La-Lista de obispos mexicanos en la mira por presunto encubrimiento a pederastas

Al menos 16 obispos y arzobispos mexicanos son señalados por su presunta complicidad y encubrimiento en casos de pederastia clerical, según una organización civil estadounidense.

Esta información fue revelada desde 2022, pero hasta este momento se desconoce por parte de las autoridades quiénes son los líderes de la Iglesia católica presuntamente implicados.

El 27 de julio de 2023, la organización civil Bishop Accountability publicó una lista de obispos y superiores religiosos mexicanos, cuyas respuestas a las acusaciones plantean dudas sobre su compromiso para poner fin a los abusos sexuales en las iglesias.

“¿Quiénes son esos obispos? ¿De qué se les acusa? ¿Se ha sancionado a alguno de ellos? El pueblo mexicano tiene derecho a conocer esta información. Instamos al papa Francisco a que demuestre su transparencia y haga pública la información relacionada con estos casos”, resaltó la organización en un comunicado.

Esta es La-Lista de obispos y arzobispos mexicanos que presuntamente encubrieron a pederastas.

El arzobispo emérito de la Arquidiócesis Primada de México está en la lista de investigados por el Vaticano por presuntamente brindar protección al obispo José Luis Fletes Santana.

De acuerdo con Bishop Accountability, cuando en 2003 Fletes Santana fue acusado de abusos sexuales contra menores de edad Norberto Rivera Carrera utilizó su influencia dentro del gobierno mexicano para protegerlo de las acusaciones y silenciar a la víctima con un acuerdo extrajudicial.

Al parecer, el cardenal prometió a la familia de la víctima que José Luis Fletes abandonaría México y no regresaría jamás. “En 2005, el cardenal no solo permitió que Fletes regresara a Ciudad de México, sino que lo nombró vicario arquidiocesano de laicos”, constató la organización.

Sin embargo, varios meses después, Fletes volvió a desaparecer de la escena pública. Hasta la fecha se desconoce su paradero actual.

Como arzobispo de Guadalajara (Jalisco), el cardenal Juan Sandoval Íñiguez es acusado de utilizar su influencia para conseguir que la pena de prisión del padre Heladio Ávila se redujera de 15 a tres años.

Ávila fue condenado en 1996 por violar a tres menores de ocho, nueve y 10 años de edad.

Bishop Accountability señaló que hay información de que el sacerdote admitió su culpabilidad en los delitos, e incluso amenazó con mandar a asesinar a los niños si lo denunciaban.

No obstante, cuando el sacerdote salió de la cárcel, el cardenal Sandoval Íñiguez le permitió reintegrarse al ministerio parroquial. 

El arzobispo emérito de San Luis Potosí es acusado de encubirir los crímenes del sacerdote Eduardo Córdova Bautista. 

En el verano de 2012, dos padres contaron al arzobispo Cabrero Romero que Córdova había violado a su hijo de 15 años de edad durante un viaje a la Ciudad de México.

Según un artículo de La Jornada publicado en 2014, el arzobispo respondió obligando a los padres a firmar una declaración jurada mediante la que se comprometían bajo juramento “ante Dios a mantener en secreto y estricta confidencialidad los delitos sexuales cometido”.

Hasta la fecha, Eduardo Córdova es prófugo de la justicia y cuenta con una ficha de búsqueda de la Interpol.

Desde la década de 1990, Eduardo Córdova fue denunciado por decenas de víctimas de pederastia, pero tres arzobispos sucesivos optaron por permitirle continuar ejerciendo el sacerdocio y no denunciarlo a la justicia. 

Uno de ellos fue Luis Morales Reyes, arzobispo de San Luis Potosí de 1999 a 2012, cuando se retiró a los 75 años de edad.

El arzobispo emérito de Antequera-Oaxaca fue presuntamente cómplice en el caso del pederasta Gerardo Silvestre Hernández, quien ahora se encuentra encarcelado.

Como sacerdote de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, Silvestre habría abusado sexualmente de más de 100 niños en siete parroquias diferentes. El exsacerdote desempeñaba sus funciones en la región de la Sierra Norte de Oaxaca, una de las más pobres de México, y muchos de los niños de los que se abusó, si no todos, pertenecían al pueblo indígena zapoteca de la región.

Las víctimas de Silvestre eran en su mayoría adolescentes varones de entre 11 y 14 años. Silvestre emborrachaba a los niños, les mostraba películas pornográficas y luego los abusaba sexualmente.

