El 98% de los casos de trata no fue sancionado en México desde el 2012
Ilustración: La-Lista.

La estrategia del gobierno federal para erradicar la trata de personas en México no dio resultados positivos en los primeros ocho años en los que estuvo activa, según reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Dos informes dan cuenta de las fallas del plan antitrata que ha estado a cargo de dos administraciones, la del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y la de Andrés Manuel López Obrador (desde 2018).

En la auditoría de evaluación 2020-0-49100-17-1518-2021, publicada el 20 de febreo, la ASF señala que entre el 2012 y 2020 la Fiscalía General de la República (FGR) inició mil 242 investigaciones por el delito de trata de personas, pero solo en 111 casos obtuvo una vinculación a proceso y en 23, una sentencia.

La trata de personas se presenta en distintas modalidades: puede ser con fines de explotación sexual, laboral e incluso también podría estar presente en los matrimonios forzados.

La FGR arrastra una impunidad del 98% en sus indagatorias sobre este crimen, un problema que se suma a la falta de información sobre cuántas víctimas hay en México y si éstas han tenido algún tipo de atención por parte del Estado.

“El grupo evaluador considera que, de mantenerse el diseño e instrumentación de la Política Pública contra la Trata de Personas, bajo las condiciones actuales, se dificultará la identificación de la población susceptible de recibir atención por parte del Estado y, respecto de la atendida, que se conozca el efecto de las medidas implementadas en su beneficio, en términos del acceso a la justicia y del restablecimiento de su proyecto de vida”, concluyó la ASF en su informe.

En 2019 el órgano auditor ya había alertado sobre las falencias de la política antitrata que tiene su origen en el 2012, con la publicación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

En aquel momento la ASF cuestionó la labor de la comisión especial encargada de guiar el plan del gobierno contra la trata de personas. En ese grupo de trabajo interactúan nueve secretarías de Estado, la FGR, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y dependencias especializadas en derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. 

“La operación de la Comisión Intersecretarial y la participación de sus integrantes fue sólo una simulación, ya que no abonó a que el Estado Mexicano dispusiera de una política nacional que gobernara de manera coordinada la prevención, atención y procuración de justicia en materia de trata de personas”, informó la ASF en 2019 en su auditoría de evaluación 2018-1-47AYJ-07-0302-2019.

El 23 de julio de ese mismo año, unos meses después de haber iniciado el actual sexenio, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dijo que existía el compromiso del gobierno federal para avanzar en el combate a la trata, aunque los datos expuestos por la ASF apuntan a que los problemas en la estrategia persisten.

Falta de coordinación contra la trata de personas

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que el año pasado hubo 744 víctimas de trata de personas en el pais, lo que representa un aumento de 10% respecto al 2020.

El SESNSP no da más detalles sobre el perfil de las víctimas, pero en 2019 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que, a nivel nacional, había 5 mil 245 víctimas de este crimen. Las mujeres y las niñas representaron el 85% de las personas afectadas, según un análisis de datos de junio de 2012 a julio de 2017..

El organismo nacional también indicó que siete de cada diez víctimas de trata eran personas adultas y la explotación sexual era la principal modalidad de este crimen, por delante de la explotación laboral.

Especialistas en la materia cuestionaron que, pese a este número elevado de víctimas, la FGR, el gobierno federal, las autoridades estatales y municipales no han sabido prevenir este crimen y tampoco sancionar a quienes lo cometen.

El problema de la trata de personas sigue siendo muy serio en México”, destaca Mario Uribe, académico de la Universidad Panamericana. “Desgraciadamente el Estado mexicano en su conjunto no ha logrado articular las políticas públicas necesarias para prevenir la comisión de este delito y la persecución también ha sido deficiente”.

Uribe, quien es representante de la academia en la Comisión Intersecretarial contra la trata de personas del gobierno federal, consideró que la estrategia de las autoridades ha fallado porque atacan este delito cuando una víctima ya está siendo explotada, pero no se pone atención al momento en que es captada o trasladada de un punto a otro por un grupo delictivo.

“Esto genera un problema porque ya estás atacando un problema cristalizado en lugar de atacarlo en una etapa primaria que podría ser más eficaz”, opinó el especialista.

Una muestra de la lentitud de las autoridades para atender este delito, exponen los expertos consultados por La-Lista, es que la Comisión Intersecretarial no ha publicado su Programa Nacional contra la trata correspondiente al periodo 2018-2024, el cual debería ser una hoja de ruta durante este sexenio.

La trata de personas “es un tema que no ha sido prioritatio para el Estado mexicano”, asevera Uribe. “El problema de que no haya un programa nacional es que no hay una actuación coordinada y entonces cada dependencia del gobierno federal toma las acciones que considera pertinentes, pero sin una coordinación.  Es como tratar de tocar una sinfonía sin que tengamos las partes todos”.

Focos rojos y modus operandi

En su informe, la ASF cuestionó que en México no hay una cifra confiable sobre la cantidad de personas afectadas por este delito. El órgano auditor lamentó que el SESNSP tiene un número, la CNDH tiene otro y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tampoco concuerda en la cifra.

Esto hace imposible saber dónde ocurre con más frecuencia este delito. Los expertos entrevistados identificaron algunos focos rojos, dependiendo el tipo de trata de personas.

La trata de personas relativa a explotación laboral es identificada por los expertos en la región sur-sureste del país, en estados como Chiapas o Guerrero, donde las personas son trasladadas al norte, en Baja California, Baja California Sur, Sonora o Sinaloa para trabajar principalmente en campos de cultivo y tiendas de raya.

En el ámbito de la explotación sexual, los especialistas consideraron que todo el territorio nacional es un foco rojo, pero el problema se concentra especialmente en las fronteras norte y sur, las grandes ciudades y los destinos turísticos con playa.

Alicia Mesa Bribiesca, directora ejecutiva del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, señaló que el modus operandi de las bandas delictivas sigue siendo el enamoramiento y el secuestro.

“Secuestran o enamoran a chavitas de Puebla, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, en fin, de distintos estados, las enganchan y luego las ponen a trabajar la mayor parte de las veces con fines de explotación sexual”, señala la experta, quien también forma parte de la Comisión Intersecretarial contra la trata de personas.

Para Mesa Bribiesca “el delito de trata de personas no está realmente perseguido porque hay mucha corrupción. Aquí en la Ciudad de México en la Merced hay muchas víctimas de trata y no pasa nada, no hay muchos operativos para identificar este delito”.

Sobre este tema, la ASF concluyó que los operativos de la FGR y la Guardia Nacional en torno a este delito son reactivos, es decir, actúan una vez que ya se cometió el delito y no hay información sobre las acciones realizadas en el tema de la prevención y persecución del crimen.

No se le está prestando la atención que merecería el tema, esa sería la gran conclusión. No se le está prestando atención a nivel federal, a nivel estatal y menos a nivel municipal y ese es un problema gravísimo porque la trata sigue”, menciona Mesa Bribiesca.

Para denunciar el posible delito de trata o cualquier otro, puede llamar al 088, número de emergencias de Guardia Nacional.

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