Los estudiantes salen de nuevo a las calles de Chile
Manifestantes se enfrentan a la policía en el marco de la conmemoración del tercer aniversario del estallido social de 2019 en Chile, el 18 de octubre. Foto: José Veas/NurPhoto/Rex/Shutterstock

En medio de una lluvia de escombros y ráfagas procedentes de los camiones lanza agua de la policía, los estudiantes de preparatoria de Santiago están coordinando una nueva ola de protestas en las calles de la capital de Chile.

Cuando los jóvenes salen de las escuelas preparatorias públicas de la ciudad, las enormes camionetas blancas de la policía se acercan a ellos, con sus flancos abollados y salpicados de pintura, mientras las piedras chocan contra las rejillas de sus parabrisas.

Los manifestantes encapuchados de negro golpean las furgonetas de la policía antidisturbios con palos o lanzan bombas molotov contra los autobuses públicos secuestrados, antes de dispersarse en todas las direcciones mientras los camiones lanzan chorros de agua sobre el pavimento cubierto de escombros.

Desde que el movimiento progresista chileno se vio mermado por la aplastante derrota del proyecto de una nueva Constitución en septiembre, los estudiantes de preparatoria han salido a la calle para reavivar sus demandas.

Las semanas transcurridas desde el plebiscito del 4 de septiembre, en el que el 62% de los votantes rechazó la constitución, se han caracterizado por marchas estudiantiles, ataques incendiarios y protestas en los andenes del metro.

Los políticos chilenos han sido incapaces de llegar a algún consenso significativo respecto a un nuevo proceso constitucional, y las arduas negociaciones han frustrado a quienes tenían la esperanza de que hubiera un cambio más drástico.

“Las demandas que tenemos ahora son las mismas que cuando comenzaron las protestas en 2019”, señaló Camila Navarro, de 18 años, una estudiante activista de Quinta Normal, un barrio del centro de la ciudad.

“Queremos una mejor atención médica y una mejor educación, y queremos combatir la desigualdad. Nuestras demandas no han cambiado por una simple razón: no han sido atendidas ni remotamente”.

La reciente ola de agitación política en Chile fue desencadenada por un grupo de estudiantes de preparatoria, que en octubre de 2019 brincaron los torniquetes del metro para protestar por el aumento de las tarifas, proporcionando la chispa para meses de manifestaciones masivas, una nueva ola de políticos progresistas y la decisión de reemplazar la constitución del país que data de la época de Pinochet.

Sin embargo, la nueva carta redactada en el proceso constitucional que se prolongó durante un año resultó ser demasiado radical para los votantes.

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FOTO: Los manifestantes son rociados con camiones lanza agua durante los enfrentamientos con la policía antidisturbios en el tercer aniversario de un levantamiento social contra el aumento de los precios de los servicios públicos, alrededor de la Plaza Baquedano en Santiago. Foto: Martin Bernetti/AFP/Getty Images.

Ahora, después de dos años de restricciones impuestas por la pandemia y clases en línea, la misma generación de estudiantes que encendió la mecha en primer lugar ha salido a las calles para descubrir que poco ha cambiado.

Y muchos se sienten frustrados por la falta de progreso.

En las últimas protestas, los estudiantes hablaron sobre la presencia de ratas en los edificios, el deterioro de las infraestructuras y la escasez de personal.

Algunos despotricaron contra el modelo educativo semiprivado de Chile, en el que más de la mitad de los estudiantes asisten a escuelas privadas financiadas con vales. Otros criticaron lo que consideran como ideales sexistas y católicos que dominan su educación; o pidieron opciones veganas en los menús de las comidas.

En octubre, un pequeño número de manifestantes encapuchados salieron de una preparatoria del centro de la ciudad e incendiaron un autobús público, siendo el último de una serie de ataques incendiarios. Posteriormente, cuatro soldados y varios manifestantes resultaron heridos en un aparente ataque contra un cuartel cercano a la escuela.

