Nuevo León: Dádivas, dinero ilegal e intervención presidencial

Está sucia sin retorno la elección por la gubernatura de Nuevo León. El foco está hoy en el candidato Adrián de la Garza (PRI-PRD), quien reparte tarjetas de cartón que simulan ser canjeables por beneficios económicos y por esa conducta es investigado por la Fiscalía electoral, a eso hay que sumarle la confesión de dinero prohibido hecha en una entrevista por el candidato Samuel García (MC), así como la promesa de más tarjetas por su parte la hoy morenista Clara Luz Flores, quien también ha hecho uso propagandístico de programas sociales federales como la vacunación contra Covid-19. De paso, está la intervención directa del presidente de la república en los comicios, quien usó su conferencia mañanera para pedir sanción específicamente contra De la Garza, pese la regla constitucional que pide a funcionarios imparcialidad y no promover ni condenar candidaturas desde el aparato público en tiempos de campaña. Así va la carrera por la gubernatura en su recta final.

Quienes ocupan los tres primeros lugares en las encuestas han mostrado vocación por la trampa y el engaño, mientras el presidente, en este caso, desprecio total por la imparcialidad gubernamental que ordena en la constitución en sus artículos 41 y 134. No hay angelitos ni víctimas indefensas en esta historia de lucha por el poder.

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El candidato puntero en el estado es García, y solo él y De la Garza (ambos opositores al gobierno federal) estarían siendo investigados por la Fiscalía acorde al comunicado oficial que difundió el 10 de mayo. García confesó en una entrevista, a mediados de abril, haber recibido financiamiento privado superior a 20 millones de pesos, algo que es totalmente ilegal. Alguien le hizo ver su error y al ser cuestionado al respecto por el periodista Carlos Loret, el 6 de mayo, el joven político, notablemente nervioso, cambió de versión por un argumento absurdo con el que asegura que sus declaraciones originales se sacaron de contexto, que se entendieron mal, que no dijo lo que dijo o que no era literal, que en realidad se habría referido, según él, a una mera intención de su familia por aportar millones de pesos privados a su campaña pero que esa mera intención al final ya no se había concretado. Así el puntero.

El segundo lugar en encuestas es De la Garza, candidato de la insólita alianza PRI-PRD y ex procurador del Estado en tiempos del polémico Rodrigo Medina (a quien no condena en sus posturas públicas pese todas las acusaciones de corrupción). El priísta enfrenta su propio Waterloo porque el presidente de la república le puso el dedo selectivo por esa inmoral entrega de tarjetas que su equipo reparte haciendo la promesa de beneficios económicos futuros, vía programas sociales, que implantaría o mejoraría en caso de ganar la elección, algo similar, casi idéntico a lo que hacen candidaturas del PAN, Morena y su aliado PVEM en esa u otras entidades (CDMX y San Luis Potosí, por ejemplo), pero que no han sido cuestionadas por nombre y apellido en Palacio Nacional ni han ameritado comunicado de la Fiscalía General que muestra su rostro de parcialidad como ocurría en las épocas del PAN y del PRI. Por alguna razón la mira presidencial está en el norte, tal vez porque se trata de una entidad donde orbitan poderes empresariales con mucha incidencia en el rumbo económico del país, dispuestos a financiar proyectos políticos que mantengan sus negocios a flote.

La práctica de repartir propaganda en forma de tarjetas ha sido avalada por el Tribunal Electoral tanto en 2017 como en 2018, por esos precedentes es que los “cartoncitos” en “forma” de tarjeta se promueven por estrategas de campaña en casi todos los partidos, aunque nadie con honestidad intelectual podría negar que es una conducta reprobable y vergonzosa, principalmente porque engaña a electores haciéndoles creer que un pedazo de cartón desprendible podría canjearse después por algún beneficio económico. Saben los partidos que entregar tarjetas reales, en donde se puedan depositar fondos, acreditarían compra de voto de manera más clara y por eso han optado por hacer esta propaganda tramposa que simula ser algo parecido a una tarjeta bancaria pero que no lo es, y así logran confundir a votantes sin riesgo de sanción, con una dádiva simulada que solo ilusiona a  quien la recibe pero que es un simple papel, cartón o plástico hueco, tarjeta indigna que se burla de la pobreza y trata de justificarse equiparándose formalmente con una inocente propaganda común y corriente, con entrega de volantes en formato pequeño, con escribir propuestas de gobierno impresas en separadores de libros, pancartas, mantas o anuncios espectaculares, como propaganda “en forma” de tarjeta que luce real pero no lo es.

