La simbiosis entre el crimen organizado y la clase política mexicana no es una novedad. Sin embargo, en términos de percepción, esa dinámica adquirió nuevas propiedades durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de sexenios como el de Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018); la instalación de una política en materia de seguridad que mantiene como slogan “abrazos no balazos” significó para muchos sectores de la sociedad –e incluso para la comunidad internacional– una complacencia de facto por parte del Estado mexicano hacia los criminales.
En ese sentido, la operación de las agencias de inteligencia y seguridad estadounidenses para extraer a Ismael “El Mayo” Zambada de nuestro país y tenerlo bajo su custodia en su territorio es un elemento que puede sacudir la política doméstica nacional y también profundizar la asimétrica relación entre ambas naciones; toda vez que la información que pudiera concentrar Estados Unidos –si es que el histórico líder del Cártel de Sinaloa decide adherirse a un esquema de cooperación– significaría una ventaja estratégica para el sometimiento –disfrazado de negociación– de distintos grupos de poder en México, incluidos empresarios y políticos.
Y es que, durante casi 50 años, “El Mayo” mantuvo una posición de relativa invisibilidad, operando desde las sombras mientras sus socios más notorios, como Joaquín “El Chapo” Guzmán y sus hijos acaparaban los titulares. Esta habilidad para mantenerse al margen de la atención pública no es, ni ha sido fortuita, y se entiende como una natural consecuencia de una red de complicidades y acuerdos tácitos que involucran a sectores clave del gobierno, incluidas las instituciones de seguridad al más alto nivel e incluso a la misma ciudadanía. Ahora, con su caída, se abre la posibilidad de que esos acuerdos salgan a la luz.
La extracción del capo modifica el juego. En territorio estadounidense, lejos del alcance de las influencias y presiones que puedan existir en México, las opciones del capo se reducen: colaborar o enfrentar una dura condena casi segura. La historia nos dice que, en situaciones similares, muchos líderes de la mafia o el narcotráfico en esas mismas circunstancias han optado por la cooperación a cambio de reducciones de pena y protección para sus familias. Si “El Señor del Sombrero”, como también es conocido, sigue este camino, la información que podría proporcionar sería devastadora para muchos en el poder.
Más allá de la humillación que ha significado para el gobierno mexicano y para AMLO la extracción del capo, pues la operación de las agencias de seguridad e inteligencia estadounidenses como la DEA y el FBI en territorio mexicano es un hecho consumado, la reacción desde las conferencias matutinas es preocupante pues, además de exhibir el desconocimiento e ignorancia sobre el caso, también fortalece la narrativa que distintos sectores, tanto en Estados Unidos como en México empujan:
El gobierno mexicano está enojado porque descabezaron al líder de una asociación criminal con la que mantenían una alianza.
El manotazo en la mesa que ha propinado Estados Unidos con esta acción no es casual y parece responder a un hartazgo que deriva del fracaso que ha significado el envío de funcionarios estadounidenses a México, de todos los niveles, para buscar establecer una estrategia conjunta para el combate al narcotráfico. Da la sensación de que los canales bilaterales oficiales y las mesas de cooperación se agotaron.
Después de casi 5 años de intentarlo y no obtener una respuesta seria, las autoridades estadounidenses decidieron dar un golpe estratégico para frenar la proliferación del fentanilo que ha ocasionado una epidemia de muerte con 70 mil estadounidenses por año fallecidos por una sobredosis de este opioide sintético: 200 jóvenes mueren al día. Una problemática que ha adquirido un nivel de seguridad nacional allá.
A eso habría que sumar el componente electoral en el que esta maniobra también podría responder al timing por la disputa de la Casa Blanca que se dará en las elecciones presidenciales en noviembre próximo: una demostración al pueblo estadounidense de que el ex presidente republicano Donald Trump se equivoca cuando acusa a los demócratas en el gobierno de ser pusilánimes frente a las asociaciones criminales que invaden de droga su territorio.
México y particularmente Sinaloa, parecen estar aguantando la respiración frente a las consecuencias que tenga la extracción de territorio mexicano de “El Mayo” y su ahora resguardo por autoridades estadounidenses. Sin embargo, la crisis a la que se enfrenta el gobierno mexicano no es de carácter inmediato y tampoco debería reducirse al análisis de posibles brotes de violencia; es mucho más profunda y se enmarca en el fracaso de la política de “abrazos no balazos” que ha generado más muertos que la “guerra contra el narco” de Felipe Calderón que tanto critican.
Hacia adelante, Claudia Sheinbaum no solo heredará de AMLO la decepcionante política que a marzo de 2024, de acuerdo con el INEGI, reportaba 181 mil 327 asesinatos (rebasando así los homicidios que acumularon dos sexenios:
Vicente Fox y Felipe Calderón, con 180 mil 743 casos), sino que también padecerá la desventaja de “negociar” con un Estados Unidos que –aún sin judicializar ni acusar a ningún político mexicano— podría tener en sus manos una radiografía pormenorizada y actualizada de cómo el crimen organizado ha permeado entre la clase política mexicana; derivado de tener bajo su resguardo a los dos principales líderes del Cártel de Sinaloa, “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, la principal asociación criminal del mundo, hasta hoy.