Y no hubo toro tramposo, pero tampoco justicia oportuna

Ni magistrados héroes, ni candidatos víctimas. Nadie sale bien librado de este episodio. Ayer martes 27 de abril la decisión fue definitiva en el Tribunal Electoral, quien por fin resolvió que, Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán, no podrán registrarse como candidatos para gobernar esas entidades, su partido MORENA tendrá que postular nuevos perfiles en los próximos días. En esa misma sesión se respaldó por unanimidad la regla que diseñó el INE para acotar la sobrerrepresentación de partido mayoritario superior al 8% frente a votos obtenidos para la cámara de diputados.

Las candidaturas de Salgado y Morón, junto con esas medidas para evitar que el partido mayoritario tenga sobrerrepresentación de diputaciones federales, fueron los temas que mayor tensión política han generado entre el INE y MORENA durante las contiendas 2021. Pero nada de eso importó en el ánimo de agilizar las cosas desde la máxima instancia jurisdiccional en la materia.

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Las sentencias llegaron tarde, el instituto había sancionado con pérdida de registro, por la no entrega de informes de gasto de precampaña, tanto al guerrerense como al michoacano. Eso ocurrió desde el 25 de marzo, pero sin importar que las campañas avanzaban y avanzan, el TEPJF revisó el asunto hasta el 8 de abril y decidió no asumir su “plenitud de jurisdicción”, figura que le habría permitido resolver ese mismo día todo, bajar tensiones, quitar foco a los árbitros y dar certeza respecto que no habría candidaturas, en vez de regresar otra vez la papa caliente al INE. Optaron por lo segundo, por pedir al instituto una nueva valoración de la sanción a imponer, ahora tomando en cuenta siete criterios adicionales, con un alto grado de discrecionalidad, antes de castigar una falta ¿era necesario alargar la definición?

El INE acató el 13 de abril sin cambiar su postura original en el caso de Salgado y Morón. No debían ser candidatos acorde a esa nueva valoración y eso otra vez sería revisado por el Tribunal. El 22 de abril todo estaba listo para esa revisión, ya para votar la decisión final. Ahora sí, las sentencias iban a pronunciarse respecto a si habría o no registro para candidaturas a gobernador, pero a las 9:49 pm de ese jueves, el presidente del Tribunal, José Luis Vargas, envió un correo electrónico a sus colegas para diferir la sesión. Una maniobra burda esa posposición con las campañas en curso. Parecía motivada en ganar tiempo, abrir paso a cabildeos, recomponer un escenario de votación que ya se asomaba bastante adverso. Las y los magistrados le reprocharon en una carta, firmada por 5 de los 7, la falta de explicación, lo unilateral de esa determinación que pospuso otros cinco días el tema. El enojo de magistrados expresado en la carta fue augurio de lo que vendría, lejos de sumar votos, el magistrado presidente los perdió.

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Vargas quería a Salgado de regreso en la boleta. Nada tenía que ver su correo electrónico para la cancelación de la sesión con dar espacio a consultar libros jurídicos, tesis y jurisprudencias, con abrir espacio de reflexión para leer todas las páginas de los proyectos. El asunto era ganar tiempo y eso no es una expresión de justicia ciega sino de política que calcula el momento. En todo caso fue una maniobra política fallida.

Un oficio de la magistrada Soto enturbió aún más el ambiente, ella era ponente de la sentencia Morón y se filtró a medios ese mismo día 22 que la magistrada pidió tomar a cuenta de “vacaciones” el 23 de abril.

Entre la inexplicable posposición de la sesión y el oficio filtrado de vacación, la sesión final fue este martes. Ni una intervención, ni un  tuit, ni medio boletín o entrevista para explicar qué ocurrió con eso. El resultado aplastante, adverso a Vargas (perdió 6 a 1 en caso Salgado y 5 a 2 el de Morón).

 En su proyecto de sentencia Mónica Soto pedía regresarle el registro a Morón, con un argumento que podría resumirse así: Hubo omisión de informe de gasto, por ello se sancionó a partido y candidato, pero al partido se le consideró falta no intencional y al candidato falta dolosa o intencional.

Soto defendió que era la misma conducta y había grados de sanción distintos, disonancia entre consecuencias de la omisión para el partido y candidato. Por eso habría que devolverle registro y ordenar otra valoración de sanción a su conducta. Un tema de falla en el debido proceso era suficiente para darle registro y en todo caso multarlo por conducta culposa como al partido, pero ya no dolosa.

Salvo el solitario presidente José Luis Vargas, ningún otro magistrado se sumó a esa idea en favor de Morón, quien ante el criterio que se votaría en el caso Salgado Macedonio quedó más vulnerable, porque a juicio de varios magistrados estaba en el mismo supuesto, porque sí realizó actos de precampaña igual que Salgado. Ante ese hecho, el magistrado Felipe Fuentes argumentó que era absurdo asumir desconocimiento de actos proselitistas que él mismo realizó.

El magistrado Indalfer Infante hizo el proyecto sobre Salgado Macedonio y su postura fue clara, hubo precampaña, las faltas estaban acreditadas y eran graves.  No se entregó informe y hubo engaño al negar hasta en tres oportunidades y con versiones distintas el proceso interno, el proselitismo hecho ahí y los gastos ¿por qué no asumió eso el 8 de abril antes de perder todo el mes?

La suerte de Salgado Macedonio arrastró a Raúl Morón. No fueron faltas menores ni formalismos, porque la no entrega de informes de gasto obstaculiza la fiscalización de los dineros. El problema es que esa conclusión debió tomarla el Tribunal desde el 8 de abril y no lo hizo, estiró la liga y con eso afectó la campaña porque dejó sin definición a las candidaturas durante semanas.

Bien por la defensa al modelo de fiscalización que habría quedado viciado si se daba por bueno omitir informes, mentir y ya que estuviera por votarse la sanción simular la entrega diciendo que los gastos fueron nulos y que eso es el informe de gasto.

Pero es paradójico que la sentencia reivindica rendición de cuentas y magistrados nunca aclararon por qué se pospuso la sesión del día 22 de abril, por qué no asumieron plenitud de jurisdicción el 8 de abril si pensaban lo que dijeron ayer del caso, tampoco qué pasó con la ausencia a cuenta de vacaciones de la magistrada Soto.

El trabajo jurídico en los proyectos en el diseño de las sentencias es evidente y el fondo de la decisión tiene base legal, pero la dilación, el cálculo político entre magistrados, fue lamentable. Mal por las omisiones y engaños de candidaturas, pero también por la indefinición del Tribunal que afectó tanto tiempo las campañas y ni modo de acusarlos con… el Tribunal. No hubo toro, pero tampoco justicia con venda en los ojos y balanza mirando al cielo.

@lmcarriedo