Temen llegada de jueces sin méritos al Poder Judicial
En el Poder Judicial no sólo temen perder sus empleos sino que los jueces que lleguen respondan a intereses políticos y no tengan los méritos suficientes.
En el Poder Judicial no sólo temen perder sus empleos sino que los jueces que lleguen respondan a intereses políticos y no tengan los méritos suficientes.
El Poder Judicial, uno de los tres que hay en México, vive una total incertidumbre y zozobra ante la reforma que pretende que jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto popular, así como una nueva configuración de la Suprema Corte y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial.
Trabajadores del Poder Judicial reconocen la mala percepción que hay sobre su trabajo, pero defienden la carrera judicial, un sistema institucional basado en el mérito que comenzó hace 30 años y que garantiza que la elección de jueces se base en las credenciales y la capacidad.
Luis Aguilar Virgen, secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del 7o. Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, defiende este sistema. Él decidió adentrarse en el Poder Judicial hace 23 años gracias al ejemplo de sus padres y hoy le atemoriza que esa carrera judicial “se vaya al traste” debido a la reforma promovida por López Obrador
El abogado subraya que la elección por voto popular de juzgadores genera más dudas que certezas al interior del Poder judicial y enciende alertas en torno al escenario que puede desatar.
Además, admite que la incertidumbre actual no sólo gira en torno a qué va a pasar con la institución a la que le ha dedicado más de dos décadas de vida, sino que también lo golpea al haber probabilidades de que sus condiciones de empleo ya no sean favorecedoras.
“Esta incertidumbre de no saber si el próximo año tendré o no trabajo. Es evidente que las condiciones de trabajo van a ser otras cuando se logren las modificaciones constitucionales anunciadas por los poderes Ejecutivo y Legislativo federales. Todo indica que nos recortarán sueldos, nos quitarán prestaciones, y disminuirá nuestra calidad de vida”, consideró.
Carlos Riveros Terán, actuario judicial, que comenzó su carrera en este poder desde el 2013 coincide con Aguilar en sus reservas y aboga por los ascensos basados en la “meritocracia“.
Como ejemplo, pone su propio caso, y acota que de conservarse el sistema actual, el siguiente nivel sería el de secretario, para lo que necesitaría aprobar un examen en el que concursan muchos más y el siguiente puesto inmediato, sería el de juez de distrito, cargo que se pretende dejar a la voluntad popular.
Como actuario judicial, Carlos Riveros siente la tranquilidad de ser parte del personal de base, grupo que supuestamente no resultará afectado por la reforma judicial, y es consciente de que en caso de ser despedido tendría el derecho a una indemnización; sin embargo, “más allá del miedo por la base” teme que quién pueda llegar no sea capaz de atender el encargo.
“El hecho de que nosotros sepamos que nuestros titulares, jueces, magistrados, se saben el camino transitado y nos llevan por una pauta del deber ser, nos da tranquilidad… pero queda el nerviosismo por esta reforma que plantea quitar a personas que tienen expertise en el trabajo y que empiezan a llegar personas que a lo mejor tienen una idea, pero empiecen a exigir sin fundamentos, sin conocimiento previo, de hasta qué punto está el límite”, anotó en entrevista para La-Lista.
Este temor que viven los trabajadores ya se ha propagado por todo el Poder Judicial, al grado que tuvo que salir la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, a atemperar los ánimos.
“Estamos trabajando incansablemente, estamos dialogando con todas las instancias posibles para garantizar la defensa de sus derechos laborales. Vivimos momentos llenos de incertidumbre. Sin embargo es precisamente en estos tiempos cuando más debemos demostrar que trabajamos por México”, apuntaló la presidenta de la Corte.
En una entrevista para El País, la ministra incluso fue más allá y dijo que “va a dejar la piel para mejorar la reforma judicial“.
Piña es la cabeza tanto de la Corte como del Consejo de la Judicatura Federal -el órgano a cargo de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial-, este último también mencionado en la reforma porque se pretende desintegrar para dar espacio a dos órganos nuevos: el de administración judicial (que se encargaría de la administración) y el Tribunal de Disciplina Judicial (quien observaría que el personal del PJ actuara con rectitud).
De los 11 ministros de la Corte que participaron en el primer foro de la reforma judicial la semana pasada, sólo dos apoyaron abiertamente la elección de ministros, magistrados y jueces por el voto popular, mientras que uno planteó una salida a este asunto: una sustitución progresiva y no de tajo, de los más de mil 600 juzgadores que tendrían que ser votados.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo sugirió que la sustitución de juzgadores pudiera hacerse de manera gradual, escalonada, atendiendo a las vacantes que se van presentando, y propuso que haya colaboración y sinergia entre las personas con carrera judicial.
