Reforma electoral de AMLO propone desaparecer al INE; elegir consejeros y eliminar ‘pluris’

En un nuevo intento de reforma electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a plantear la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE), la elección de consejeros por el voto popular, la eliminación de los plurinominales, la reducción del financiamiento de partidos, entre otros asuntos, para lo que requiere mayoría calificada, con la que no cuenta en el Congreso actualmente.

Como ya lo había planteado en la reforma electoral que propuso el año pasado y que no avanzó en el Congreso, ahora nuevamente el Ejecutivo propone “transformar la institucionalidad electoral al suprimir al INE y crear en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como autoridad electoral independiente garantizando los principios rectores de la función electoral, como siempre debió haber sido. De igual forma, se propone fortalecer al TEPJF”.

La reforma electoral, de la misma manera, plantea la desaparición de los OPLES.

“El INEC sería la única autoridad administrativa electoral del país. Sus funciones absorberían las de los órganos públicos locales (OPL), es decir, organizaría la totalidad de los procesos electorales de la república, a nivel nacional, estatal y municipal. Además, se propone que lleve a cabo los ejercicios de democracia directa que prevén la Constitución y leyes”, se indica.

“El nuevo INEC se conformará de órganos temporales y auxiliares, en especial en los periodos electorales, que concentren las funciones que han sido fragmentadas en innumerables unidades administrativas, a efecto de contar con la estructura indispensable para garantizar las funciones asignadas en la legislación.

“En conclusión, al hacer del INEC una instancia única y verdaderamente nacional con funciones claramente delineadas, se fortalece nuestro sistema democrático, lo que brinda a la ciudadanía y los partidos políticos mayor certeza jurídica, claridad en los procesos y eficiencia en el desarrollo de funciones. Lo anterior unifica la toma de decisiones en distintos procesos relacionados y garantiza su correcto desarrollo, además se dejarían de erogar cuantiosos recursos que actualmente se gastan en las estructuras de los órganos electorales.

“Basta observar que, además de lo asignado al INE, cada año se gastan más de 13,000 millones de pesos para sostener a los OPL”, abundó.

La iniciativa de AMLO en materia electoral también contempla “elegir mediante voto secreto, directo y universal a las máximas autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, por postulación de candidaturas a cargo de los poderes de la Unión”.

Para la integración del INEC, se elegirán a siete personas consejeras y presidirá el organismo aquélla que haya obtenido la mayor votación. 

Así mismo, “se eliminan 200 diputados federales plurinominales y 64 senadores, para dejar en 300 el número de integrantes de la Cámara de Diputados electos por mayoría en igual número de distritos y con 64 integrantes del Senado, dos electos por cada entidad federativa según el principio de mayoría relativa. Este principio aplicará para la elección de diputados locales en las entidades federativas”.

Mientras que “en materia de revocación de mandato y consulta popular, se propone reducir a 30% la participación requerida para que sus resultados sean vinculatorios. Asimismo, se homologa la fecha para realizar la revocación de mandato para el mismo día de las elecciones ordinarias para elegir diputadas y diputados al Congreso de la Unión, así como la consulta popular”.

La reforma electoral de AMLO también apunta que “uno de los temas que suscita mayor indignación en la opinión pública es la millonaria cantidad de recursos del erario que año con año son entregados a los partidos políticos nacionales y locales para el sostenimiento de sus estructuras y la obtención del voto”.

“El Estado mexicano destina cada año alrededor más de 11,000 millones de pesos en subsidios públicos a las actividades ordinarias de los partidos políticos (plantilla laboral y bienes muebles e inmuebles), es decir, a la manutención de aparatos burocráticos”, apunta.

Por ello, “se reduce a la mitad el financiamiento ordinario a los partidos políticos y se regulan las aportaciones de las personas a los partidos y el uso de tales recursos por parte de éstos”.