INE y Tribunal Electoral llegan a 2024 con clima de incertidumbre

El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) llegarán a 2024 en medio de un clima de incertidumbre ante la falta de nombramientos en áreas clave de los órganos electorales.  

A menos de seis meses de las elecciones en las que se renovarán más de 20 mil cargos, entre ellos la Presidencia de la República, los organismos encargados de organizar y arbitrar la elección se muestran con división interna y tienen dificultades para alcanzar consensos.  

En el caso del INE, el organismo aún tiene vacante la Secretaría Ejecutiva, cargo fundamental para el desarrollo del proceso electoral, así como siete titularidades de direcciones que por ahora operan con encargadurías de despacho. Esta falta de designaciones ha ocurrido luego de la conclusión del período de Lorenzo Córdova como consejero presidente en abril pasado, además de la renuncia del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina.

Si bien los consejeros rechazan que la falta de nombramientos represente una crisis al interior, los especialistas coinciden en que ello envía un mensaje de desconfianza a la ciudadanía.

Para el analista político Jorge Aljovín esto pone en un brete y en entredicho la legitimidad del proceso electoral.

“Las elecciones en México no solamente son una serie de procesos o de pasos que se deben de seguir para organizarlas, sino también hay algo muy importante, que es evitar que se siembre el germen de la desconfianza. Todos sabemos cómo termina eso, con el tema del fraude electoral”. 

Mientras que el analista político David Torres señala que la falta de nombramientos es reflejo de la división que se ha gestado entre los consejeros. 

Explica que es facultad de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, proponer a los titulares, pero concierne al resto de los consejeros emitir su voto. “Los nombramientos de titulares de direcciones y la Secretaría Ejecutiva deben contar con mayoría calificada, es decir, ocho votos de los 11 consejeros electorales, y la división en dos grupos en la actual conformación del Consejo general, no lo ha permitido”.

Por un lado se encuentran los afines a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, que son las consejeras Rita Bell, Norma Irene de la Cruz, Jorge Montaño y Uuc-kib Espadas, y del otro frente las consejeras Carla Humphrey, Dania Ravel y Claudia Zavala, así como los consejeros Jaime Rivera, Martín Faz y Arturo Castillo.

Aljovín adjudica a la falta de liderazgo de Taddei al interior de las consejerías el que no se hayan logrado acuerdos hasta ahora, y se tengan encargadurías de despacho de más de ocho meses. 

“Muchas veces cuando se tienen encargadurías, las personas que ocupan estos cargos no tienen ni la altura ni la probidad ni la capacidad de hacer frente a un proceso electoral tan importante como el del 2024”, indica.

Los especialistas coinciden en que la polarización que se vive en el país, ha alcanzado tanto al INE como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este último es el organismo que calificará la elección presidencial.

En el caso del Tribunal Electoral, la Sala Superior está trabajando en período electoral con dos vacantes de magistrados, quienes no han sido nombrados por el Senado, así como otros tantos en cinco salas regionales. 

Y en ese contexto, de cinco magistrados, tres solicitaron la renuncia del presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, y eligieron a Mónica Soto para que presida el Tribunal a partir del 3 de enero. 

“Es preocupante porque no se trata de una diferencia de criterios o de una cuestión de votos, sino más bien se trata de un tema de que los magistrados no están unidos en torno a la institucionalidad del propio Tribunal, y esto nos puede llevar a lo que se denomina la feria de las desconfianzas porque justamente se han armado bloques”, consideró el especialista Jorge Aljovín.

Ante la situación inédita que se vive en ambos órganos, el especialista David Torres consideró necesario que se respeten las leyes en materia electoral y se privilegie el diálogo por encima de los intereses de poder al interior de los órganos jurisdiccionales.