Reforma judicial de AMLO fracturará estado constitucional: UNAM
"Cuando el Poder Judicial de la Federación deje de ser independiente, la ciudadanía quedará desprotegida", apunta estudio de la UNAM.
"Cuando el Poder Judicial de la Federación deje de ser independiente, la ciudadanía quedará desprotegida", apunta estudio de la UNAM.
La reforma judicial que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador y fue adoptada por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, podría fracturar el “núcleo genético de nuestro Estado constitucional“, advirtió un estudio de la UNAM.
En un análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República, elaborado por Sergio López Ayllón, J. Jesús Orozco Henríquez, Pedro Salazar y Diego Valadés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se expone el “daño” que sufrirá el Poder Judicial con esta reforma.
“De aprobarse la iniciativa de reforma constitucional, el daño al Poder Judicial de la Federación (PJF) será mayúsculo, ya que implicará el cese inmediato de 1,665 ministros, magistraturas y judicaturas, y generará un movimiento pendular del PJF para que sus integrantes dejen la posición de independencia e imparcialidad que actualmente tienen garantizada, y se adentren en el campo de la política”, se anota.
“Los cambios al estatuto jurídico y a la mecánica de selección de sus integrantes buscan dejar a las personas juzgadoras a expensas del poder avasallante de la política, obligándolos a incursionar en el terreno electoral, lo que paulatinamente los irá deslizando a que se conduzcan políticamente, y a que valoren y resuelvan las controversias constitucionales, de por sí aderezadas de un gran contenido político, mediante criterios de interés político, en un contexto en el que la expectativa de reelección que se ha dispuesto para las magistraturas de circuito y las judicaturas de distrito incorporarán un aliciente adicional para que su razonamiento se deje llevar por lo que en cada momento reclame el electorado”, indica.
El análisis señala que “cuando el Poder Judicial deje de ser independiente, la ciudadanía quedará desprotegida, porque la independencia judicial, más allá de concebirse como una garantía institucional o una prerrogativa personal de sus integrantes, constituye un derecho esencial de las personas a contar con jueces que, sin injerencias ni condicionamientos externos o internos, y bajo una posición de estricta neutralidad, impartan justicia“.
“Para no ir más lejos, sin independencia judicial, el núcleo genético de nuestro Estado constitucional se verá seriamente fracturado, al renunciar a su obligación esencial de controlar la razonabilidad del poder, y la propia salud de nuestro sistema democrático se encontrará en un riesgo inminente al verse debilitados los mecanismos que permiten la efectividad de los derechos y libertades de las y los mexicanos“, concluye.
Además, asegura que “el hacer converger las elecciones políticas y las judiciales en la misma jornada electoral persigue distintos objetivos; entre ellos, que las postulaciones judiciales, al converger en el mismo periodo de la propaganda electoral, terminen identificándose con las candidaturas partidistas“.
De esta manera, las preferencias político-electorales de la ciudadanía se trasladarán, en definitiva, “a la selección de las candidaturas a ministros; que el nivel de participación de la ciudadanía sea alta, y que se relegue al abstencionismo en beneficio de la legitimidad de los elegidos tanto en la vía política como en la judicial, y que los integrantes del PJF tengan un mayor vínculo con el electorado, así como la conciencia plena de los programas electorales, proyectos políticos y agendas legislativas que merecieron el mayor número de votos en las elecciones, para que actúen con sumo cuidado al momento de valorar su regularidad constitucional”.
El estudio anota que el proselitismo estará exclusivamente en manos de las personas postuladas.
“En consecuencia, los aspirantes se verán obligados a realizar compromisos electorales para llamar la atención de los votantes, diferenciarse de los demás, ganarse sus simpatías, convencerlos de ser las mejores opciones y hacer que la ciudadanía termine por votarles. Al efecto, es impensable que las candidaturas pretendan distinguirse aludiendo a su compromiso de mantener una lectura e interpretación originalista, evolutiva o discrecional del texto constitucional, o mostrando una actitud de la mayor o menor deferencia hacia el legislador.
“Sus ofrecimientos, para llegar a los oídos del electorado y permear en él, tendrían que patentizar el compromiso de no ser un obstáculo para las decisiones legislativas y las políticas públicas refrendadas por la mayoría de los votantes“, abunda.
La presidenta electa Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador pactaron que la reforma judicial se discuta en septiembre próximo en el Congreso, ya que Morena cuente con mayoría calificada al menos en la Cámara de Diputados.
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