El poco sexy antídoto contra la radicalización

A nadie le conviene la incertidumbre antes, durante y después del proceso electoral del próximo 2 de junio. Mientras el gobierno de la 4T y la oposición, así como los poderes fácticos, representados en el crimen organizado, la Iglesia, los medios de comunicación y los grandes empresarios, despliegan sus estrategias para arrebatar, conservar o conseguir más poder; el único anclaje históricamente funcional para hacer prevalecer una sociedad son las instituciones.

Defenderlas suele ser poco sexy. Más aún cuando existen personas que las encabezan y tienen como misión inmolarse junto a ellas. Algo muy sintomático en los tiempos de la Cuarta Transformación. ¿Cuidar a la Suprema Corte cuando la integran personajes como Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz?. La respuesta: siempre. ¿Proteger una Comisión Nacional de Derechos Humanos aún encabezada por Rosario Piedra? Todo el tiempo. ¿resguardar la investidura presidencial? Por supuesto que sí. 

Si bien la degradación institucional es, en parte, consecuencia de quienes están al frente de ellas, el fenómeno responde al encumbramiento del populismo como una forma de gobierno. Pocas cosas son más seductoras que las promesas superfluas a problemas complejos. No importa si es de ideología de derecha o de izquierda, este tipo de liderazgos se aprovechan del desencanto genuino y fundamentado que tiene el ciudadano por la democracia.

En ese sentido, el nuevo intento del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Constitución es consistente con lo que ha construido narrativamente durante décadas. “Al diablo con las instituciones” y  “a mí que no me vengan con que ‘la ley es la ley’” son un mantra que lo dibuja a vísperas del término de su mandato.

Se trata de la radicalización de la que muchos teóricos como Yasch Mounk hablan al referirse al círculo vicioso en el que eventualmente todos los líderes populistas caen. En su objetivo por conservar el poder comienzan a impulsar acciones desesperadas que terminan por exhibirlos en su afán. Paradójicamente las muestras de fuerza terminan por debilitarlos. 

No importa cuánto se esmeren los propagandistas. El círculo termina por cerrarse y no hay narrativa que alcance. Se trata de un ciclo natural de pérdida y obtención de poder, en donde el que menor tiempo lo retiene es quien se radicaliza más rápido. En ese sentido, lo que el presidente mexicano Andre Manuel López Obrador promueve con sus iniciativas de ley en el marco de la conmemoración de la Constitución son un síntoma de este fenómeno que busca dinamitar el andamiaje institucional que él mismo usó para alcanzar la Presidencia. 

Buscar que la seguridad pública pase a ser controlada por el Ejército es un síntoma de radicalización. Disminuir financieramente a los organismos autónomos y minar su reputación también lo es. Dejar inoperante la búsqueda e identificación de desaparecidos forma parte. Mantener una estrategia de brazos caídos frente el crimen organizado está en la misma ruta. Intentar maniatar al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es lo mismo. 

Con un proceso electoral histórico en puerta, la única salida que queda entre la ciudadanía es apostar por las instituciones. No se trata de defender a Guadalupe Taddei, sino a un instituto que literalmente costó sangre su emancipación del gobierno. Tampoco se trata de defender a los consejeros del INAI que usan la tarjeta de crédito institucional para pagar el table dance, sino de proteger nuestro derecho a la transparencia. 

Parece aburrido pero blindar a la institucionalidad es crucial si se busca construir una sociedad más justa en todos y cada uno de los sentidos. Es la única opción para caminar dentro del espectro de la democracia liberal. 

Son pocos los perfiles que abonan en ese sentido. El 2024 depende particularmente de la institución que además de calificar las elecciones del próximo 2 de junio también podrá ayudar a emitir un diagnóstico sobre la calidad democrática que vive México, se trata de el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde la magistrada Mónica Soto acaba de asumir hace algunas semana su presidencia.

El reto es enorme: dar certeza y proveer gobernabilidad a la lucha institucional por el poder. Los indicios, de momento son esperanzadores. Sin duda son nuevos tiempos: Mexico tendrá una nueva Presidente de la República, pero también será una mujer quien encabeza el tribunal quien calificará dicha elección. 

Su reciente denuncia sobre la injerencia del crimen organizado en las elecciones de 2024 la dota de valentía al elaborar un diagnóstico certero sobre uno de los principales enemigos de la democracia. La ratificación de la multa en contra de Morena por parte del Tribunal por la promoción ilegal de Sheinbaum se erige como un oasis en medio del desmantelamiento institucional. La apuesta aunque poco sexy debe ser la misma siempre: defender a nuestras instituciones y también visibilizar a quienes desde ahí trabajan en beneficio del país.