Y los pacientes ¿cuándo?

La semana pasada fueron dados a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua Covid-19 (Ensanut Continua Covid-19), que específicamente “aporta información sobre la experiencia familiar de la pandemia, los efectos en el ingreso, la seguridad alimentaria, la calidad de la dieta, el acceso a servicios de salud, así como la medición de anticuerpos de SARS-CoV-2 para estimar el porcentaje de la población que ha estado expuesta al coronavirus”.

Además de datos muy relevantes (de los que hablaré en el futuro) sobre el impacto de la enfermedad en las familias mexicanas, la falta de acceso a pruebas diagnósticas en el sector público y la evidencia directa de un retraso en las cifras de vacunación infantil en el esquema básico, la Ensanut dejó ver datos muy reveladores en cuanto a la atención médica en México.

Durante al período de la pandemia, 2020 y hasta levantarse la muestra en 2021, casi siete de cada 10 mexicanos acudieron a atenderse en un consultorio de un médico privado en lugar de hacerlo en una institución de salud. Peor aún: más de la mitad de los pacientes derechohabientes de alguna institución optaron por atenderse con un médico privado, antes que acudir a su clínica en la medicina pública.

Aun en el contexto de la pandemia, estos datos no son sorprendentes. Cada vez ha sido mayor la tendencia de la población a acudir al servicio de salud más cercano y conveniente ante la falta de satisfacción en la atención institucional.

Pero al mencionar términos como cercanía, conveniencia, satisfacción, experiencia de usuario, ¿de qué estamos hablando? Precisamente de los que, en la tercera década del siglo XXI, hace la diferencia en los modelos de salud: la conveniencia del paciente.

En múltiples ocasiones he preguntado a pacientes derechohabientes de instituciones en qué casos prefieren acudir al servicio médico de su institución y en qué casos a un médico privado, aunque les cueste. La respuesta es casi unánime: en enfermedades comunes como resfriado común, padecimientos gastrointestinales, control de afecciones crónicas como hipertensión, colesterol elevado y, en algunos casos, hasta diabetes tipo 2, acudirán la mayoría de las veces al médico privado, sea la consulta para ellos, sus hijos o familiares cercanos. La medicina institucional queda reservada para las enfermedades complejas de alto costo, las que requieren hospitalización y, curiosamente, todas aquellas en las que el derechohabiente requiere una incapacidad laboral.

“Yo no vendría hasta la clínica, pero en el trabajo me piden la incapacidad”. La medicina institucional de primer nivel está comenzando a ser utilizada como requisito para tramitar incapacidades. 

Es claro, entonces, que los pacientes no están satisfechos con la atención de primer nivel y es por ello que acuden a buscar alternativas, aunque en la práctica esto les cueste dos veces. La primera vez, en su cuota de aportación al IMSS, la cual es irrenunciable. Y la segunda, en el costo de la consulta. Antes de la pandemia, México ya era el segundo país con mayor gasto de bolsillo (con relación al PIB) de entre los de la OCDE. Es probable que, después de esto, nos separemos aún más.

En México, la salud se está privatizando, lo cual es exactamente el resultado opuesto a lo prometido por el presidente de la República.

Durante la fase más dura de la pandemia, los pacientes que buscaban diagnóstico y atención se encontraron con servicios de salud saturados y en muchos casos temían por su seguridad. Por ello, siguieron prefiriendo acudir a la medicina privada. 

Un hallazgo interesante de la Ensanut es que la mayor parte de las pruebas diagnósticas de covid se llevaron a cabo en la medicina privada: consultorios, laboratorios o farmacias. Dado que la mayor parte de esos resultados no se reportaron a la Secretaría de Salud, esto abona a la conclusión de un enorme subregistro de contagios. Vale la pena recordar que la política de las autoridades de salud y la visión personal de Hugo López-Gatell fue la de realizar el menor número de pruebas posibles.

Una vez más, los pacientes buscaron lo que necesitaban y que el gobierno no les podía dar.

Es interesante observar que uno de cada tres pacientes que acudió a la medicina privada, lo hizo en un consultorio adyacente a una farmacia (CAF). El fenómeno de los CAF ha sido objeto de estudio desde hace ya un par de décadas y de ello hablé en un hilo en Twitter la semana pasada. Aún con sus puntos negativos que, hay que decirlo, cada vez son menos, los CAF son ya una alternativa para los pacientes que buscan atención de primer nivel. Esa fila enorme de pacientes en la farmacia de la esquina no está allí por casualidad. Los pacientes están acudiendo a los CAF por dos factores: conveniencia y precio. ¿No es un claro indicador de la privatización de los servicios de salud?

Desde el inicio de esta administración hemos escuchado un mantra: el acceso universal a la salud… acompañado con gratuidad.

En este contexto, las intenciones han podido ser muy buenas, pero la práctica ha dejado mucho que desear. Independientemente de los graves errores en la administración y el manejo de la salud, la falla principal está en el concepto: el paciente debe (obedecer y) hacer lo más conveniente para el sistema, cuándo el sistema es el que debería hacer lo más conveniente para el paciente. 

Todos lo hemos vivido. Para tener acceso a la salud, el paciente debe acudir a “la clínica que le corresponde”. No importa que tan lejos de esta viva. En esa misma clínica, es el único lugar donde el paciente tendrá acceso a sus medicamentos. Como lo menciono en mi libro La tragedia del desabasto, es imposible que su receta sea surtida en otra clínica o en otro sitio.

La inconformidad ha ido en aumento y lo que vemos reflejado en la Ensanut es precisamente la decisión que están tomando los pacientes: acudir a donde mejor los traten. 

A este punto, es claro que el gobierno ha fallado en el diseño y el replanteamiento de un nuevo sistema de salud. Tocará a la siguiente administración el construir una nueva alternativa, que deberá estar basada en lo más conveniente para niños, madres y padres de familia, cuidadores y familiares.

Seguir pensando en un sistema que solidifique la figura de las instituciones, por encima de la gente, es una condena al fracaso. Desde hace tres años, los planes están basados en dar lucimiento a políticos, instituciones, cambiar logotipos y pintar unidades de salud. La pregunta es: y los pacientes, ¿cuándo?