Transfeminicidios: el crimen de odio que el Estado no ve
Columnistas invitadas

Sandra García es amante del periodismo y de contar historias. Reportera multimedia de Ruido en la Red. Comunicóloga de la UNAM y Métodos de investigación en la Universidad de Salamanca. Experiencia en medios como Mx Político, Contrapeso Ciudadano y El Semanario. Encuentra la magia en la comida, la luna y el baile.

Arlen Molina es comunicadora audiovisual, periodista interesada en la investigación y reportera multimedia en Ruido en la Red. Apuesta por el periodismo en diferentes formatos y contar historias de manera creativa y divertida. Le interesan temas de derechos humanos, género y diversidad sexual. Creyente de los signos zodiacales. Es Aries.

Transfeminicidios: el crimen de odio que el Estado no ve Transfeminicidios: el crimen de odio que el Estado no ve
Los transfeminicidios en México no deben quedar impunes. Imagen: Ruido en la Red

Mientras en las noticias seguimos leyendo y contabilizando las muertes de las mujeres trans, en las calles, cientos de ellas salen a exigir justicia por las violencias transfóbicas que enfrentan día con día. Pero ante un Estado que no las reconoce ni en vida ni en muerte y una sociedad que las discrimina, ¿cómo exigir esa justicia?

México es el segundo país más peligroso para vivirse trans, según grupos de derechos humanos. Solo Brasil tiene tasas más altas de transfobia y violencia contra la comunidad trans. La mayoría de las agresiones que viven quedan impunes, incluido el asesinato. Más del 50% de los casos son hacia mujeres trans, sin embargo, los transfeminicidios siguen siendo crímenes invisibilizados por el Estado. 

Y si los ojos del Estado no ven la violencia transfóbica, el corazón de la sociedad no la siente. Esta es la razón por la que nació la investigación: Transfeminicidios, #UnCrimenEnSilencio, una serie documental publicada por Ruido en la Red.

El exterminio silencioso de mujeres trans es evidente si se toma en cuenta que las agresiones de las que son víctimas no están contempladas en las leyes, quedan fuera de las estadísticas oficiales, son marginadas de los espacios de toma de decisiones y, sobre todo, se repiten sin que gran parte de la población nos demos cuenta o nos indigne. 

Dependiendo en qué parte del país se encuentren, las personas trans tienen más o menos derechos, comenzando por el reconocimiento de su identidad. Apenas 15 estados en México cuentan con leyes que les garantizan este derecho, en los demás no se les reconoce. Y ni hablar de los transfeminicidios, esos no están tipificados en ningún Código Penal. 

El transfeminicidio no es solo un asesinato, implica un acto profundamente simbólico y cargado de discursos de odio. Es la expresión más visible y final de una cadena de violencias estructurales contra los cuerpos trans que la sociedad ha marcado como transgresores, y por lo tanto punibles.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera al transfeminicidio y, en general, a todas las violencias contra la población LGBTI como un tipo de violencia de género motivada por el castigo e impulsada por el prejuicio. Los discursos de odio afectan a las mujeres trans, incluso antes de que sus cuerpos se vean agredidos. Mientras esos discursos se sigan propagando, serán un llamado a cometer esos actos de violencia o justificarlos, porque de hecho, la mayoría de ellos quedan impunes

Lo más preocupante es que estos crímenes ocurren en todas partes: en sus espacios de trabajo, en espacios públicos y hasta en sus propios hogares. La violencia transfóbica proviene tanto de desconocidos como de conocidos, las víctimas siguen sin recibir justicia y el Estado sigue teniendo una deuda histórica con las mujeres trans. Porque sí, las agresiones son impulsadas por el odio, pero invisibilizadas por un Estado que supuestamente las debería proteger.  

El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar los derechos humanos a todas las personas del país. Eso incluye facultades universales como la libertad, la dignidad, la seguridad y la protección de la ley para cualquier grupo de la población.

Que el transfeminicidio se resuma a un crimen de odio sin tipificación minimiza la responsabilidad de las autoridades. Sobre todo si recordamos que deberían legislar e impartir justicia sin distinción alguna, pero tomando en cuenta las condiciones y necesidades de cada sector.

En su momento, la discusión sobre diferenciar el homicidio del feminicidio ayudó a que se distinguieran las agresiones particulares que sufren las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Se logró que estos crímenes fueran nombrados ante la ley y eso marcó un precedente para que la lucha por nombrar a los transfeminicidios sea posible. El camino por recorrer es todavía largo, pero el comienzo fue lo más importante.

No basta solo con mencionar que se trata de un crimen de odio. Lo que no se nombra no existe y, ante la ley, lo que no se nombra queda impune. 

A pesar de las violencias estructurales que atraviesan las mujeres trans, y a diferencia de lo que nos han hecho ver medios e instituciones, vivirse trans no es sinónimo de tragedia. Las alegrías y disfrutes también están presentes cuando encuentran en la colectividad lucha y resistencia. 

Pareciera que entre más vulnerable es un grupo frente a la sociedad hostil, más grandes son sus lazos de unión y fuerza. Las mujeres trans se han unido para cobijarse las unas a las otras, exigir el cumplimiento de sus derechos y ser ellas en libertad.

Las mujeres trans no solo están en las estéticas y ejerciendo el trabajo sexual. Todo lo contrario, se han apropiado de espacios en el arte, el deporte, el ámbito empresarial, el activismo y la política. Si todavía no alcanzamos a percibirlo, es reflejo de la exclusión que viven, pero señal para que volteemos a ver a otros lados. 

Y no es que los medios de comunicación debamos “darles voz” a las mujeres trans, porque ellas tienen de sobra. Sin embargo, es importante girar los reflectores hacia quienes deben gritar en las calles, pintar paredes o tomar camiones para hacerse valer como sujetas de derechos. 

En entrevista, la médica y empresaria Daniela Muñiz nos decía –y coincidimos– sobre que los retos para cuidarse y visibilizarse no los deberían tener ellas al ser mujeres trans, sino la sociedad que las invisibiliza y reprime. ¿Qué pasaría si en lugar de criticar lo diverso, el Estado lo reconociera?

Tal vez los 32 estados de la República tendrían Leyes de Identidad de Género que garanticen el acceso sin distinción a los servicios de salud, educación y empleo digno. Quizás sería más fácil respetar la identidad de las personas, utilizar sus pronombres correctos y llamar delincuentes en lugar de “monstruos” a quienes cometan un transfeminicidio. No son crímenes “pasionales”, no son solo producto de una persona que agrede, lleva detrás una estructura social que las vuelve víctimas invisibles. 

Pero, ¿para qué hablar de la violencia y discriminación hacia la comunidad trans ahora? Para que en un futuro no se tenga que hacer y la diversidad esté tan impregnada en la cotidianidad, que la esperanza de vida de una mujer trans deje de ser de 35 años y la impunidad en crímenes contra la comunidad LGBT no sea motivo de un reportaje. 

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