llamada “ley 3de3” sobre suspensión de derechos para ocupar cargos públicos a quien tenga antecedentes como deudor de petición alimenticia o agresión contra las mujeres.

Las y los senadores dieron su respaldo el proyecto que suspende los derechos o prerrogativas de los ciudadanos que tengan sentencia firme por distintos tipo de violencia contra mujeres y niños, es decir:

  • Deudores alimentarios.
  • Violencia familiar.
  • Violencia sexual.
  • Acoso u hostigamiento sexual.
  • Delitos contra la integridad corporal.
  • Contra la libertad y seguridad sexuales.
  • Contra el normal desarrollo psicosexual.

La ley aplica también a quien haya ejercido violencia polítca en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.

“Con la reforma propuesta se busca incidir favorablemente en la ética pública y política, en beneficio de la sociedad en su conjunto”, se destaca en el dictamen.

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