La nueva estadística de personas desaparecidas ‘minimiza’ el problema: expertos

Activistas y especialistas en derechos humanos criticaron que las nuevas cifras de personas desaparecidas del gobierno federal, en las que solo se reconoce al 10% de las víctimas que hay en el país, son un intento de “minimizar” el problema y dar la apariencia de que sí se está atendiendo el tema.

Este jueves 14 de diciembre la Secretaría de Gobernación (Segob) presentó una nueva estadística de personas desaparecidas. A diferencia de las más 110 mil víctimas que se reportan en el Registro Nacional de la Comisión Nacional de Búsqueda, en esta ocasión las autoridades informaron que solo hay confirmación de la ausencia de 12 mil 377 personas.

Luisa María Alcalde, titular de la Segob, explicó que el gobierno federal hizo un análisis de 110 mil casos de personas desaparecidas, de las cuales 12 mil 377 siguen en esa condición; 16 mil 681 fueron localizadas; 62 mil 112 no fue posible encontrarlas porque no hay indicios suficientes para su búsqueda o identificación; y el nombre de 17 mil 843 han aparecido en bases de datos (por ejemplo del sector salud o de programas sociales), pero ha sido imposible localizarlas físicamente.

Las nuevas cifras del gobierno federal han despertado malestar entre académicos, organizaciones sociales y familiares de víctimas. Valentina Peralta, actual integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, considera que estas estadísticas son parte de “un juego de números” en el que no se debería hablar de 12 mil 377 personas desaparecidas, sino de al menos 92 mil que el gobierno no pudo localizar por diferentes factores.

“La información que presenta la Segob tiene la intención de minimizar la tragedia”, cuestiona Peralta. “Esto es inconcebible porque en los últimos cinco años se habían construido instituciones para realmente buscar personas y atender a las familias, pero pareciera que ahora hay una intención de desmontar todo esto”.

Peralta, quien también ha sido consejera en temas de desaparición en Ciudad de México, Estado de México y Morelos, hace énfasis en que el gobierno federal incumplió con la Ley General en Materia de Desaparición, ya que ahí se faculta a las comisiones de búsqueda y las fiscalías estatales para llevar a cabo la localización de víctimas, mientras que en la estrategia implementada este año se incluyó a trabajadores de Locatel y de la Secretaría de Bienestar.

“Ellos dicen que capacitaron a todos con perspectiva de derechos humanos, pero yo no sé cómo lo hicieron porque quienes tenemos tantos años en este tema, con muchas capacitaciones, sabemos muy poco”, reclama Peralta.

El nuevo informe de víctimas de desaparición del gobierno federal fue criticado desde el mes de agosto de 2023, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que estaban llevando a cabo un plan de búsqueda.

La estrategia consistió en visitar miles de casas y realizar miles de llamadas telefónicas para confirmar si las personas reportadas como desaparecidas seguían en esa situación. Las autoridades también buscaron los nombres de las víctimas en sus bases de datos de programas sociales o de vacunación de Covid-19, por ejemplo, para saber si habían tenido alguna actividad reciente.

Sin embargo, Álvaro Martos, coordinador de Investigación del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad, desestimó que el método empleado por el gobierno federal sea eficiente para encontrar a las decenas de miles de víctimas en el país. Un reflejo de esto, dijo, son las categorías que el gobierno federal utilizó para englobar a las 92 mil personas que no pudo encontrar.

“Ahora a lo que asistimos es a una multiplicación de las formas de decir que las personas están desaparecidas, sin decir que están desaparecidas. Por ejemplo, decir que se tienen indicios para la localización, pero no ha sido localizada, pues es una persona que está desaparecida. O decir que una persona está registrada como desaparecida, pero no tiene indicios para su búsqueda, pues es decir que una persona está desaparecida”, expresa Martos.

El investigador del Observatorio indica que estas categorías, a través de las cuales el gobierno ahora nombra a las víctimas de desaparición, son una forma de “maquillar la realidad” que atraviesa México.

En esto coincide Humberto Guerrero, coordinador del área de Derechos Humanos de la organización Fundar, quien también hace énfasis en el contexto político actual de México: al presidente López Obrador le queda un año de gobierno y en 2024 habrá elecciones para sustituirlo.

“Hay que insistir en que esto se da en el marco de una narrativa política de cierre de administración, queriendo dar la imagen de que se logró reducir el número de personas desaparecidas”, dice Guerrero sobre la nueva estadística de personas desaparecidas.

El experto lamentó que el gobierno federal haya presentado un nuevo informe sobre víctimas de desaparición en la conferencia de prensa matutina de López Obrador, sin que antes se haya dado la información a las familias que buscan a sus seres queridos.

“Con esto las familias quedan muy enojadas porque (el de López Obrador) pasó de ser un gobierno que afirmaba reconocer la crisis de personas desaparecidas, a ser un gobierno que está tratando de minimizar el problema”, concluye Guerrero.