Médico cirujano con más de 30 años en el medio y estudios en Farmacología Clínica, Mercadotecnia y Dirección de Empresas. Es experto en comunicación y analista en políticas de salud, consultor, conferencista, columnista y fuente de salud de diferentes medios en México y el mundo.
Es autor del libro La Tragedia del Desabasto.
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IMSS-Bienestar: la consolidación del monopsonio
Pacientes, personal de salud y proveedores de medicamentos, dispositivos médicos y otros insumos de salud se enfrentan a un comprador que domina más del 80% del mercado y que le permite fijar precios y salarios de manera unilateral.
Pacientes, personal de salud y proveedores de medicamentos, dispositivos médicos y otros insumos de salud se enfrentan a un comprador que domina más del 80% del mercado y que le permite fijar precios y salarios de manera unilateral.
IMSS-Bienestar fue, sin duda, una de las iniciativas más absurdas de la administración que termina, donde, bajo el pretexto de otorgar acceso universal a la salud, simplemente se centralizaron los presupuestos de los sistemas de salud estatales afines políticamente al presidente de la República, estableciendo además, un decreto para que el resto de los estados pierdan los recursos que constitucionalmente les corresponden, si no acceden a entregar sus unidades de salud, hospitales y la nómina misma de su personal.
Esta centralización, hace retroceder más de 40 años al sistema de salud de México, poniéndonos (en las palabras del mismo Zoe Robledo) en tiempos de José López Portillo; y aún antes de iniciar su administración, la presidenta electa Sheinbaum, ya ha decidido que IMSS-Bienestar sea quien administre los recursos de la salud de más del 50% de los mexicanos.
En México, la consolidación de IMSS-Bienestar como el organismo centralizador de los servicios de salud otrora estatales, plantea una serie de preocupaciones que no pueden ser ignoradas.
Dejémoslo claro: IMSS-Binestar no es, ni nunca fue “el IMSS para los que no tienen IMSS”, Como mañosamente, repitió Zoe Robledo durante más de tres años. Vaya, al final del día, ni siquiera será él quien se haga cargo de esta entelequia.
Este nuevo esquema de salud, que absorbe los recursos económicos originalmente destinados a las partidas de salud de cada uno de los estados que han decidido voluntariamente afiliarse, representa un cambio significativo en la estructura del sistema sanitario nacional. A medida que más estados se sumen (ya sea por voluntad o por decreto) y se concentre la mayor parte del presupuesto destinado a la salud en manos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del IMSS-Bienestar, nos enfrentamos a la solidificación del monopsonio más grande que exista en cualquier sistema de salud en el planeta y traerá consigo una serie de desventajas graves tanto para los pacientes, como para los profesionales de la salud, así como para los proveedores del mercado.
Cuando el gobierno se convierte en el comprador mayoritario de servicios y productos de salud, se corre el riesgo de que la calidad de estos disminuya, ya que los proveedores carecen incentivos para competir en términos de calidad, sino solamente en términos de precio.
Este tipo de sistema, donde se prioriza el costo por encima de la calidad (y lo peor, en manos de compradores inexpertos) ya ha tenido como consecuencia la adquisición de insumos médicos (medicamentos y dispositivos) de menor calidad, lo que impacta directamente en la eficacia de los tratamientos y en la salud de los pacientes.
Además, la centralización del sistema ya está provocando ineficiencias administrativas y logísticas, retrasando la atención médica y afectando la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales.
Para los profesionales de la salud, este monopsonio ha representado, desde hace 4 décadas, un panorama desalentador. Al ser el gobierno el principal -o el único- empleador en el sector salud, se limita la capacidad de negociación de los trabajadores.
Históricamente, los salarios en el sector público de salud han sido bajos, en parte debido a la gran cantidad de profesionales que compiten por un número limitado de plazas y a la falta de alternativas laborales en el sector privado. No nos engañemos: el gobierno es quien tiene las plazas laborales, y, por lo tanto, quien fija los salarios a niveles prácticamente miserables.
Con la centralización de los servicios de salud estatales, esta tendencia podría agravarse, perpetuando salarios bajos y condiciones laborales desfavorables.
Además, la falta de competencia en el sector desalienta la capacitación y el desarrollo profesional, ya que los incentivos para la mejora continua se ven reducidos cuando no hay posibilidades de acceder a mejores condiciones laborales a través del esfuerzo individual.
Nada bueno viene con el control central de los recursos, pero quizás uno de los impactos más subestimados de este monopsonio es el que se dará sobre los proveedores del mercado. La industria de los medicamentos, dispositivos médicos y otros insumos de salud se enfrenta a un comprador que domina más del 80% del mercado y que le permite fijar precios de manera unilateral.