Este engaño no es nuevo, se usa como estrategia de campaña precisamente por esos precedentes jurisdiccionales que han validado su uso como propaganda “legal”. Más allá de esos precedentes y las polémicas decisiones del Tribunal al respecto, hoy el tema cambia de arena, porque no se combate como sanción administrativa en el INE o si es o no un formato de propaganda, sino como un tipo penal que busca probar la Fiscalía en carpetas  de investigación en donde acreditar con diligencias la promesa de beneficio asociado al “cartoncito” es clave, aunque pero no basta con una acusación espectacular en red nacional o un el boletín de prensa para que se reconozca esa calidad de delito probado el reparto de tarjetas que prometen ser canjeables aunque no lo sean, eso es lo que se deberá probar para obtener respaldo de jueces que valoren los elementos y testimonios recabados por la fiscalía, quien invoca incluso, en su comunicado, prisión preventiva para ser aplicada en este caso concreto.

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De la Garza es quien tiene el reflector encima y no niega la entrega de esa propaganda en forma de “tarjetita”, de hecho, se aferra a defender que solo son promesas de campaña favorables a las mujeres, ofertas de gobierno y no compra de voluntades. El pragmatismo de las disputas por el poder ha normalizado esta práctica condenable moralmente y pronto sabremos si los jueces la asumen también, igual que la Fiscalía, como delictiva, pero a la luz de los criterios legales vigentes del Tribunal, eso luce complicado a cuatro semanas de la elección.

En 2018, Morena demandaba ante el TEPJF sancionar al otrora candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, precisamente por el reparto de propaganda en forma de una tarjeta denominada “Avanzar contigo”. La sentencia, igual que en 2017 en los casos de Coahuila y el Estado de México (SUP-REP-638/2018) se pronunció sobre el asunto validando el reparto de ese tipo de propaganda impresa que simula ser tarjeta para engañar a electores, lo único que pidió el Tribunal investigar para una eventual sanción fue que la entrega de lo que consideraba un “cartón” de propaganda solicitara a cambio registro de datos personales de electores.

El magistrado ponente del caso fue Felipe de la Mata y tanto él como sus compañeras y compañeros solo consideraron ilegal que se pidieran datos personales a cambio de esas “tarjetas de papel”, pero su criterio fue validar como legal que se entregue esa penosa propaganda que simula. Se lee en la sentencia que tuvo voto unánime de magistradas y magistrados (incluyendo el de su actual presidente, José Luis Vargas): “esta Sala Superior ha establecido que, en sí mismo, el acto de repartir propaganda política electoral impresa en formato de tarjetas de propaganda no está necesariamente prohibido, pues ello, no genera por sí mismo la vulneración o incumplimiento a algún dispositivo legal” (*pag 6-7).

Con esa luz verde, desde 2017 casi todos los partidos han entregado y entregan tarjetitas simuladas. Sea o no legal en términos de “justicia electoral” (falta ver los penales), es importante no cerrar los ojos y reconocer que la conducta es inaceptable moralmente y que, si reconsideran las autoridades, también debería serlo legalmente, aunque en la víspera de la elección no parece que eso vaya a ocurrir. Si se archiva el caso y nada pasa, si es selectivo o coyuntural, quedará como anécdota de golpe mediático tan hueco como las tarjetitas de la vergüenza, y la Fiscalía quedará como herramienta para emparejar el polémico retiro de candidaturas de Morena en Guerrero y Michoacán.

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De la Garza no es el único candidato que entrega esas tarjetitas de la vergüenza, lo hacen en varios partidos, incluyendo al PAN, a Morena y a sus aliados, pero el presidente solo se ocupó de exhibir a un opositor de Nuevo León.

López Obrador justificó así su intervención en las contiendas electorales (pese a que lo prohíbe la constitución) el 7 de mayo “¿Cómo no voy a denunciar el fraude electoral?”, y agregó: “¿Cómo se van a entregar estas tarjetas? ¿dónde está el INE? ¿Dónde está el Tribunal Electoral?  En este caso ¿dónde está la Fiscalía Electoral?”, preguntó con reproche a la institución responsable de perseguir delitos electorales. Al frente de esa Fiscalía está José Agustín Ortíz Pinchetti, muy cercano al presidente y designado ya en tiempos de “cuarta transformación”.

Tres días después de la denuncia presidencial, la fiscalía general activó todos los protocolos y, comedida, atendió el llamado, hasta emitió boletín de prensa en donde asegura que ya ha emprendido acciones para investigar a los candidatos opositores de Nuevo León.  A De la Garza por “uso de programas sociales con fines electorales, lo cual se ratifica en el artículo 7, fracción VII, y 6 de Ley General en Materia de Delitos Electorales, así como en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.