El regreso a clases ha sido una experiencia escabrosa para algunos. Según las estadísticas recopiladas por el Ministerio de Educación de Chile, la inasistencia en todo el sistema educativo ha sido un 98% más alta en 2022 que en 2019.

“Estas protestas son diferentes a las típicas manifestaciones estudiantiles, son mucho más viscerales y anárquicas”, comentó Sofía Donoso, profesora auxiliar de sociología de la Universidad de Chile.

“La tendencia actual entre los manifestantes va en contra de los partidos políticos, lo cual dificulta su canalización, sin embargo, estos movimientos estudiantiles han moldeado la política chilena en los últimos años”.

Las personas que actualmente salen a la calle son las últimas de un largo linaje de manifestantes estudiantiles en Chile: en 2001, las protestas del mochilazo hicieron que los estudiantes de secundaria se movilizaran y salieran a la calle, antes de la “revolución de los pingüinos” de 2006 –llamada así por los uniformes blancos y negros de los estudiantes–, que tenía como objetivo el sistema educativo privatizado de la época de Pinochet.

Desde entonces, los líderes estudiantiles se convierten con frecuencia en políticos partidistas, y varios miembros de la generación de los pingüinos desempeñan cargos públicos junto con el presidente de Chile, Gabriel Boric, de 36 años, y sus contemporáneos que provienen de las huelgas universitarias de 2011.

No obstante, las últimas protestas han tenido dificultades para conseguir un apoyo más general, ya que los estudiantes se encuentran atrapados entre las promesas no cumplidas y el agotamiento colectivo de la población tras tres turbulentos años de disturbios, restricciones por la pandemia y votaciones (dos plebiscitos constitucionales, primarias, dos vueltas de unas elecciones generales y una votación para elegir a los delegados que forman parte de la asamblea constituyente).

Boric, que fue líder de las protestas en su época universitaria, ha reiterado su apoyo a que se lleve a cabo un nuevo proceso constitucional, pero dispone de poco capital político al cual recurrir tras la derrota de la propuesta de constitución.

Y su experiencia en movimientos sociales ha incrementado el escrutinio sobre la gestión gubernamental de la última ola de protestas estudiantiles.

“Somos un gobierno abierto al diálogo, pero hemos condenado reiteradamente la violencia”, señaló Marco Antonio Ávila, ministro de Educación de Chile.

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FOTO: Estudiantes se manifiestan para exigir un nuevo proceso de asamblea constituyente, en los alrededores del palacio presidencial de La Moneda en Santiago el 14 de septiembre. Foto: Martin Bernetti/AFP/Getty Images

Ávila se ha reunido con delegados estudiantiles de varias escuelas de la capital, entre ellas el Instituto Nacional, una prestigiosa preparatoria ubicada en el centro de Santiago que ha formado a 18 presidentes de Chile.

La escuela es un notorio semillero de protestas, y varias ventanas que dan a la calle están destrozadas. El borde de cemento sobre la ventana de una oficina está ennegrecido debido a un incendio provocado por los estudiantes.

Según un conserje que lleva más de 20 años trabajando en la escuela, los estudiantes se reúnen en un patio para preparar bombas molotov antes de salir a enfrentarse a la policía.

El Instituto Nacional no respondió a la solicitud para obtener sus comentarios.

Ávila puso a disposición un fondo de emergencia de 60 mil millones de pesos para reparaciones urgentes de la infraestructura de las escuelas de todo el país.

Sin embargo, los líderes estudiantiles insisten en que se debe encontrar una solución general.

“En primer lugar, necesitamos una nueva constitución”, dijo Navarro. “Las escuelas son administradas como si fueran empresas, y tenemos que poner a los estudiantes en primer lugar, no a las ganancias”.

“Ya hemos esperado demasiado tiempo. Todo lo que hemos recibido hasta ahora es represión”.

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