Académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, socio de la firma Zeind & Zeind y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Un nuevo impulso a la transición energética
La administración de Claudia Sheinbaum busca acelerar la transición energética en México, pero se enfrenta a los retos en seguridad jurídica y las reformas al Poder Judicial.
La administración de Claudia Sheinbaum busca acelerar la transición energética en México, pero se enfrenta a los retos en seguridad jurídica y las reformas al Poder Judicial.
Como parte de la llegada de nuevas administraciones, las expectativas en diversos tópicos toman un nuevo impulso y, en el caso de la administración que encabezará la Dra. Claudia Sheinbaum, la impostergable transición energética promovida desde el gobierno parece estar tomando forma.
La evidencia ha demostrado que el cambio climático es una realidad y que los efectos perniciosos que este produce se han incrementado de una manera paulatina y acelerada. El calentamiento que la Tierra ha tenido como resultado de la actividad del ser humano principalmente, ha generado que su temperatura sufra subidas constantes y que distintos fenómenos climatológicos sean cada vez más severos y afecten la vida de cada vez más seres humanos.
Para combatir lo anterior, los países alrededor del mundo han buscado establecer compromisos para que la contaminación producida por las actividades anteriormente mencionadas se reduzca y que con ello el calentamiento global cese de incrementarse. Esto lo han hecho en diversas reuniones, a través de la firma de una gran cantidad de compromisos y con discursos en lo que señalan lo indispensable que es tomar medidas urgentes en aras de lograr este objetivo, sin embargo, en términos generales estos países no han logrado estas reducciones en el tiempo comprometido y México no es la excepción.
Básicamente, la medición de la responsabilidad de cada uno de los países en el calentamiento global encuentra en la cantidad de gases efecto invernadero que emite al principal de los factores a tomar en cuenta. Así, la transición energética implica sustituir al sistema energético basado en el uso de combustibles fósiles por uno que busque a partir de las energías limpias generar emisiones reducidas de carbono o, incluso, no generarlas.
Para ello es insuficiente el establecimiento de acuerdos por parte de los países, pues en la implementación de esta nueva concepción la política energética de cada uno de ellos juega un rol clave. De esta manera, para el éxito en el cumplimiento ya sea total o parcial de las obligaciones contraídas en esas reuniones o con la firma de esos instrumentos, depende en buena medida de la concepción y convicción que del tema tenga el gobierno de cada uno de ellos.
En el caso de la administración que está por iniciar en nuestro país, las declaraciones de la virtual presidenta electa y de algunas de las personas que ocuparán importantes carteras en su gabinete, han resultado alentadoras en lo que toca al impulso a la transición energética. Además de dejar abiertas las puertas a la iniciativa privada para lograr estos objetivos, la eventual promoción de las energías limpias desde el gobierno son signos esperanzadores de que el largo impasse que se ha vivido en este rubro llegue a su fin.
No obstante, las propuestas de reforma al Poder Judicial de la Federación y a diversos órganos reguladores entre los que se encuentran los especializados en materia energética, se convertirán invariablemente en un obstáculo no solo para contar con un ambiente propicio para la inversión sino con una posible falta de seguridad jurídica lo suficientemente latente para que los ambiciosos planes para acelerar la transición energética del gobierno que está por iniciar funciones luzcan de muy complicado cumplimiento.
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