El invocado artículo 19 de la constitución establece que hay prisión preventiva oficiosa cuando se trata de “uso de programas sociales con fines electorales”. Ese argumento de la fiscalía, que hay uso de programa social, también le toca a un juez definirlo, aunque es distinto al tema de dádiva.

Sobre el delito que implicaría la “tarjeta regia”, la Fiscalía alude al artículo 7, fracción VII de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. En ese artículo se lee que se considera delito cuando alguien: “Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación…” y que “se sancionará a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición…”.

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Según la Fiscalía, en esas restricciones encuentra las conductas sancionables y es eso lo que buscará probar ante un juez  (deberá, por ejemplo, preguntarle a personas que hayan recibido la tarjetita qué les ofrecieron al entregarla). Ese sería el delito que podría actualizarse, aunque depende de amarrar bien el caso que prospere o no.

La denuncia parece un asunto hecho a las carreras, reacción para atenuar al enojo del presidente por lo que consideró falta de acción en la Fiscalía. La expectativa de cárcel y sanciones no se ve seria, parece simbólica, colocada en el debate público antes de que se abran las urnas pero sin garantía de que la investigación prospere los meses posteriores. No basta con aludir a que un partido promete programas sociales futuros a cierto grupo de población, sino demostrar que el voto se condicionó a cambio de ese beneficio. Eso podría lograrse, de ahí la relevancia de los testimonios y pruebas además de la tarjeta misma. El tema es que no sería un proceso de semanas. Veremos si de verdad llega al final o ya con el resultado en Nuevo León todo se esfuma de los discursos y las tarjetas regresan a su nuevas campañas de engaño.

En el caso de Samuel García, el comunicado alude al “artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales”.

“Desprende esta tarjeta y guárdala” dice la imagen con la propaganda que Adrián de la Garza no desmiente ¿para qué guardar un pedazo de cartón que es solo propaganda y no dádiva? ¿Es normal que volantes propagandísticos digan “desprende un pedazo y guárdame de recuerdo”? La estrategia de repartir tarjetas es reprobable, una burla premeditada que no debe aplaudirse, aunque eso no justifica la ilegal intervención presidencial o que la Fiscalía actué solo contra quienes señale el presidente por nombre y apellido.

Es ilegal y reprobable la intervención presidencial y boletines selectivos de la Fiscalía que reaccionan solo hasta que Palacio Nacional se queja de algo, pero eso no debe ser coartada para eludir investigación sobre dineros ilegales, uso de programas sociales o entrega de dádivas simuladas de unos y otros.

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Justificar la entrega de esas tarjetas regias es como decir que un soborno es legal siempre y cuando el dinero que se entregue sea falso. Así de grave debiera asumirse la conducta que simula dádiva y ahí la clave para distinguir un volante de cartón y una compra o coacción que trata de engañar al votante, ahí está hilo que podría convertir la práctica en delito, porque no se trata de una inocente promesa de campaña, anuncio de una política pública que se comunica en papel o el plan de gobierno futuro impreso en cartón, sino de entregar objetos que dan la apariencia deliberada de ser tarjetas canjeables por dinero para engañar a electores y al mismo tiempo, blindar a los partidos que las reparten, quienes cuando se les acuse de reparto de dádivas dirán que están apegados al criterio del Tribunal, que solo entregaron cartones o plásticos sin fondos que simulan ser tarjeta bancaria pero que no lo son. Eso, en los hechos, apuesta por confundir al votante eludiendo sanciones, es un fraude consentido a la ley. De ahí la pertinencia de discutirlo independiente de la ilegal irrupción presidencial en los comicios y el preocupante mensaje de justicia selectiva del Fiscal.

Nadie condena promesas de campaña, sí las tarjetas que simulan ser dádiva porque son espejo de la peor política que lucra con la pobreza. No es conducta de un solo partido, se replica en el PRI y en el PAN que hoy son oposición, pero también en Morena y aliados del gobierno. Eso no está en los boletines de la Fiscalía que, si se quedan solo en denuncia de papel, podrían ser igual que las tarjetitas de la vergüenza, una promesa de sanciones hueca, un uso político coyuntural de la institución que simularía perseguir delitos, aunque en realidad sea pura tinta impresa en comunicados de prensa que cuando cierren las casillas ya no serán canjeables por la sanción prometida. Veremos.

@lmcarriedo