En 2009, un grupo de sacerdotes denunciaron los delitos de su compañero ante José Luis Chávez Botello, pero este lo defendió y, según Bishop Accountability, tomó represalias contra los denunciantes.

Después de que el padre Luis Esteban Zavala fue condenado por violar a una niña de 12 años en 2019, el obispo de Irapuato (Guanajuato), Enrique Díaz, supuestamente salió en defensa del sacerdote y se negó a ofrecer una reparación del daño a la víctima.

El obispo Díaz Díaz tampoco colaboró en el caso del padre Pedro Gutiérrez Farías, quien fundó albergues para abusar y torturar a niños en situación de abandono, hechos de los que hubo pruebas y testimonios.

Cuando Gutiérrez Farías falleció en 2020, el obispo Enrique Díaz emitió una declaración en la que pedía a “Dios” que le concediera “el premio de la gloria, reservado a los trabajadores de su viña”.

El obispo de Piedra Negras (Coahuila) está acusado de encubrir y proteger al padre Juan Manuel Riojas Martínez, conocido como “el padre Meño”, sentenciado en 2020 a 13 años de prisión por violación.

En 2016, dos adolescentes denunciaron al sacerdote ante el obispo Alonso Garza, quien habría intentado silenciar a las víctimas, a quienes instó a olvidar lo ocurrido y que, si así lo deseaban, contaran solo una parte de los hechos a sus padres.

A cambio, el obispo prometió suspender de sus funciones al sacerdote, pero en lugar de ello lo trasladó a otro cargo. En marzo de 2017, el obispo Garza habría intentado obligar a una de las víctimas a firmar una carta que exoneraba al obispo del delito de encubrimiento.

El menor se negó y fue cuando decidió presentar una denuncia penal. Inicialmente, “el padre Meño” fue condenado a 15 años de prisión, pero en el tribunal de apelación le redujeron dos años.

Como obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, el obispo Jonás Guerrero fue acusado de proteger al sacerdote abusador Carlos López Valdés.

En 2007, la víctima ─un joven monaguillo─ hizo públicos los abusos que sufrió por parte de Carlos López entre 1994 y 1999.

Según un artículo publicado en el diario El País, las imágenes de los abusos cometidos contra el menor se hicieron del conocimiento de Jonás Guerrero Corona años antes de que López Valdés fuera separado de su cargo.

“La única reacción del obispo fue enviar a López a Casa Damasco, un centro de rehabilitación para sacerdotes situado al sur de la Ciudad de México, ‘para atender sus problemas'”, cita Bishop Accountability.

En 2018, Carlos López, con 72 años de edad, había sido declarado culpable y condenado a más de seis décadas de prisión, pero murió en 2020 a causa del Covid-19.

Actualmente, Jonás Guerrero es obispo de la Diócesis de Culiacán (Sinaloa).

El arzobispo emérito de León (Guanajuato) está acusado de proteger al sacerdote abusador José Luis de María y Campos López, quien en 2006 fue condenado a solo seis años de prisión y a pagar una multa de apenas 25 mil pesos.

Campos López abusó de tres niños monaguillos de la parroquia Santa María de Cementos, en la Arquidiócesis de León. Cuando la madre de una de las víctimas acudió al José Guadalupe Martín Rábago, este intentó sobornarla por su silencio.

El sacerdote pederasta utilizaba amenazas contra los familiares de las víctimas y se jactaba de estar protegido por el entonces obispo Martín Rábago, quien, en efecto, reaccionó acusando públicamente a los niños de mentir sobre los abusos.

José Luis de María quedó libre en 2009, antes de cumplir su sentencia y, según Bishop Accountability, fue recibido nuevamente en la Diócesis con una misa en su honor. 

Se acusa al arzobispo de Tuxtla Gutiérrez (Chiapas) de no adoptar medidas disciplinarias contra la fundadora y exsuperiora general de una comunidad religiosa femenina que presuntamente permitió los abusos sexuales a mujeres jóvenes por parte del sacerdote Salvador Valadez Fuentes

En 2022, en un foro público sobre pederastia clerical, tres exmiembros de la congregación de las Discípulas de Jesús Buen Pastor afirmaron que le habían contado al arzobispo Fabio Martínez que su antigua superiora, Silvia López Pérez, había permitido que fueran abusadas.

Las víctimas acusaron que Silvia López había infringido en ellas “agresiones psicológicas, abuso de poder y manipulación”.

