La indolencia

La semana que concluye fue especialmente dura en México: el lunes 7 se dio a conocer que el más reciente feminicidio –ocurren 11 al día, en promedio en el país– fue cometido presuntamente por amigos de la víctima. Esa mañana se entregó uno de ellos, y también en las primeras horas de ese día, un niño de seis años murió ahogado dentro de su escuela. No bien se alzaba el reclamo social por estos dos casos cuando fue hallado el cuerpo de otra mujer en la misma carretera que el anterior.

A la indignación por la violencia feminicida que azota al país desde hace más de una década ya no le alcanza el tiempo para nombrar a una víctima y exigir justicia por ella, cuando ya hay otra a la cual nombrar: para no olvidarla, para que la presión social y mediática obliguen a la autoridad a investigar y castigar a los responsables, para que esa mujer asesinada sea la última.

Pero nunca es la última. Siempre viene una más, incluso mientras ocurren masivas manifestaciones contra la violencia hacia las mujeres, están matando a otra. Y si bien combatir la violencia es obligación de los gobiernos, y la inacción de estos es terreno fértil para que más crímenes sigan ocurriendo, ya no es preciso señalar a la impunidad como factor único que perpetúa la violencia. 

Ante casos como el de Ariadna Fernanda, en que su –presunto– asesino se deshace del cuerpo a la vista de las cámaras de su propio edificio, sin esconderse él mismo ni ocuparse siquiera en cubrir el cadáver para no ser incriminado, ya no es posible pensar que tanta estoicidad sea producto simplemente de una confianza en la inocuidad del sistema judicial. Algo más debe generar tanta comodidad en los victimarios, para incluso presentarse a atestiguar las secuelas de sus crímenes y fingir condolencia.

De acuerdo con lo que ha arrojado la investigación del caso de Ariadna hasta ahora, sus presuntos asesinos (Vanessa ‘N’ y Rautel ‘N’) asistieron a su funeral, él incluso hizo declaraciones en la funeraria expresando pesar; ella pidió en sus redes sociales apoyo para localizarla cuando estaba desaparecida, y publicó mensajes de tristeza cuando se dio a conocer que había sido asesinada. Con la mayor normalidad, entre ambos planearon la versión pública que darían para ocultar el feminicidio.

Esta procacidad recuerda al caso de Leonardo Avendaño, seminarista de 29 años asesinado en junio de 2019. La investigación arrojó que quien lo mató fue el sacerdote de la iglesia en que trabajaba, Francisco Javier Bautista, actualmente preso con una condena de 27 años y medio por este crimen. Antes de que el clérigo fuera aprehendido y sentenciado, la cobertura de los medios electrónicos pudo atestiguar su presencia igualmente imperturbable en el funeral de su acólito, también hizo declaraciones públicas en las que expresaba su duelo y pedía a las autoridades castigar al responsable. Incluso ofició una misa en honor a Leonardo, en ausencia de sus familiares.

Pero la serenidad de los homicidas y feminicidas no es lo único preocupante. Igualmente grave es (¿acaso peor?) la calma con la que muchas personas toman estas noticias, aún cuando les afecta directa o indirectamente. En el caso de Leonardo Avendaño, muchos fieles de aquella iglesia culparon al seminarista de su desgracia, en comentarios públicos y con firma que lo señalaban de un “mal comportamiento” que presuntamente lo habría llevado a la muerte. Cuando las mujeres son asesinadas durante o después de una fiesta, se les responsabiliza por haberse “expuesto” al peligro, como si divertirse –incluso excederse– las hiciera merecedoras de ser atacadas. 

La indolencia se deja ver también en las reacciones ante la muerte del niño Abner, quien falleció en la alberca del Colegio Williams, durante su clase de natación. El acta de defunción del menor señala como causa de muerte “asfixia por sumersión”, es decir que murió ahogado; sin embargo, hasta este viernes, la Fiscalía de la Ciudad de México se encuentra investigando si el menor murió por el descuido del personal del colegio o por otro motivo.

Pero mientras algunos padres han expresado su miedo de seguir llevando a sus hijos a ese colegio, otros condenan las protestas que se han realizado a las afueras del centro educativo, argumentando que “los hechos son lamentables pero no se debe afectar al resto de los estudiantes”. Es decir que si un compañero de sus hijos muere en la propia instalación escolar, no hay problema porque no fue su hijo. Y la vida debe seguir.

Incluso debe seguir el mismo día del trágico suceso: la escuela no cerró sus puertas sino hasta que la Secretaría de Educación Pública la obligó. El mismo lunes y también el martes, las clases continuaron como si en el inmueble no hubiera muerto un niño. Y la respuesta del director, Juan Camilo Williams, frente a la familia de Abner se limitó a expresarles condolencias y asegurar que está colaborando con la investigación. 

No se comprometió con ellos a presentar a los ocho profesores que –asegura– vigilan las clases de natación. Tampoco les ofreció acompañarlos en su proceso judicial, y solo hasta que los familiares mencionaron las cámaras de seguridad en el área de la alberca, Williams dijo que las grabaciones ya estaban en poder de la fiscalía. Antes no se las mencionó, no se las ofreció ni les dio más información. Ni siquiera su experiencia previa en estas crisis –una acusación de abuso sexual en 2017 que concluyó con la sentencia de nueve años al profesor– le ayudó a saber responder ante las víctimas indirectas.

Serán las autoridades quienes obliguen al colegio a responder cuando se deslinden responsabilidades, porque la institución por sí misma, a pesar de ostentarse como “el mejor colegio privado de México”, no es capaz de colaborar en principio –y por principio– con la familia afectada, ni con los padres de otros niños, que hoy se preguntan con qué seguridad seguirán enviando a sus hijos a ese recinto.