Traslados penitenciarios: un plan que rompe los vínculos familiares de miles de internos

Rocío lleva más de siete meses sin poder ver a su familia. Cuando estaba encerrada en una cárcel de Ciudad Obregón, Sonora, sus seres queridos la podían visitar cada fin de semana o cada 15 días. En septiembre de 2022, fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social 16 (CEFERESO 16 de Morelos), a más de mil 600 kilómetros de distancia. Un lugar al que difícilmente pueden llegar su papá, su mamá y su hermana.

“Tenerla cerca era una gran ayuda para nosotros. Ahora que la trasladaron tan lejos se nos dificulta verla por las posibilidades económicas que tenemos”, lamenta Claudia, hermana de Rocío y habitante del estado de Sonora.

Rocío ha sido afectada por una estrategia del gobierno para trasladar a internos e internas de reclusorios estatales a federales, sin importar que sean alejados de sus familias y de su lugar de origen. Durante el actual sexenio, entre 2019 y 2023, más de diez mil personas han sido trasladadas de cárceles estatales a federales. 

Según las autoridades, esta estrategia tiene el objetivo de disminuir la población en algunas cárceles y garantizar su “gobernabilidad”, así como tener una mayor vigilancia de personas consideradas de “alta peligrosidad”. En contraparte, organizaciones sociales y algunas familias acusan que durante la aplicación de esta política se violan los derechos humanos de los internos y de las internas.

La cárcel estatal de Ciudad Obregón es una de las peor evaluadas en materia de seguridad del estado de Sonora, pero la familia de Rocío descarta que ella sea una persona de alta peligrosidad. Su familia asegura que está en prisión solo por haber tenido una relación con un hombre acusado de secuestro.

“Ella no participaba en los delitos, estaba con él en el momento inapropiado en el que lo detuvieron y, como Rocío era su pareja sentimental, se la llevaron también”, dice Claudia.

La Fiscalía de Sonora acusó a Rocío de participar en dos secuestros, pero solo logró una sentencia de 45 años por uno de estos casos. Las autoridades no encontraron evidencia de su participación en la otra privación de la libertad y tampoco hubo pruebas en su contra por delincuencia organizada, otro crimen del cual fue acusada.

La familia de Rocío interpuso un amparo en contra de la sentencia de 45 años de prisión, con la confianza de que es inocente. Esta batalla legal se lleva a cabo mientras la joven de 39 años se encuentra en el CEFERESO 16 de Morelos, donde ha sido aislada de su familia y no recibe atención médica para su asma bronquial y tiroides.

La familia de Rocío, quien lleva nueve años encarcelada, invertía 20 pesos por persona cada vez que la querían visitar en el reclusorio de Ciudad Obregón. Demoraban 30 minutos en trasladarse a la prisión y estaban con ella todo el día.

Ahora todo es distinto. La última vez que la mamá y la hermana de Rocío la visitaron en el CEFERESO 16 en diciembre de 2022, ambas gastaron entre 10 mil y 12 mil pesos en volar primero a la Ciudad de México y luego tomar un camión a Morelos, más hospedaje. Además del largo trayecto, Claudia critica que al llegar a la prisión federal de Morelos los guardias de seguridad las hicieron esperar cinco horas hasta permitirles ver a Rocío.

La familia de Rocío también tramitó un recurso legal para impugnar su traslado de Ciudad Obregón a Morelos, pues aseguran que este movimiento se hizo de forma irregular. La joven fue engañada por personal de la cárcel estatal que la mandó llamar al servicio médico para una revisión extraordinaria. Sin embargo, asegura que cuando iba de camino al médico fue retenida por guardias de seguridad que la golpearon y la sacaron de esa prisión a la fuerza. En ese momento nadie le dijo a dónde iba a ser enviada y su familia tampoco recibió información al respecto.

Luego de esta experiencia, Claudia cuestiona esta política de traslados entre reclusorios. “A mí se me hace una política muy tonta del gobierno porque las mujeres que más participaban, las que más buena conducta tenían, son a las que trasladaron a Morelos y a las que realmente son más peligrosas las dejaron en Ciudad Obregón”.

Violaciones a derechos humanos por traslados

El 3 de enero de 2023, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, informó que autoridades de 30 estados de la República solicitaron el apoyo del gobierno federal para realizar traslados penitenciarios.

Esta política de traslados entre reclusorios ha sido señalada como violatoria de derechos humanos por parte de organizaciones sociales. CEA Justicia Social y Documenta AC, dos asociaciones civiles, coinciden en varias irregularidades, por ejemplo, la mayoría de estos movimientos se hacen en contra de la voluntad de las personas privadas de la libertad, no se les informa ni a los internos ni a sus familias el lugar al que serán enviados y los reclusos son aislados de sus seres queridos y de sus abogados para que no puedan tramitar ningún recurso legal para defenderse.

Ángela Guerrero, directora de CEA Justicia Social, critica que el gobierno haga traslados de reclusorios estatales a federales para mantener la “gobernabilidad” de las prisiones. La experta dice que algunas personas que han sido cambiadas de un reclusorio a otro son las que exigen sus derechos y piden mejores condiciones de vida en estos lugares.

