La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cumple un año a la deriva y sin titular
Ciudad Juárez, Chihuahua. Madres de Muertas de Juárez rodean a Irma Monreal en el sepelio de su hija Esmeralda Herrera Monreal, una de las ocho víctimas del campo algodonero localizadas en noviembre de 2001. Foto: EFE.

En México hay más de 80,000 personas desaparecidas y no localizadas. En las últimas dos décadas por lo menos 386,000 mujeres y hombres han sido asesinados. Desde el 2015 ha habido 5,122 casos de feminicidio. En los primeros cuatro meses del 2021 hubo un aumento del 19% en las carpetas de investigación por violencia familiar.

El panorama es desolador y a pesar de esto la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), institución encargada de atedender a quienes sufrieron alguna violación a sus derechos humanos, ha estado a la deriva un año, sin un titular que coordine sus acciones.

El 24 de junio del 2020, luego de criticar que la política de austeridad del gobierno federal ponía en riesgo el funcionamiento de la CEAV, la abogada Mara Gómez Pérez presentó su renuncia a la dirección de la dependencia.

Desde ese momento, el Senado de la República no ha nombrado al sucesor de Mara Gómez. Y quien había quedado como encargado temporal de la comisión, Carlos Andrés Vázquez Murillo, también renunció el 4 de enero del 2021.

El pasado mes de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una terna de candidatos a la Cámara Alta para que los senadores eligieran al nuevo comisionado, sin embargo, el periodo de sesiones se agotó sin que los legisladores hicieran el nombramiento. Ahora, los senadores retomarán sus actividades hasta septiembre: la CEAV tendrá que esperar al menos otros tres meses para la designación de su encargado.

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La comisión fue creada en el 2014 y desde esa fecha ha sido criticada por el poco personal con el que cuenta —de acuerdo con la página Nómina Transparente tiene 400 trabajadores para todo el país— y la lentitud con la que atiende a las víctimas. La ausencia de un encargado por un año es un nuevo problema que la comisión enfrenta.

“La CEAV es una institución sumamente importante, pero no se le da la importancia que tiene”, señala Leticia Hidalgo, integrante de la Asamblea Consultiva de la institución. “Cada año nos sumamos miles de víctimas en este país y afortunados nosotros de tener la comisión, pero desafortunados de que en realidad no está funcionando”.

Según documentos obtenidos por la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), hasta abril del 2021 había 41,617 víctimas que se habían acercado a la CEAV para solicitar una reparación del daño. Esta consiste en una compensación económica y apoyos para acceder a servicios de salud, alimentación y vivienda.

Un problema que la comisión tuvo durante este último año fue la disminución de los recursos destinados a la atención de las víctimas, por lo menos en lo correspondiente a la salud. El 19 de mayo, La-Lista publicó que la CEAV redujo en 80% los gastos en este rubro. De haber invertido 8,316,378 pesos en 2019 para atender la salud de las personas, en el 2020 bajó el presupuesto a 1,598,577 pesos.

“En México no hay una prioridad para la atención de las víctimas y, de hecho, nosotros tememos que la CEAV desaparezca por todos los cambios que ha tenido en el último año”, dice Delia Quiroga, quien instaló un plantón en las oficinas de la comisión entre el 17 de febrero del 2020 y el 2 de enero del 2021 porque no le habían reparado el daño por la desaparición de su hermano Roberto Quiroga, registrada en Reynosa, Tamaulipas, en 2012.

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La-Lista solicitó una entrevista a la CEAV por medio de su área de comunicación social para conocer cómo ha operado durante el último año, pero hasta la publicación de este texto no se obtuvo respuesta.

Un cúmulo de problemas

La CEAV no ha atravesado un año sencillo. Además de quedarse sin su titular desde mediados de 2020, la Cámara de Diputados también decidió desaparecer el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), del cual la comisión tomaba recursos para reparar el daño a las víctimas.

Los diputados aprobaron desaparecer el FAARI junto con otros 108 fideicomisos para destinar sus recursos a la compra de insumos para atender el Covid-19. La medida fue criticada por organizaciones sociales y familiares de víctimas, pero esto no fue suficiente para frenar la decisión de los legisladores.

Para los familiares de víctimas, la decisión de desaparecer el FAARI, así como el hecho de que la comisión haya estado un año sin un titular, contradice la promesa del presidente López Obrador de que las víctimas serían su prioridad.

“Este gobierno nos ha quedado mucho a deber, la mayoría de las personas que se han acercado a la CEAV tenían bastantes expectativas de esta administración, había bastante confianza y lamentablemente esta confianza se quedó en el discurso”, cuestiona Leticia Hidalgo.

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La molestia de los ciudadanos hacia la CEAV se hizo manifiesta en las calles. En el último año hubo dos plantones donde se exigió una mejor atención de parte del gobierno. El primero fue el establecido por Delia Quiroga en las oficinas de la comisión, el segundo fue uno de familiares de víctimas de desaparición afuera de Palacio Nacional en la Ciudad de México.

Ambos plantones fueron atendidos directamente por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien –el mismo día que se hizo oficial la renuncia de Mara Gómez– reconoció en una reunión con funcionarios que la comisión enfrenta otro gran problema: cientos de demandas millonarias por parte de personas que no quedaron conformes con la reparación del daño que la CEAV les proporcionó.

En total, hasta el 24 de junio del 2020, la comisión enfrentaba 453 juicios de amparo donde las víctimas exigían un pago por más de mil millones de pesos, según quedó asentado en el acta de la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de la CEAV del año pasado.

Para atender todos estos problemas, el presidente López Obrador propuso al Senado como candidatas a dirigir la CEAV a las abogadas Martha Yuriria Rodríguez Estrada y Claudia Lilia Cruz Santiago, así como al abogado Luis Fernando Rosas Ramírez.

En esta ocasión, a diferencia de procesos anteriores, los tres aspirantes fueron evaluados por la Asamblea Consultiva de la comisión que está conformada por defensores de derechos humanos. Los expertos avalaron el perfil de los candidatos, a la espera de que alguno de ellos pueda mejorar la atención de víctimas en México.

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