Por el bien de la democracia, los gigantes de las redes sociales deben pagar a los periódicos

John Naughton*

La noticia de que un tribunal de apelación falló a favor de la orden de la Autoridad de la Competencia de Francia para que Google negocie pagos con los editores por vincular su contenido ha provocado chilloteos de rabia predecibles de indignación en la industria tecnológica y sus comentaristas más consentidores. “Esto”, dice  Benedict Evans, el analista que regresó recientemente de una gran empresa de capital de riesgo de Silicon Valley, en su invaluable boletín semanal, “es una falacia lógica fascinante: tiene mucho sentido siempre y cuando nunca te preguntes por qué nadie más que Google los vincula y nunca preguntar por qué solo deberían ser los periódicos a los que se les paga por vincularlos”.

El único lugar donde la noticia de la decisión francesa parece haber sido recibida con entusiasmo es Australia, cuya Comisión de Competencia y del Consumidor (ACC) da los toques finales a un código de noticias obligatorio que se presentará al Parlamento antes de fin de año. Este código, como el fallo francés, obligará a Google y Facebook a negociar pagos con los editores australianos por usar su contenido.

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La industria de la tecnología, o al menos su ala del capitalismo de vigilancia, no solo está indignada por la desfachatez de los reguladores, sino también genuinamente desconcertada por ella. Para los habitantes de Silicon Valley, no tiene sentido: después de todo, consideran a las publicaciones impresas como difuntas porque el modelo de negocio que las respaldaba se ha visto socavado por la forma en que la web atrapó la mayor parte de los ingresos publicitarios. Además, ¿quién quiere leer periódicos en una era en la que la gente obtiene gran parte de sus noticias y otra información en línea? De hecho, a menudo la única razón por la que las personas conocen una noticia es porque Google ha señalado la publicación en la que apareció. Por lo tanto, concluye Evans, caracterizar la necesidad de compensación como una cuestión de derechos de autor y competencia, como lo están haciendo los franceses y los australianos, es “intelectualmente deshonesto: se trata de un impuesto dirigido a una empresa políticamente impopular para subsidiar empresas con conexiones políticas”.

De acuerdo. Pero, adentrándonos en esta mentalidad hay dos conceptos erróneos fundamentales. El primero es un determinismo implícito. El credo de Silicon Valley es la doctrina de que la tecnología impulsa a la historia y el papel de la sociedad es adaptarse a ella lo mejor que pueda. Es una narrativa impregnada de la idea de Joseph Schumpeter de que el capitalismo progresa mediante la “destrucción creativa”, un “proceso de mutación industrial que continuamente revoluciona las estructuras económicas desde dentro, destruyendo incesantemente la vieja, creando incesantemente una nueva”. Esta fue la filosofía articulada en el famoso exhorto de Mark Zuckerberg de “moverse rápido y romper cosas”.  Implícita en ella va la suposición de que el único papel de la sociedad en este viaje hacia el nirvana tecnológico es recoger los pedazos en el camino. Entonces, ¿cómo se atreven los reguladores australianos y franceses a poner obstáculos en este viaje inspirador?

El segundo defecto crítico en la narrativa tecnológica es su indiferencia hacia los requisitos de la democracia. Una de las lecciones que hemos aprendido durante un par de siglos es que las sociedades que funcionan necesitan medios libres, libres en el sentido de libertad en lugar de cerveza gratis. Yo no apoyo ciegamente a los periódicos, per se, ni a muchas organizaciones de medios convencionales, pero creo que es incuestionable que la supervivencia de la democracia liberal requiere una esfera pública en funcionamiento en la que la información circule libremente y en la que puedan investigarse irregularidades, corrupción, incompetencia e injusticias y exhibirlas al público. Una de las consecuencias del auge de las redes sociales es que cualquier esfera pública que una vez tuvimos ahora está distorsionada y contaminada al ser forzados a pasar por cuatro estrechas aberturas llamadas Google, YouTube, Facebook y Twitter. Estos servicios en los que casi todo lo que la gente ve, lee o escucha, es curado por algoritmos con el único propósito de incrementar las ganancias de sus dueños.

Uno ve los efectos de esta transformación de la esfera pública a todos los niveles, pero uno de los más inquietantes está en el declive de los periódicos locales. En muchas regiones de estados democráticos, lo que sucede en los tribunales, los concejos ciudadanos, los comités de planificación, las cámaras de comercio, las secciones sindicales, los centros comunitarios, los clubes deportivos, las iglesias y las escuelas, ahora no se informa porque los periódicos locales se han arruinado o se han reducido a la sombra de lo que llegaron a ser. Los ciudadanos de la mayoría de los pueblos y ciudades del Reino Unido ahora tienen mucha menos información sobre lo que sucede en sus localidades que sus abuelos, sin importar cuán asiduamente revisen sus cuentas de Facebook o Twitter. Y, en consecuencia, la calidad del discurso democrático local se ha visto afectada.

Por supuesto, las empresas de tecnología no son totalmente culpables de estos cambios. Pero tienen jugó un papel importante en socavar las instituciones cuyo modelo de negocio vaporizaron. Visto desde esa perspectiva, parece totalmente razonable que las sociedades deban exigir a las empresas de medios sociales que contribuyan al apoyo de las organizaciones de noticias que las democracias requieren para su funcionamiento y supervivencia. La queja del Sr. Evans de que los códigos francés y australiano representan un “impuesto” es exacta hasta donde llega.

Lo único malo es que las ganancias deben canalizarse tanto a las organizaciones de noticias locales como a los grandes grupos de periódicos y que deben estar aliadas con medidas para garantizar que Google y compañía paguen impuestos proporcionales a los ingresos que extraen de los países donde operan. En el caso de Australia, por ejemplo, Google pagó solo A 133 millones de dólares australianos con unos ingresos de 1,200 millones. Esto más bien pone en perspectiva sus quejas sobre tener que pagar cacahuetes a los editores.

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En resumen
Una tecnología de inteligencia artificial (IA) resume los trabajos de investigación en una frase. Un informe de Nature sobre tecnología fascinante que puedes probar tú mismo.

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La forma en que entrenamos a la IA es en principio defectuosa, de acuerdo con un artículo sincero de Tech Review del MIT  sobre las limitaciones del aprendizaje automático.

Esclavos del algoritmo
Una aleccionadora columna en Globe and Mail de Ron Deibert, del Citizen Lab, sostiene que la pandemia nos ha hecho depender aún más de un ecosistema tecnológico altamente invasivo.

 *El autor es profesor del entendimiento público de la tecnología en la Open University.

Traducido por Leonor Guerrero