Con esta legislatura o la siguiente, México tendrá Ley General de Cáncer

Hace poco más de dos años, varias organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra el cáncer en México, entre ellas la Fundación CIMA, decidimos conformar una comisión de trabajo que sirviera como plataforma para implementar el proyecto de control de cáncer más ambicioso de nuestro país. Hasta ese momento, cada una había incidido en acciones de política pública, tanto en lo individual como representantes de las organizaciones que encabezamos como desde lo colectivo. Unidas, estas 13 organizaciones que acumulamos más de 200 años de experiencia seríamos una voz más poderosa y eficaz, pues nuestras fortalezas se complementan. Con esta alineación, la Ley General de Cáncer para México se comenzaba a gestar.

Decidimos iniciar con sesiones de trabajo a las que convocamos a médicos oncólogos, expertos en salud pública, académicos y legisladores. Más que encuentros frontales o exposición de problemática, estas reuniones fueron un intercambio de experiencias y mesas de discusión en las que se planteó la situación coyuntural del país en temas de oncología y su atención, además se analizaron los aspectos más apremiantes para contribuir a su mejora. Cada persona involucrada aportó su conocimiento y expertise en la materia, y cada legislador promovente, su disposición y guía para diseñar una iniciativa de ley robusta, sustentada y, sobre todo, respaldada por los aportes de este grupo de 250 especialistas que están inspirados en mejorar nuestro sistema de salud y la estrategia de atención de los pacientes oncológicos. 

Durante 25 meses, desde que la comisión de trabajo se reunió por primera vez, nos han cuestionado en varias ocasiones sobre la necesidad de contar con una ley específica para el cáncer, si ya México tiene una Ley General de Salud. Otras personas nos han intentado desmotivar en el camino, argumentando que no hay dinero suficiente y que una ley sin presupuesto sería igual que no tenerla. Incluso hemos sido acusados de exponer una necesidad infundada al inferir que las normatividades actuales son suficientes para garantizar servicios de salud dignos y de calidad.

Mi respuesta a todos estos cuestionamientos es clara y contundente: el único objetivo que mueve a quienes nos involucramos en esta iniciativa es promover mejoras en la atención de las personas diagnosticadas con algún tipo de cáncer, así como en las estrategias de prevención y detección oportuna que nos permitan ver una baja en las cifras de mortalidad por cáncer que presenta nuestro país. Queremos ver estas y otras acciones necesarias para el control del cáncer resguardadas en un documento que les provea obligatoriedad de ejecución y las proteja de voluntades políticas.  

Las organizaciones de la sociedad civil cumplimos al entregar formalmente en octubre del 2023 la iniciativa de ley al Senado de la República. Hoy, la decisión de poder concluir esta primera etapa del proceso legislativo y aspirar a contar con una Ley General de Cáncer no está en nuestras manos. Confiamos en que las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos dictaminen esta ley, incluso dentro de este periodo de sesiones que se extiende hasta el 30 de abril. 

Es importante que den este paso, pues esta ley es la única disposición que puede representar una garantía para todos. Niños y adultos, pobres, ricos, personas con antecedentes de cáncer en la familia o sin ellos, todos estaremos protegidos por una disposición legal que, entre otros lineamientos, obliga al Estado a tener un Plan Nacional de Control de Cáncer, una necesidad innegable para México, pues significa eficientar la inversión en salud y una mejor cobertura a las necesidades sanitarias del país. Contar con este plan atiende además la resolución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) formulada en 2005, que insta a cada país miembro a contar con una política pública estructurada para el control de la enfermedad. 

¿Cómo puede un país como México, con 126 millones de habitantes, carecer de una estrategia de control de cáncer para reducir el número de muertes causadas anualmente por este padecimiento? De las 90 mil muertes registradas en nuestro país en 2023, un porcentaje importante podría haberse prevenido si se hubiera contado con el conjunto de acciones que mandata la Ley General de Cáncer en sus 78 artículos. Entre estas acciones se encuentran el Registro Nacional de Cáncer, una herramienta elemental para eficientar recursos; la creación de una Comisión Nacional de Cáncer, que sería la encargada de elaborar y actualizar el plan nacional, y una red oncológica para fomentar los programas de detección oportuna, la cual además se encargará de administrar un Fondo Nacional para la Atención Oncológica.

El tema más álgido y que ha causado confusión entre los interesados es el presupuesto requerido para esta ley. Es importante señalar que la aprobación de la iniciativa no implica asignación presupuestaria, el Plan Nacional de Control de Cáncer, incluido en esta ley sí. Según los análisis realizados por expertos en la materia (entre ellos el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria), esta inversión sería gradual y contempla mecanismos estratégicos que no merman otras necesidades del país, ni comprometen el financiamiento público. Los análisis también mencionan la necesidad de considerar una fuente dual de financiamiento, separando los programas de prevención de los destinados para la atención y el tratamiento del cáncer. 

Además ¡dinero hay! Si no, ¿cómo nos explicamos el condenable subejercicio presupuestario de miles de millones de pesos en 2023? La iniciativa de ley estipula que deben explorarse nuevas fuentes de financiamiento que incluyan recursos de diversas procedencias, al mismo tiempo que se lleven a cabo maniobras de reasignación de recursos. Es imperativo aumentar el porcentaje del PIB que nuestro país asigna de forma anual a la salud, ya que México está muy por debajo del porcentaje mínimo recomendado por la OMS. 

En América Latina, ya son nueve países los que cuentan con una Ley de Cáncer: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Paraguay, Perú y, hace apenas un par de semanas, Guatemala se sumó a esta lista. De todos estos países, solo Brasil supera a México en mortalidad por cáncer, la razón es que el país tiene una población casi 100 millones mayor que México, es admirable que hayan logrado tener una ley en un tiempo récord de cinco meses. Un aplauso para el resto de los países mencionados que, con muchos menos fallecimientos por año, han identificado la necesidad de contar con un instrumento legal garante y han optado por la creación de una ley que proteja a su gente. 

Por otro lado, 11 países de la región cuentan ya con un Plan Nacional de Cáncer o un Plan General de Atención del Cáncer.

Con tristeza escribo que a México, la potencia mundial número 12, nos faltan una ley y un plan. ¡Nos estamos quedando atrás y se nos están muriendo muchos!

Agradezco y reconozco el compromiso de los senadores Lilia Margarita Valdés, Sylvana Beltrones, Alejandra Noemí Reynoso, Nuvia Mayorga y Miguel Ángel Mancera que han sido en todo momento aliados incansables de la sociedad civil. Extiendo un llamado a la Junta de Coordinación Política que ahora juega un papel clave para la dictaminación de la iniciativa. 

De lograrse en este periodo de sesiones, representaría el suceso de mayor envergadura para los mexicanos en términos de salud. La actual legislatura tiene en sus manos la oportunidad de convertirse en la legislatura a la que le importó la vida de cada una de las 190 mil personas que son diagnosticadas con algún tipo de cáncer cada año en México. 

Por nuestra parte, como sociedad civil, confiamos en la voluntad política que nos han expresado, pero sépase que, si por alguna razón no se aprueba en la LXV Legislatura, será en la que siga. México tendrá una Ley General de Cáncer y nosotros nos encargaremos de lograrlo.