El negocio de la militarización en México, un riesgo para la democracia

Durante este sexenio hemos sido testigos de una expansión descontrolada de la participación militar en diversas áreas de la seguridad y vida públicas, cuya dimensión pone en riesgo la estabilidad de nuestro sistema democrático. Además de otorgarles la totalidad de la seguridad pública a nivel federal –con la extinción de la Policía Federal y la creación de una Guardia Nacional con 82.3% de composición militar–, las aerolíneas, aeropuertos, puertos, aduanas, construcción de obra pública e infraestructura son sólo algunas de las áreas en las que se han producido transferencias de funciones hacia las Fuerzas Armadas (FFAA). Estas transferencias conllevan un incremento de sus recursos económicos y su poder político, sin un correspondiente aumento en sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, lo que da lugar a un mayor riesgo de corrupción y abuso de poder.

Hoy, las consecuencias negativas de la militarización van más allá de la seguridad: mientras las instituciones militares están siendo empoderadas y asumiendo roles que tradicionalmente no les corresponden, se observa un debilitamiento de las autoridades civiles federales y estatales responsables de tareas fundamentales para el desarrollo social, como el medio ambiente, la ciencia y tecnología, el desarrollo rural y la infraestructura. Así, las autoridades civiles se vuelven actores marginales en la conducción del gobierno y en su relación con la ciudadanía, generando un círculo vicioso donde su debilitamiento es asumido como incapacidad para realizar sus labores y justifica la necesidad de una institución “menos corrupta y más eficaz” para hacerse cargo de ellas. Pero ¿las FFAA realmente cumplen estos criterios?

Convenientemente para las FFAA, gracias a su diseño institucional –hermético, jerárquico–, así como a su régimen de excepción respaldado por el gobierno federal, gozan de un nivel de opacidad que no les obliga a reportar qué hacen, cómo, cuánto dinero gastan, en qué ni de qué forma se justifica, con el argumento de “no arriesgar la seguridad nacional”, lo que impide a la ciudadanía conocer y analizar gran parte de su actuar.

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Pese a estos obstáculos, esfuerzos de la sociedad civil como “El negocio de la militarización en México. Opacidad, poder y dinero” evidencian que, con aumentos exponenciales en sus presupuestos aprobados, la captación de recursos estatales y municipales por medio de convenios de colaboración, el uso de fideicomisos públicos a su nombre y la adquisición de empresas de participación estatal mayoritaria, las FFAA se han convertido en el tercer actor más empoderado económicamente de la Administración Pública Federal.

Por si fuera poco, además de que ya tenían un sistema propio de justicia y de acceso a servicios de salud, vivienda y otros derechos –que deberían ser básicos y garantizados para el grueso de la población–, ahora también cuentan con el consentimiento estatal para re etiquetar sus recursos y terminar pagando mejoras a sus instalaciones, vehículos de lujo, viajes al extranjero, prestaciones y compensaciones adicionales, entre otros, en vez de destinarse al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía.

Así, en el negocio de la militarización, las instituciones civiles son las primeras perdedoras no sólo de recursos económicos, sino también de la profesionalización de la función pública, corriendo el riesgo de que, en el camino, las instituciones militares –entrenadas tradicionalmente para dedicarse a la guerra– no sean capaces de gestionar eficientemente los proyectos ni desempeñar los cargos que se les han cedido y, en vez de generar más utilidades y ganancias, representen pérdidas que terminarán siendo subsidiadas por el Estado.

Este proceso de militarización no es neutral, ya que las FFAA están, precisamente, armadas, tienen la legitimidad del uso de la fuerza estatal y están desplegadas en todo el territorio, lo cual representa un riesgo significativo para la administración pública y la población en general, sin posibilidades sencillas de fiscalización, oposición ni resistencia. El riesgo de concentración excesiva de poder en una institución así puede desequilibrar los pesos y contrapesos que son fundamentales para un sistema democrático funcional, ganando un mayor control sobre aspectos clave de la sociedad, adquiriendo la capacidad de influir en decisiones políticas y económicas de gran importancia y un papel cada vez más prominente en la gobernanza y la gestión de asuntos públicos.

Esto se vislumbra no sólo en su falta de transparencia y rendición de cuentas, o en su cada vez mayor participación en cargos de poder civiles, en la elaboración de políticas e incluso de leyes, sino también en la resistencia de las FFAA y el Poder Ejecutivo Federal para respetar las decisiones de los otros Poderes de la Unión cuando intentan delimitar y frenar su actuar en un intento por proteger los derechos de la ciudadanía y la democracia.

Tal es el caso del Acuerdo presidencial que buscaba resguardar la información de los proyectos insignia de la actual administración, el cual fue invalidado por el Pleno de la Suprema Corte por considerar que invadía facultades del INAI y vulneraba el derecho de acceso a la información de la ciudadanía. Pese a ello, el Ejecutivo Federal volvió a publicar un Decreto para declarar de interés público y seguridad nacional todo lo relacionado con el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos internacionales de Palenque, Chetumal y Tulum, permitiéndoles de nuevo la opacidad e ignorando el criterio del Poder Judicial Federal.

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Es importante recordar que, si bien el presidente se esfuerza en negar la militarización por “ser una crítica de sus opositores conservadores”, la evidencia ya existente demuestra que este proceso de concentración de poder económico y político en las FFAA va en aumento y se vuelve cada vez más difícil de revertir. Para estos fines, las FFAA sí que son más eficientes, pues su estructura de valores se cimienta en el orden, la disciplina, la jerarquía y la obediencia sin cuestionamiento, valores que no empatan con un sistema democrático que apueste por los derechos humanos, el pensamiento crítico y la justicia social.

Como ciudadanía, no debemos permitir que el discurso populista de los regímenes de mano dura nos haga aceptar, mucho menos desear el aumento de la participación militar. No perdamos de vista el punto en común que tenemos todas y todos: buscar, construir y luchar por un México más seguro, más justo y en paz, sin necesidad de sacrificar nuestros derechos y libertades fundamentales.

*Este artículo retoma las reflexiones realizadas por MUCD a partir de los hallazgos identificados en la segunda edición del informe: “El Negocio de la Militarización en México. Opacidad, poder y dinero”; así como en su evento de presentación, realizado el 6 de marzo de 2024. Agradecemos a Luis F. Fernández, Jorge Cano, Paulina Barrera, Pablo Ferri y Eliezer Budasoff por su valiosa participación en el conversatorio.