El tribunal electoral y la histórica sentencia de la Corte Interamericana vs. México

La voz de ataque se escucha desde Palacio Nacional para dirigir la artillería ideológica hacia el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, con atribuciones para revisar las decisiones del Instituto Nacional Electoral (INE), que ya tiene una consejera presidenta a modo para lo que se ofrezca en el proceso electoral de 2024, a través del cual se renovarán las dos cámaras del Congreso de la Unión, nueve gubernaturas, 30 congresos locales y se elegirá a un nuevo titular del Ejecutivo, con un padrón electoral de más de 95 millones de ciudadanos en aptitud de votar para el domingo 2 de junio del año próximo.

Entre más cuantiosa sea la participación ciudadana, Morena tendrá un menor margen de maniobra para resultar favorecido en la batalla electoral que se avecina, es decir, uno de los retos más importantes para nuestra amenazada democracia será darle la espalda al abstencionismo.

A pesar de las enormes ventajas que tiene el partido de Estado con los actos anticipados de campaña por parte de sus “corcholatas”, el uso incontrolable de recursos públicos para favorecer la causa guinda y el presidente de la República lanzando amenazas contra todo aquel que se atreva a expresarse contra su confeso proyecto transexenal, no todo está perdido para fortalecer la opción de una posible alternancia.

¿Quiénes? y ¿cómo? En la peor crisis de credibilidad de los partidos políticos, las respuestas deben consolidarse desde la sociedad civil que ha mostrado su capacidad de respuesta ante la gestación del totalitarismo que se cierne en el horizonte nacional. Está cantado, Andrés Manuel López Obrador jamás reconocerá un eventual resultado adverso si este llegara a darse. Ante las derrotas se invocará fraude para desacreditar aún más a las instituciones electorales que forcejean para defender su autonomía en una época en la que el disenso ofende, la calumnia prevalece y la explotación de la pobreza a través de programas sociales sin mecanismos de control rinden dividendos.

La narrativa mañanera esquiva la ausencia de resultados para vender demagogia que insulta la inteligencia de quienes advierten un país dominado por la violencia, y no me refiero únicamente a la que se sufre en territorios cedidos complacientemente a los criminales sino también a la violencia política que pone blancos en la espalda a las instituciones que resisten las descalificaciones en condiciones adversas.

Ciertamente podemos confirmar la decepcionante actitud de la oposición que permitirá este golpe al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. PAN, PRI Y PRD dejarán pasar la reforma porque no quieren que los magistrados mantengan la atribución constitucional de impugnar los procesos internos de sus dirigencias y ven la oportunidad de impedir al tribunal ordenar candidaturas fuera de los que los propios partidos decidan. Vergonzoso, pero cierto.

Ante este panorama sólo queda respaldar el activismo ciudadano que por mucho será más eficaz que la oposición, que a pesar de estar desahuciada se descara para permitir un nuevo atropello legislativo.

La mañana del miércoles, López Obrador arreció su artillería verbal contra el tribunal electoral y no descansará hasta formalizar el ataque con la aprobación de los legisladores. El plan es tan predecible y obvio que resulta innecesario profundizar en los objetivos. Si la seguridad de igualar un resultado en la votación presidencial tan abrumador como el de 2018 fuera real, Morena y su dueño no estarían tan ocupados en la campaña de desmantelamiento de la estructura del árbitro y su órgano revisor. Saben que el creciente descontento y la desilusión pueden propinarles una desagradable sorpresa, pero ante esa posibilidad ya se curan en salud.

Los partidos de la Alianza Va por México no entienden, ni aprenden de sus errores y para ellos van cinco preguntas: ¿Así buscarán la confianza de los votantes para el próximo proceso electoral? ¿No advierten la claridad del malestar ciudadano hacia sus negociaciones oscuras? ¿No saben cuál es la exigencia de millones de electores que están decididos desde ahora a no darle un sólo voto a Morena? ¿Permitiendo el debilitamiento del tribunal electoral creen que van por buen camino? ¿A quiénes beneficia su complicidad?

Son tiempos de retroceso democrático, las alternativas para revertirlo no vendrán de los partidos. Todas las respuestas tendrán sentido a partir del activismo ciudadano orgánico que ha explotado en las principales plazas públicas. Para renovar al Congreso de la Unión sólo serán alternativa aquellos que se atrevan a ir contra la corriente de la destrucción institucional y ahí está la agenda coherente que atraerá la simpatía de los votantes que reflexionarán con detenimiento qué boleta cruzarán el 2 de junio de 2024.

No soy quien para dar consejos de estrategia política, pero el desmarque de Movimiento Ciudadano puede hacerlo despegar de manera significativa para el proceso electoral que se avecina. Una candidatura presidencial interesante y fortalecida por la credibilidad de un verdadero perfil opositor inteligente podría darle severos dolores de cabeza al inquilino de Palacio Nacional y a sus soberbios cómplices.

Cambio de tema. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por uno de tantos casos documentados sobre el abuso del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, figuras muy socorridas en nuestro endeble sistema de justicia.

Por hechos ocurridos en 2001, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá el deber de hacer cumplir la condena del organismo que considera a México responsable por diversas violaciones a los derechos humanos. Estas fueron sufridas por Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes permanecieron 17 años en prisión preventiva oficiosa y sin sentencia por su participación en el homicidio de María de los Ángeles Tamés, en esa época regidora panista de la alcaldía de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México. La comisión le reconoce categoría de víctimas a los señalados, quienes 18 años después del hecho quedaron sujetos a arresto domiciliario y posteriormente sentenciados a 35 años de prisión, condena que fue apelada en 2022.

Es una trascendente resolución de los juzgadores interamericanos que repudian los anacrónicos criterios sobre el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, inconstitucionales bajo cualquier óptica.

La sentencia obliga a las autoridades internas a concluir los procedimientos penales en los plazos más breves, investigar las torturas a las que fueron sometidas las víctimas y adecuar a la brevedad los ordenamientos jurídicos que rigen a la prisión preventiva oficiosa, considerada un instrumento violatorio de los derechos humanos.

En 2001, Vicente Fox era presidente de México, Arturo Montiel era gobernador del Estado de México y el panista Antonio Domínguez Zambrano era alcalde de Atizapán de Zaragoza, lugar donde fue ejecutada la regidora cuyo homicidio parece mantenerse impune, ya que según el proceso seguido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, García Rodríguez y Alpízar Ortiz fueron víctimas, aunque 19 años después hayan sido sentenciados por un homicidio que no cometieron.

Así como este dramático caso hay miles más que permanecen en la oscuridad de un país que lamentablemente involuciona en materia de justicia.

EDICTOS

Por primera vez, el principal colegio de abogados de nuestro país es invitado a participar como ponente ante la Asociación Mundial de Juristas que agrupa a los especialistas más reconocidos a nivel internacional y tiene como sede en esta ocasión a la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York.

Desde esa tribuna, Victor Oléa Peláez, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, advirtió sobre la debilidad del Estado de derecho en México y el golpe al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo verdaderamente trascendente es que la postura institucional de la barra se expuso ante los oídos de William Clinton, expresidente de Estados Unidos; Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos; Deborah Enix-Ross, presidenta de la American Bar Association, y Javier Cremades, presidente del World Jurist Association, entre otras personalidades de calibre global.