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Derechos Humanos

Normalistas: entre la estigmatización y la debilidad económica de sus escuelas

En Chiapas, Puebla, Michoacán… estudiantes de normales rurales han sufrido detenciones con un uso excesivo de la fuerza y una reducción presupuestal para sus escuelas.

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25 de mayo 2021. Un estudiante de Ayotzinapa protesta en apoyo a los normalistas de la escuela rural de Mactumactzá. Foto: Sáshenka Gutiérrez / EFE

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La policía estatal de Chiapas detuvo a 93 alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumactzá en la carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas el pasado 18 de mayo. En el operativo, según testimonios de los normalistas, los elementos policiacos hicieron un uso excesivo de la fuerza e, incluso, algunas mujeres relataron que fueron violentadas sexualmente.

Dos semanas después, el 1 de junio, un hecho parecido ocurrió en Puebla. La policía acudió a Casa Aguayo, sede del gobierno estatal, para desalojar y detener a 43 estudiantes que se manifestaban. De nueva cuenta, los alumnos denunciaron que los uniformados los golpearon en el operativo y las mujeres volvieron a ser víctimas de presuntas agresiones sexuales.

Casos parecidos se han registrado en la última década. Desde 2011, los medios de comunicación locales y nacionales han informado cada año de, por lo menos, un evento en el que estudiantes de normales rurales son dispersados con gases en manifestaciones, detenidos, golpeados, asesinados o desaparecidos por policías y autoridades locales.

En 2011, dos alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fallecieron tras recibir dos disparos en un operativo. En 2012, 176 normalistas de Michoacán fueron detenidos durante una protesta. En 2013, estudiantes michoacanos acusaron que la policía del estado disparó a los camiones donde viajaban al concluir una manifestación. En 2014 ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En 2015, una decena de jóvenes de Guerrero fueron capturados tras una persecución de la policía.

Y La-Lista sigue. En 2016, la policía de Michoacán detuvo a 49 normalistas en la carretera Uruapan-Zamora. En 2017 más de 230 estudiantes rurales fueron capturados en la capital de Oaxaca. En 2019, una protesta de 150 alumnos fue dispersada en Chiapas con gases lacrimógenos. Y en 2020 hubo 66 normalistas encarcelados en Michoacán por realizar una manifestación.

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Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, considera en entrevista para La-Lista que las agresiones cometidas contra los estudiantes derivan de una estigmatización. “Hoy en día es peligroso ser normalista rural porque reprimirlos no tiene un costo político”, enfatiza. “Ellos sufren una criminalización desde 1950 para acá, es una criminalización sistemática y permanente. Antes eran ‘comunistas’ o ‘rojillos’, ahora son ‘vándalos’ o ‘infiltrados’. Pero también esta criminalización ha pasado de la estigmatización a la desaparición forzada, al asesinato, al encarcelamiento”.

Las Escuelas Normales Rurales fueron creadas en 1922 con el objetivo de formar maestros que pudieran educar a los campesinos. Actualmente hay 17 instituciones de este tipo en Michoacán, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Durango, Jalisco, Morelos, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

Ángel Díaz Barriga, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que por lo regular los alumnos que asisten a estas escuelas provienen del campo y han vivido en pobreza. “Los estudiantes van descubriendo que hay explotación, que hay injusticia social, que la burguesía se beneficia de la plusvalía que se genera en la sociedad —hablo en los términos del marxismo clásico—, entonces, los estudiantes dicen ‘ataquemos eso’”, señala el experto.

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La toma de casetas y el cierre de caminos son dos formas que los estudiantes rurales han encontrado para llevar a cabo sus manifestaciones, sin embargo, Díaz Barriga considera que esto no es justificación para que las autoridades lleven a cabo detenciones violentas. En sentido contrario, el investigador de la UNAM señala que las autoridades deberían entender la formación de los jóvenes y apelar al diálogo.

Necesario, mejorar las escuelas normales

Los normalistas no solo padecen el asedio de las autoridades de forma física. En los últimos seis años también han visto que el presupuesto para sus escuelas se reduce. En 2015, el gobierno federal destinó 1,195,887,038 pesos a la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, de la que dependen las normales. Desde ese momento, el presupuesto de la dirección se fue en picada y, para este 2021, ya solo se le asignaron 170,000,000 pesos.

Esta reducción presupuestal ha ocurrido a pesar de que, el 22 de marzo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México necesitaba más maestros y por eso “se le va a dar mucha importancia a las normales, se les va a apoyar”.

Tras la detención de 93 estudiantes de Mactumactzá en Chiapas el pasado 18 de mayo, alumnos de esa institución aseveraron que el encarcelamiento de sus compañeros era un paso más para desaparecer a las normales rurales. Los jóvenes sostienen esa idea por la disminución en el presupuesto y por la repetición de las detenciones en su contra.

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“Los normalistas son estudiantes con un rango de edad de 17 a 22 años con una formación crítica hacia el país, critican el statu quo y eso incomoda al gobierno, incomoda a las clases políticas y económicas”, menciona Rosales, quien sí considera que las normales rurales están en riesgo de desaparecer.

El investigador Ángel Díaz Barriga ve un panorama distinto: considera que las normales rurales no desaparecerán, pero sí se corre el riesgo de que su estigmatización continúe. “Más bien veo riesgo a que permanezcan marginadas y que, por sus expresiones políticas, la sociedad diga: ‘Ya basta de las normales rurales’”.

Para los especialistas, la estrategia del gobierno federal debería en reforzar a las escuelas normales. En su opinión, una primera acción sería darles más recursos para que mantengan sus ciclos escolares, además de que sigan promoviendo la cultura en algunas de las zonas más marginadas.

“Lo que el Estado mexicano no ha reconocido es la vinculación cultural que tiene la normal rural con la comunidad. Las normales rurales en general están en poblaciones marginadas”, dice el investigador de la UNAM, “y eso es importante decirlo porque son el foco cultural de la comunidad, abren sus puertas una vez a la semana al público para hacer un bailable, una obra o una sesión de lectura”.

Rosales considera que en este sexenio es cuando se debería dar un mayor respaldo a las normales rurales, porque hay una coincidencia en la necesidad de apoyar a los más pobres. No obstante, esto no parece que vaya a suceder. “Ha habido intentos de varios gobiernos de cerrar las normales rurales y creo que éste está cayendo en esa tentación de dar la estocada final”.

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