Al día siguiente, el autor de la reforma, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que no se opone a que el relevo de los integrantes del Poder Judicial se dé de forma gradual, aunque subrayó que ello no significaría dilatar el arranque del proceso.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, precisó que se tiene que analizar la aplicación de la reforma y aclaró que una elección de este tipo podría costar 7 mil millones de pesos, lo cual impediría que se esté llevando cabo “cada tres meses”.
Factores del descrédito
Los profesionistas formados en la carrera judicial defienden el sistema y subrayan el esfuerzo que implica ascender o lograr una nueva posición, pero también reconocen deficiencias al interior y factores externos que “ensucian” el trabajo de todo el Poder Judicial.
Luis Aguilar Virgen anota que actualmente los jueces locales sufren mayores presiones que los federales y resalta que con jun nuevo sistema la presión aumentaría en lugar de disminuir, porque cada juez tendría que responder a los intereses de quiénes lo impulsaron en primera instancia.
“El poder político estatal ejerce sobre los jueces locales una gran presión y muchas veces no les queda más que ceder y resolver los asuntos como les exigió el gobernador o algún otro funcionario. Ya se ejerce influencia sobre ellos y con esta decisión (la reforma judicial), este problema puede multiplicarse”, reconoció.
Al ser ellos el primer nivel de contacto con el público, considera que evidentemente generan una percepción distorsionada de lo que es la función judicial pero también valor que existe confusión respecto al trabajo de las fiscalías y los Ministerios Públicos, que no forman parte del Poder Judicial, pero abonan con sus fallas a la falta de justicia.
“A esa percepción de corrupción que tiene la gente hay que sumar la ignorancia, pues muchos ciudadanos ni siquiera distinguen los diferentes niveles de gobierno, ni tampoco los tres poderes en que se divide. Confunden al Poder Judicial estatal con el federal, y a los ministerios públicos con los juzgadores”, subrayó.
Como tercer factor del descrédito enumera las corruptelas de defensores, quienes aseguran tener influencia en los jueces y sobornan a los clientes con sumas millonarias, aunque no esté probado su contubernio. “Los abogados deshonestos, que incurren en malas prácticas y exprimen económicamente a sus clientes bajo pretexto de que tienen pactos con el juez manchan la institución y la labor de todos”.
Aguilar Virgen aclara que el Poder Ejecutivo y el Legislativo abonan a la mala fama del Judicial en vista de que se ha encargado de ejercer su función natural y detener acciones que vulneran el orden legal y constitucional. “Pretenden eliminar el obstáculo en que para ellos se ha convertido este tercer poder“, denuncia.
Prueba de esta pugna es que en abril pasado, el Congreso aprobó una reforma a la Ley de Amparo que prohíbe a jueces otorgar suspensiones generales a obras, políticas y posibles violaciones a derechos humanos.
Otro botón de muestra es la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, que contaban con un patrimonio total de aproximadamente 21 mil 500 millones de pesos, los cuales serán devueltos a la Tesorería de la Federación para su “uso en temas fundamentales para la nación”, sin que hasta ahora se precise en qué.
Aunque en este asunto la última palabra la tiene la Suprema Corte de Justicia, quien podría detener la medida y levantar la inconformidad del Ejecutivo.
Aguilar observa ambos escenarios como parte de una confrontación, en la que los legisladores y el propio Presidente están poniendo a prueba que tanto se puede manipular la ley o qué tan posible es filtrarse en sus vacíos, a fin de beneficiar a un bloque, un partido, un líder o un movimiento.
“Hoy, se desacredita al Poder Judicial por oponerse a leyes propuestas por el Ejecutivo y autorizadas por el legislativo, pero que son impugnadas por la propia sociedad civil, llegan al conocimiento de jueces y magistrados federales, incluso ante los ministros de la SCJN, y terminan siendo suspendidas”, anotó Aguilar Virgen.
El ABC de los ascensos
La carrera judicial por la que se designan los jueces nació de una reforma que se impulsó en los años 90, para dar mayor independencia al Poder Judicial.
