Facebook bloquea más contenido en México por petición de las autoridades

Entre julio de 2018 y junio de 2021, Meta bloqueó más de 180 mil contenidos en todo el mundo a petición de las autoridades locales, de acuerdo con cifras obtenidas de los reportes de transparencia divulgados cada seis meses. Se trata de perfiles, posteos, grupos o páginas en las redes sociales Facebook e Instagram que pudieron haber infringido las legislaciones locales. Los contenidos pueden estar relacionados con violencia, desinformación, pornografía infantil, venta de productos prohibidos o cualquier elemento que represente una violación a las leyes de cada país.

Pero al ver las cifras de los reportes, llama la atención que en México se han bloqueado 31 mil 098 contenidos en las redes sociales de la empresa dirigida por Mark Zuckerberg durante el mismo periodo. Esta cifra coloca a México como el país donde se restringe más contenido en dichas redes sociales a petición de los gobiernos y representa el 17.2% de todas las solicitudes de esta naturaleza a nivel mundial.

Es interesante analizar estos números, primero, por la magnitud que tanto Facebook como Instagram tienen en la sociedad mexicana. De acuerdo con la Asociación de Internet MX, Facebook es la red social con más usuarios en el país al llegar a casi 82% de las personas internautas, mientras que Instagram es la cuarta más usada, al superar el 36%. 

Estas redes sociales se han convertido en espacios para obtener y difundir información, comunicarnos con personas e instituciones, comprar o vender productos y servicios y, deberíamos decirlo, hasta para el ejercicio de derechos como el de la libertad de expresión o los políticos-electorales. La Asociación de Internet MX calcula que nueve de cada 10 usuarios acceden diariamente a sus redes. Por ello, no debería extrañarnos que las autoridades se encuentren en constante monitoreo de la actividad que ahí ocurre.

De hecho, las autoridades del país han requerido cada vez más datos a las redes sociales, principalmente Facebook, sobre los usuarios de México. Los reportes de transparencia de Meta dan cuenta de un crecimiento constante de las solicitudes que el gobierno mexicano le ha hecho para proporcionar información de los usuarios. Así, en los tres años comprendidos entre julio de 2018 y junio de 2021, Meta reporta 14 mil 208 requerimientos de las autoridades para obtener datos de 25 mil 300 cuentas. 

También podríamos decir que hay actores y personas que han encontrado en Facebook formas de darle vuelta a legislaciones, incluyendo las de salud, electorales y hasta de publicidad oficial del país. 

Y es que la misma Meta ha explicado en cada actualización de sus reportes semestrales que la mayoría de los contenidos bloqueados han sido a petición de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ya sea por violaciones a la venta de productos regulados (medicamentos). En segundo lugar están las peticiones realizadas por las autoridades electorales (el INE y el tribunal electoral) para reiterar contenido que pudiera violar la ley electoral, incluyendo las normas de precampañas, campañas, vedas electorales o contenido donde se ejerce violencia política.

En tercer lugar están las solicitudes de retiro por difamación, seguido por el retiro de contenido que resulta violatorio del artículo 134 constitucional, que se refiere al ejercicio de los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, es decir, de comunicación oficial que transgrede las normas.

Aunque Meta no proporciona más detalles sobre las solicitudes, a simple vista podrían parecer como requerimientos legítimos. Sin embargo, no podemos dejar a un lado la advertencia que hizo Sinéad McSweeney, vicepresidente de Política Pública y Filantropía Global de Twitter, cuando esta red social divulgó su propio reporte de transparencia para el primer semestre de 2021.

“Nos enfrentamos a desafíos sin precedentes a medida que los gobiernos de todo el mundo intentan cada vez más intervenir y eliminar contenido. Esta amenaza a la privacidad y a la libertad de expresión es una tendencia profundamente preocupante que requiere toda nuestra atención”, advirtió e hizo un llamado a defender una internet abierta libre, segura y global.

Para el caso de Twitter, la tendencia de solicitudes para el retiro de información proveniente de México también es creciente aunque no de tal magnitud como en Facebook. Según la Asociación de Internet MX, Twitter es la cuarta red social más usada en el país, con una cuota del 15.6% de las personas usuarias. 

En tres años, Twitter ha recibido 337 solicitudes legales relacionadas con 704 cuentas, que representan menos del 1% global. Durante este periodo se suspendieron o se retiró el contenido relacionado con 305 cuentas. Aunque llama la atención que en dos solicitudes se pidió retirar contenido proveniente de cuentas verificadas de medios o periodistas.

Volviendo a Facebook e Instagram, la red social explica que cuando recibe una solicitud, esta es revisada para determinar si el contenido infringe las políticas de estas plataformas. “Si el contenido no viola nuestras políticas, de acuerdo con nuestros compromisos como miembro de Global Network Initiative y nuestra Política Corporativa de Derechos Humanos, llevamos a cabo una revisión legal cuidadosa para confirmar si el informe es válido, así como la debida diligencia en materia de derechos humanos”, explica la firma.

Si la red social “cree” que los informes no son legalmente válidos, son demasiado amplios o no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos, se solicita una aclaración o no se toma medida alguna.

Con estos datos, vale la pena analizar si son suficientes los procesos y controles que han implementado las redes sociales para definir si son procedentes los requerimientos gubernamentales para retirar contenido y solicitar información de las personas. También vale la pena cuestionarnos si son aplicados con la misma rigurosidad a nivel mundial.

Ante los intentos de las autoridades por controlar las comunicaciones digitales y las empresas las redes sociales que han dado mayor prioridad a la generación de ingresos sobre la protección de sus usuarios, ¿no se tendría que redefinir, de manera multilateral, los mecanismos para garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades en los espacios digitales?