7 preguntas sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos

Días antes comenzó el rumor: el presidente Andrés Manuel López Obrador presentaría una iniciativa para reformar la Ley de Hidrocarburos. El objetivo, tal como ocurrió con la Ley de la Industria Eléctrica, sería fortalecer a la empresa del Estado: Petróleos Mexicanos (Pemex).

La tarde del viernes, el rumor se confirmó: el mandatario envió la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la legislación. Las razones detrás de la propuesta, según el documento, son desincentivar y castigar diversas prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, así como reordenar diversas actividades económicas en el sector con el objetivo de combatir la corrupción, garantizar el abasto, y proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado.

La-Lista consultó a especialistas en el sector energético para conocer más sobre el impacto de esta iniciativa que si bien no es preferente, prevén que el congreso le vaya a dar celeridad. Se prevé que el 7 de abril se le dé entrada y ese mismo día inicie su discusión en comisiones.

1. ¿Cuáles son los puntos más controvertidos de la iniciativa de reforma a la ley de hidrocarburos?

La propuesta se divide en tres grandes bloques. El primero es una armonización de la política de almacenamiento. La iniciativa propone establecer que los permisos que se otorguen a Pemex y a empresas privadas estén sujetos a que el interesado demuestre que cuenta con la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría de Energía (Sener). “Así como está puesto establece que, antes de que tengas un permiso, tienes que tener infraestructura de almacenamiento. Eso es una barrera de entrada muy importante“, explica Rosanety Barrios, analista independiente del sector energético.

El segundo, dice Gonzalo Monroy, director de la consultora en energía GMEC, tiene que ver con un endurecimiento a las penas relacionadas con huachicol. “Eso es muy bueno”. La propuesta para desincentivar el contrabando de combustible considera facultar a la Sener y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para revocar los permisos expedidos en los términos establecidos en la Ley de Hidrocarburos cuando los titulares cometan el delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

El tercer bloque es el más controvertido y polémico. La propuesta establece que la Sener o la CRE puedan suspender de manera temporal los permisos expedidos en los términos establecidos en la Ley de Hidrocarburos, “cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional“. Los especialistas coinciden: los términos por los que puede darse la suspensión no están definidos en ninguna ley, lo que abriría la puerta a la discrecionalidad y “cuando se lee con mayor detenimiento es incluso peor que la expropiación, porque no prevé que haya una indemnización“, destaca Monroy.

2. ¿La propuesta responde a las razones que motivaron la iniciativa?

En la exposición de motivos de la propuesta se indica que el objetivo principal es desincentivar el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos. Barrios considera que sí describe una problemática cierta, pero los cambios puestos en la ley ni resuelven la problemática y, por el contrario, complican el desarrollo del sector.

“La intención suena muy bien, que es combatir el robo, pero resulta que ninguna de las medidas puestas en esta modificación de la ley abona a combatirlo“, agrega la experta.

3. ¿Cuál será el impacto de esta iniciativa en el sector?

Guadalupe Campuzano, socia de la consultora especializada en energía EnergeA, la propuesta desincentivará el desarrollo de la infraestructura y la realización de actividades por parte de jugadores privados. “(Se trata de) meter incertidumbre y miedo”.

Monroy, por su parte, destaca que el impacto será idéntico a lo que estamos generó la iniciativa para reforma la Ley de la Industria Eléctrica. “Estaríamos hablando de poco más de 250 amparos probablemente por industria, así que estaríamos viendo una verdadera avalancha legal“, advierte.

“Aunque aquí hay un punto muy diferente de la ley de la industria eléctrica que, por la forma en que se hizo, sí se tienen que agotar los caminos legales para poder llegar justamente a un panel de controversia. Esta medida de la suspensión equivale, en la opinión de varios abogados, a una expropiación directa con lo cual se pueden activar los mecanismos de solución de controversias, todas las protecciones a las inversiones y el tratado de libre comercio de América del Norte y también el de Europa. No se tienen que esperar a agotar las medidas legales en México para activarse en otras jurisdicciones”.

4. ¿Cómo leer que la iniciativa se presente cuando hay una disputa judicial activa por la Ley de la Industria Eléctrica?

Barrios y Monroy coinciden: tiene un componente claramente político.

“Tristemente todo el tema energético está capturado por la visión política, por un discurso político –destaca Rosanety Barrios–. En el discurso político se nos dice que se está fortaleciendo a las empresas del estado y se el está rescatando del daño que se le hizo en el pasado por parte de las empresas privadas”.

El experto agrega: el timing es bastante revelador, porque es previo a la elección de junio de 2021. “Muy probablemente para esa época todavía vamos a seguir con estas disputas legales. Es muy notorio de que aún cuando el presidente tiene sus dos mayorías en el congreso está optando por una regulación secundaria, eso también es un reconocimiento implícito de la debilidad del presidente a no contar con garantías para poder pasar por una reforma constitucional, especialmente en el Senado”.

5. ¿De qué tamaño sería la batalla jurídica? ¿Similar a la de la ley eléctrica?

“Es muy posible que lo veamos, pero en un nivel incluso más alto“, responde el director de la consultora GMEC. ¿Por qué? Porque no impactará solo a empresas eléctricas del país, será un efecto contra compañías de las más grandes del mundo, como DuPont, Valero Energy, Shell y BP. “Esas sí son las grandes ligas“.

6. ¿Esta propuesta va en contra de la planteado en el T-MEC?

Para los especialistas es complicado calcularlo, pues faltan detalles por definir, por ejemplo, la definición de términos como seguridad nacional, seguridad energética y economía nacional.

“El T-MEC tiene un principio de cremallera: no puedes cerrar lo que firmaste abierto, puedes abrirlo más pero no lo puedes cerrar. Se firmó el tratado con el sector de energía abierto a la competencia, a la participación de privados, con estos cambios se bloquea la participación de la inversión privada en el sector”, dice Barrios.

7. ¿Quién deberá definir cuando hay un “peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”?

Ese es el problema, enfatizan los expertos, que no se conoce la definición que tiene el gobierno. “Uno se queda diciendo: y esto cómo carambas se va a definir, qué quiere decir eso. No se entiende, de ahí que genere toda la incertidumbre”, alega la especialista.