“Para este gobierno ‘gobernabilidad’ no solo significa que no tengas gente de un cártel del narcotráfico en un centro penitenciario, también significa que, aunque haya condiciones indignas, la población dentro de los centros no exija derechos, no exija mejores servicios y no genere ruido por esto”, cuestiona Guerrero. 

CEA Justicia Social le ha dado seguimiento a 14 casos de mujeres trasladadas de diferentes prisiones del país al CEFERESO 16 de Morelos y en todos se registraron abusos en contra de las internas y en contra de sus familias, que no se enteraron en tiempo real de este movimiento.

De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias pueden llevar a cabo un traslado cuando una persona está acusada de delincuencia organizada o necesita medidas especiales de seguridad; en caso de que haya un riesgo para la integridad y salud de dicha persona, o si esta persona pone en riesgo la seguridad y la gobernabilidad del centro penitenciario.

Aunque la ley establece esto, María Ana del Valle Ojeda, coordinadora del Área de Interacción Comunitaria de CEA Justicia Social, señala que los traslados masivos en reclusorios en ese sexenio se han realizado de forma arbitraria y sin cumplir con la ley. 

“Se está haciendo un abuso de los traslados. Desde esta lógica de la gobernabilidad y la seguridad de los centros, se está trasladando a mujeres que no necesariamente puede justificarse que sean de un perfil de peligrosidad o que ponen en riesgo la seguridad de otras internas”, comenta del Valle Ojeda.

Algunas personas que son trasladadas tampoco cumplen con el requisito de estar en prisión por delincuencia organizada. Los datos oficiales muestran que dos terceras partes de los internos y las internas que han sido enviadas a cárceles federales están ahí por delitos contra la libertad y la integridad corporal.

Datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) también muestran que, entre mayo 2016 y mayo 2023, la cantidad de personas encerradas en prisiones federales por delitos del fuero común ha crecido 165%, al pasar de 2 mil 974 a 7 mil 901.

Nayomi Aoyama, coordinadora del Programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social en la organización Documenta AC, añade que los traslados de cárceles estatales a federales se hacen de forma repentina y suelen ser utilizados como un castigo para quienes exigen sus derechos dentro de prisión, o simplemente estos movimientos se usan como una amenaza para infundir terror entre la población penitenciaria.

“Estos traslados se vuelven una suerte de castigo por ciertas conductas de las personas privadas de su libertad: las desarraigan, las alejan de su familia, de sus abogados y de su proceso penal”, señala Aoyama.

La experta de Documenta AC agrega que los movimientos de cárceles estatales también han sido hacia ocho cárceles federales que están bajo control de empresas privadas y que en años pasados tenían una baja población penitenciaria, a pesar de que el gobierno le paga la misma cantidad de dinero a las compañías por resguardar a 10 o 100 personas privadas de su libertad.

“El gobierno ha tenido esta práctica de poblar estos centros penitenciarios federales por el gasto que implica y por utilizar los servicios que están dando las empresas privadas”, explica Aoyama sobre la política de traslados.

El rompimiento de la relación familiar

Los daños para las personas privadas de la libertad y sus familias no solo se dan cuando son trasladadas de una cárcel estatal a otra federal, esto ocurre por igual cuando un interno o una interna son enviadas a prisiones locales en diferentes municipios de su estado.

Así lo vivió Viviana, una mujer que se dedicaba a vender casas en remate bancario. Su familia relata que ella fue acusada por el delito de fraude por un funcionario del gobierno estatal de Coahuila. En marzo de 2020, ella fue ingresada al reclusorio estatal de Saltillo bajo la figura de prisión preventiva oficiosa y, meses después, fue enviada a la cárcel estatal de Piedras Negras.

Sara, la esposa de Viviana, comparte que no le fue notificado a dónde iban a enviar a su pareja, sino que ella se puso en contacto desde Piedras Negras días después. Luego, recurrió a un abogado para interponer un amparo en contra del traslado de reclusorio y así consiguieron que Viviana fuera regresada a Saltillo seis meses después.

Cuando cuestionó a las autoridades del centro penitenciario, estas solo dijeron a Sara que su esposa había sido trasladada porque ponía en riesgo la seguridad de la cárcel de Saltillo. Incluso los funcionarios le dijeron que había reportes y fichas por el supuesto mal comportamiento de la joven.

“Cuando estuvo en Piedras Negras sí fue muy difícil la situación para nosotras porque la tenían en una celda aislada, sin luz, sin ventanas. Solamente una vez al día a la semana la sacaban para poder hablarnos y por la distancia no la podíamos ver”, indica Sara.

Debido a que no tenía dinero, durante los seis meses que Viviana estuvo en Piedras Negras, a 434 kilómetros de Saltillo, Sara solo la pudo ver en dos ocasiones. Ella aprovechó dos veces que su abogado manejó hasta Piedras Negras para hacer trámites del proceso penal. 

En ambas ocasiones, Viviana solo pudo ver a su esposa menos de una hora porque su abogado solo iba de entrada por salida al lugar. “No me podía perder el aventón porque no tenía dinero para ir yo sola”, comenta Sara.

Ella, al igual que otras familias y las organizaciones sociales, rechaza la política de traslados de personas privadas de la libertad, ya que provoca un rompimiento de los lazos familiares. “Yo pienso que estos traslados son parte de las injusticias y del abuso de poder por parte de las autoridades”, concluye Sara.