Llegar a juez hoy en día puede tomar más de 10 años, tras ser aceptado en carrera judicial e ir ascendiendo, con base en en exámenes recurrentes. El nivel más alto de la carrera es el de magistrado de distrito, mientras que el más bajo es el de oficial judicial. Entre ambos hay trece puestos como Secretario de Acuerdos de Sala o Secretario Proyectista de Tribunal de Circuito.
El ascenso es progresivo, pero puede tardar años y aunque las personas interesadas participen en las convocatorias y presenten los exámenes correspondientes no hay lugar para todos y todas y la competencia es reñida.
Por ejemplo, antes de llegar a ser la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña fue secretaria proyectista, secretaria de Estudio y cuenta, jueza por oposición, jueza de distrito, magistrada de circuito y magistrada en un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
Estas son todas las categorías a través de las cuales se puede ir escalando de nivel (enumeradas de la de mayor rango o la de menor jerarquía):
I. Magistrada o Magistrado de Circuito;
II. Jueza o Juez de Distrito;
III. Secretaria o Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte o de la Sala Superior del
Tribunal Electoral;
IV. Subsecretaria o Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte o de la Sala
Superior del Tribunal Electoral;
V. Secretaria o Secretario de Estudio y Cuenta de Ministra o Ministro; Secretaria o Secretario
de Estudio y Cuenta, así como Instructor o Instructora de la Sala Superior del Tribunal
Electoral;
VI. Secretario o Secretaria de Acuerdos de Sala;
VII. Subsecretaria o Subsecretario de Acuerdos de Sala;
VIII. Secretaria o Secretario de Tribunal de Circuito; Secretario o Secretaria de Estudio y Cuenta
de las Salas Regionales del Tribunal Electoral;
IX. Asistente de constancias y registro de tribunal de alzada;
X. Secretario o Secretaria Proyectista de Tribunal de Circuito;
XI. Secretario o Secretaria de Juzgado de Distrito;
XII. Asistente de constancias y registro de Juez de control o Juez de enjuiciamiento; así como
los Secretarios o Secretarias instructores, de constancias, de audiencias, de acuerdos, de
diligencias y de instrucción de los juzgados laborales;
XIII. Secretaria o Secretario Proyectista de Juzgado de Distrito;
XIV. Actuaria o Actuario del Poder Judicial de la Federación, y
XV. Oficial judicial.
Sin embargo, la propuesta presidencial establece requisitos mínimos para ser juez por voto popular y en ninguna parte se habla de la carrera judicial como se le conoce actualmente.
El actuario Carlos Riveros Terán agregó que este esquema facilitaría la selección de jueces que se deban a funcionarios (que los postularon para ser electos), y pide considerar que el margen de maniobra no va a existir o se puede ver comprometido.
“Sí hay temor de ya no tener la certeza de que quien nos lidere sea una persona que escaló mediante el camino dispuesto y que experimentó haber estado como base trabajadora (carrera judicial); por otra parte, seguramente habrá compromisos de políticos que interfieran y predominará la incertidumbre de que conforme entre un nuevo titular vaya a querer meter una plantilla nueva que vaya a reemplazar a todos los que estamos”, enlistó.
Riveros Terán anotó además las altas cargas de trabajo que tienen y que podrían verse afectadas por la inclusión de juzgadores que no resuelvan con la misma celeridad.
Luis Aguilar Virgen dice que su motivación profesional es llegar a ser juez y luego magistrado, por lo que evaluaría si participa o no en las elecciones de estos cargos; aunque reconoció que no le entusiasma mucho esta idea.
“Ser juez por elección popular no llama tanto mi atención. Pienso que ese sistema de nombramientos, basado solamente en la percepción lograda en una campaña, no necesariamente resultará en las mejores personas para el puesto. Presiento también que esos jueces y magistrados quedarán mayormente expuestos a la influencia de los otros poderes y de agentes externos, todos con agendas personales o en representación de intereses ajenos a la verdadera impartición de justicia.
“La sola idea de jueces por elección popular da al traste con esa carrera judicial, pues cualquier persona podría postularse y llegar a ser juez o magistrado, sin méritos y (sobre todo) sin conocimientos, ni amor a la camiseta”, criticó Luis Aguilar.
Lo que viene para este tercer poder en México comenzará a dilucidarse en septiembre, cuando se dé la discusión en ambas Cámaras del Congreso.
Aún hay un dique de contención para frenar la reforma judicial; sin embargo, no está claro sí podrá sostenerse conforme avancen los meses, porque Morena no tiene mayoría calificada en el Senado, pero estaría a solo tres senadores de lograrlo.
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