A 10 días de una elección de golpes deliberados en el Tribunal Electoral
Libertad bajo palabra

Periodista y abogado con más de 35 años de trayectoria. Reportero, comentarista y consultor experto en temas jurídicos. Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo 2011. Especialista en el Poder Judicial de la Federación y analista político.

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A 10 días de una elección de golpes deliberados en el Tribunal Electoral
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Foto: TEPJF

A estas alturas ya es irremediable, lamentablemente no se hizo lo necesario para subsanar los pendientes que afectarán el proceso electoral en la etapa posterior a la votación. Me refiero concretamente al trabajo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que enfrentará miles de impugnaciones con un pleno incompleto que se mantiene así a propósito desde octubre del año pasado.

Es irrefutable que una de las estrategias fue evitar el nombramiento de 49 vacantes de magistraturas electorales, cuyas ausencias hacen tambalear al máximo órgano jurisdiccional en la materia durante la víspera de la mayor jornada electoral en la historia en México. Un plan verdaderamente maquiavélico.

Insostenible tratar de minimizar los efectos de esta situación diciendo que, si bien el escenario no es óptimo, el tribunal ha logrado mantener la normalidad operativa. Cada 6 años se pone a prueba la capacidad de esta institución que califica la elección presidencial, la situación actual es un golpe deliberado, calculado con el calendario en la mano y burdas complacencias en su interior. ¿Hay operadores que se suman al trabajo sucio del régimen dentro del Tribunal Electoral? La inquietante respuesta es, sí.

Tras el último debate presidencial ninguna de las candidatas se refirió a esta situación, lo que hablando de conveniencias estratégicas fue una omisión más grave en el caso de Xóchitl Gálvez, que va sola contra el régimen a una elección de Estado con el ingrediente adicional de un guiñapo de candidato “ciudadano” que simula para dividir en tercios el resultado final.

Es oportuno recapitular, la Suprema Corte envió a tiempo las ternas para cubrir las vacantes de la Sala Superior, pero el Senado fue negligente y dejó pasar todo el período ordinario de sesiones para mantenerlo incompleto, lo que es una irregularidad por omisión. Aunque en su código genético está el desprecio por la impartición de justicia ¿ustedes creen que si Morena fuera oposición habría pugnado para diezmar la capacidad del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral? Evidentemente no.

¿Cuál es la estrategia concreta del partido de Estado en este caso concreto para jugarse la permanencia en el poder?

  • Tener los mayores argumentos posibles para anular la elección si el resultado llegara a desfavorecer a Claudia Sheinbaum.
  • De ganar Morena, dar fast track a todas las impugnaciones que cuestionen su triunfo y entregarle constancia de mayoría a su candidata con la mayor celeridad posible en el mes de septiembre, sin advertir los inconvenientes sobre los asientos vacantes en el pleno del edificio de Carlota Armero.
  • Normalizar una irregularidad y establecer una narrativa que omita mencionar la gravedad de la coyuntura, reiterar que el tribunal incompleto garantiza certeza, operatividad, independencia y profesionalismo a pesar de todo.

Además de la enorme carga de trabajo que se avecina con las impugnaciones de los más de 20 mil cargos de elección popular en juego, entre ellos la composición de la nueva legislatura del Congreso de la Unión, como si fuera poca cosa, se avizora la dificultad para lograr consensos en los órganos electorales incompletos porque su integración está mermada y en el ámbito jurisdiccional esa situación plantea obstáculos adicionales.

La ley establece que, para realizar la declaración de validez o la nulidad de la elección presidencial, la Sala Superior deberá tener quórum de por lo menos 6 de sus 7 integrantes y prevé también la circunstancia extraordinaria, que nunca ha ocurrido, de completarla con el magistrado con mayor antigüedad proveniente de salas regionales.

¿Y a este supuesto se trata de darle carácter de normalidad? Un absurdo que ha sido fortalecido por la displicencia de la oposición que no ha convertido esta irregularidad en un verdadero escándalo que estaría comprometiendo el proceso jurisdiccional posterior al 2 de junio.

Si gana Xóchitl contarán con elementos para cuestionar el resultado e incluso pensar en la anulación y si gana la candidata de Andrés Manuel López Obrador entonces todo será miel sobre hojuelas a pesar de la crisis de integración y las consecuencias prácticas que veremos en los próximos 3 meses.

Resulta inaudito que a esta perversa trama se sumen las grillas internas dentro del tribunal. Comenzando por la cínica foto de diciembre para retar a la presidenta de la Corte justo el día de su primer informe anual de labores al frente del Poder Judicial. Cómo olvidar que Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes desayunaron ese día para consolidar la estrategia que agudizó la crisis haciendo reventar públicamente sus diferencias con Reyes Rodríguez a quien decidieron tumbar de la presidencia de ese órgano. En días recientes, dejando huellas de la operación por todos lados, el magistrado Fuentes Barrera filtró mensajes de WhatsApp con la ministra Norma Piña para tratar de armar un escenario de supuestas presiones y alentar un escándalo sin sustancia que trató de mitigar los efectos devastadores del otro que encabeza Arturo Zaldívar y su camarilla de cómplices en el Consejo de la Judicatura Federal.

Entonces tenemos como resultado de toda esta maquinación a un magistrado como Felipe de la Mata que trata por todos los medios de minimizar la crisis de integración del tribunal donde trabaja, a Mónica Soto que con extrema tibieza ha referido la omisión del Senado e intenta mandar mensajes de certeza llenos de lugares comunes en los días previos a las elecciones. Y para completar el cuadro del horror tenemos a Felipe Fuentes, filtrador de comunicaciones personales para sumarse desde su propia casa a la avalancha de ataques arteros contra la ministra Piña Hernández.

Desde que la Sala Superior califica la elección presidencial, al interior del Poder Judicial nunca se había dado una crisis de esta magnitud para afectar la credibilidad del Tribunal Electoral, un golpe que ha sumado ambiciones y diferencias personales de sus integrantes en el momento menos oportuno.

Más allá del fin de las campañas políticas, los debates, miles de declaraciones, violaciones al procedimiento por parte del gobierno federal y el Ejecutivo, no debemos perder de vista que lo esencial de la contienda será el voto. El árbitro será crucial, pero los jueces definirán todo.

Ojalá que en ese tribunal y a pesar de todo lo relatado haya altura de miras para apostar por la consolidación de nuestra amenazada democracia. La historia juzgará el papel de cada magistrado tomando en cuenta sus argumentos, proyectos, votos y solvencia moral.

EDICTOS

Agazapados en sus respectivos tribunales colegiados se encuentran dos de los principales operadores del exministro que aventó la toga para formalizar su respaldo al proyecto político de AMLO y Sheinbaum. Dicen fuentes de sus respectivas oficinas, que Constancio Carrasco Daza, en el Cuarto Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y Alejandro González Bernabé en el Séptimo Colegiado en Materia Administrativa también en la capital, que los citados magistrados ya le soplan hasta al jocoque para no quemarse más.

Tratan de pasar inadvertidos, ocultos en sus despachos con el temor de que se cumpla aquel refrán que reza “el que a hierro mata, a hierro muere”. Existe el rumor, de que independientemente del resultado de la investigación que se procesa en la Judicatura Federal, se estaría planteando un posible cambio de adscripción para sacarlos de la Ciudad de México, lo que sería un poderoso mensaje interno, que también pondría las barbas a remojar de Edgar Manuel Bonilla del Ángel, todavía director del IFECOM parte de ese grupo nocivo que ha sido exhibido en la indagatoria para determinar sus presuntas responsabilidades en el manoseo de asuntos y presiones a juzgadores.

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