Esta concentración del poder adquisitivo en manos del gobierno puede tener consecuencias desastrosas para los proveedores, especialmente para las empresas más pequeñas, que no pueden competir en precios con los grandes conglomerados que pueden darse el lujo de aceptar márgenes de ganancia menores a cambio de mantener su presencia en el mercado. Peor aún, el nivel de competencia desleal por parte de proveedores extranjeros que tienen hoy un acceso con privilegios superiores a los proveedores nacionales o legalmente establecidos en México, es enorme.
La presión para reducir precios podría está llevando, de facto, a una reducción en la inversión en investigación y desarrollo, afectando la innovación y la introducción de nuevos productos y tecnologías en el mercado mexicano.
En este contexto, es fundamental reflexionar sobre las implicaciones de un sistema de salud centralizado y monopsónico. Si bien la idea de un sistema unificado que “garantice el acceso universal de la salud”, puede parecer atractiva en términos de eficiencia y control de costos, la realidad es que las desventajas superan con creces los beneficios potenciales.
La falta de competencia en el sector salud, tanto en la prestación de servicios como en la provisión de insumos, genera un entorno en el que la calidad y la innovación son sacrificadas en aras de la reducción de costos, con consecuencias potencialmente graves para la salud de los ciudadanos.
Además, los profesionales de la salud, quienes son el pilar fundamental del sistema, se ven atrapados en un escenario en el que su desarrollo profesional y sus condiciones laborales se ven comprometidos, lo que a largo plazo puede llevar a una crisis en la disponibilidad y calidad de los servicios médicos en el país.
Es interesante que la promesa primaria de un sistema de salud “como el de Dinamarca”, se mantenga sin ningún ápice de autocrítica o de conocer como se mueven los sistemas de salud en los verdaderos Estados de bienestar.
Precisamente En países con sistemas de salud gubernamentales como España, el Reino Unido, Australia y Japón, se han implementado diversas estrategias para evitar que el gobierno actúe como un monopsonio, es decir, el único comprador dominante en el mercado de servicios y productos de salud.
En estos países, existen agencias y organismos independientes encargados de regular y supervisar tanto la adquisición de insumos médicos como la contratación de servicios; con la función de garantizar que las decisiones de compra y contratación se realicen de manera transparente y justa, evitando prácticas monopsónicas que podrían perjudicar a los proveedores.
Por ejemplo, en Reino Unido, el National Institute for Health and Care Excellence (NICE) desempeña un papel crucial en la evaluación de la relación costo-eficacia de los medicamentos y tratamientos, estableciendo estándares que deben ser seguidos por el NHS (Servicio Nacional de Salud).
En países como Japón, el sistema de salud está estructurado de manera que incluye a múltiples actores, tanto públicos como privados, en la provisión de servicios de salud. Aunque el gobierno tiene un papel central en la regulación y financiación del sistema, los proveedores privados de servicios y productos tienen una participación significativa. Esto evita que el gobierno actúe como un único comprador dominante, permitiendo una mayor diversidad de proveedores y asegurando que haya una competencia saludable en el mercado.
En Australia, se utilizan mecanismos de negociación laboral colectiva donde los proveedores de servicios de salud (incluidos médicos y hospitales) pueden negociar conjuntamente con el gobierno las tarifas y condiciones de trabajo. Este tipo de acuerdos busca equilibrar el poder entre el gobierno y los proveedores, evitando que los salarios y precios sean fijados unilateralmente por el Estado.
Además, el gobierno australiano implementa políticas para asegurar que las decisiones de compra de productos farmacéuticos se basen en criterios de costo-eficacia, lo que fomenta la competencia entre los fabricantes.
En todos estos países, se promueve la innovación y la mejora continua dentro del sistema de salud. Por ejemplo, en el Reino Unido y Japón, se llevan a cabo evaluaciones constantes de la eficacia de los tratamientos y tecnologías, lo que incentiva a los proveedores a innovar y ofrecer productos de alta calidad para mantenerse competitivos en un mercado regulado pero dinámico.
Es triste reconocer que, en México, una decisión absurda como la centralización de la salud es irreversible; sin embargo, es crucial que se considere un enfoque más equilibrado que permita la coexistencia de actores públicos y privados, promoviendo la competencia, la calidad y la innovación en nuestro sistema de salud.
Sólo así se podrá garantizar que todos los mexicanos tengan acceso a servicios de salud de calidad, mientras se protege a los trabajadores y se fomenta un entorno propicio para el desarrollo competitivo y la innovación en el sector.
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