Al parecer, el arzobispo se negó a tomar medidas contra la monja debido a su avanzada edad y estado de salud.

En 1992, siendo obispo de Tuxtla Gutiérrez (Choapas), el arzobispo Felipe Aguirre fundó la congregación de las Discípulas de Jesús Buen Pastor junto con el padre Salvador Valadez Fuentes y la religiosa Silvia López Pérez. 

Las graves acusaciones contra Valadez y López Pérez plantean interrogantes sobre el papel del arzobispo Aguirre, quien nunca comentó nada sobre los hechos.

Víctimas que pertenecían a la congregación Discípulas de Jesús Buen Pastor afirmaron que la monja Silvia López Pérez había tolerado los actos inmorales del sacerdote Salvador Valadez, pese a que tuvo conocimiento de ellos desde la década de 1990.

López Pérez se jubiló en 2018. Las exmonjas han instado al arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, a que inicie un proceso canónico contra López Pérez, pero según se afirma este se ha negado a hacerlo.

Después de enterarse del presunto abuso del padre Carlos Francisco Alejo Oramas en Tabasco, el obispo Rojas lo transfirió a otra diócesis, donde supuestamente volvió a cometer agresiones sexuales.

Una víctima denunció en 2022 que siendo menor de edad ella y su hermana, Alejo Oramas abuso de ambas, aprovechando la relación sentimental que sostuvo con su mamá durante 12 años.

Aunque la víctima no denunció a Alejo Oramas ante la Iglesia, el obispo de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas López, al parecer se habría enterado de lo ocurrido antes de enero de 2022, por lo que lo trasladó a Ciudad Juárez, Chiahuahua, donde presuntamente abusó de otras dos menores.

Como arzobispo de Tijuana (Baja California), Rafel Romo Muñoz tuvo conocimiento de señalamientos, acusaciones y denuncias en contra de sus sacerdotes por acoso sexual a menores, y así les permitió continuar dentro de la Iglesia.

De acuerdo con el semanario Zeta, tres investigaciones realizadas por diferentes instancias brindaron evidencia suficiente para que el Vaticano ordenara la suspensión temporal de siete sacerdotes. Cinco fueron removidos de las parroquias que dirigían y alojados en propiedades pertenecientes a la Iglesia.

La Arquidiócesis de Tijuana confirmó en 2014 la suspensión de los padres Jeffrey David Newell, párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Encarnación en Camino Verde; Enrique Tenorio Pérez, padre de la iglesia San Martín Caballero en la colonia Las Villas y Aurelio Castillo Aguilar, presbítero de iglesia Santiago Apóstol, en la colonia Reforma.

El entonces arzobispo Rafael Romo Muñoz dijo que del sacerdote Danilo Pietro Zanini no había recibido instrucciones del Vaticano para ser suspendido, por lo que continuó al frente de una parroquia Además, negó que el párroco Carlos Castillo estuviera implicado en las investigaciones.

El obispo de Ciudad Juárez (Chihuahua), José Guadalupe Torres Campos, supuestamente tuvo conocimiento previo de las agresiones sexuales perpetradas por el padre Aristeo Baca contra una menor de edad y, a pesar de ello, permitió que este siguiera ejerciendo el ministerio sacerdotal hasta el día de su detención, en febrero de 2019.

Un agente de las fuerzas del orden declaró bajo juramento durante el juicio contra Baca en enero de 2021 que cuando el sacerdote fue detenido llamó a una monja y le pidió que se comunicara con el obispo Torres.

“Háblele al obispo, él ya está enterado”, se dijo en el juicio.

El obispo Campos también está acusado públicamente de mantener al padre Istibal Valenzuela Olivas en el ministerio parroquial activo a pesar de la acusación de que abusó sexualmente de una niña en una reunión social en 2020.

En 2004, cuando el padre Rafael Córdova Esparza, de la diócesis de San Juan de los Lagos, fue detenido por violar a un niño de 11 años con síndrome de Down, su obispo en ese momento, Javier Navarro Rodríguez, desestimó inmediatamente la acusación.

Javier Navarro Rodríguez calificó la acusación de falsa y declaró públicamente: “Estoy absolutamente convencido de que el padre Rafael Córdova es inocente de violación”.

El sacerdote fue trasladado a otra parroquia con la aprobación del arzobispo de Guadalajara, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, quien explicó que el traslado era “la opción más saludable”.