Las claves de la reforma eléctrica: cancelación de contratos y una súper CFE

La Cámara de Diputados iniciará la discusión de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes. El dictamen, que en un primer momento será debatido en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, tiene como principal objetivo fortalecer el papel del gobierno en el mercado de la electricidad.

La reforma eléctrica fue enviada por López Obrador a la Cámara de Diputados en septiembre del 2021. Desde ese momento ha sido analizada por legisladores, especialistas y organizaciones sociales. De inicio la iniciativa tiene todo el respaldo de Morena y los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT). En el otro extremo, en contra del proyecto, están los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Para que la reforma eléctrica sea aprobada se necesita el voto de dos terceras partes de los individuos presentes tanto en ambas cámaras. En caso de que asistan los 500 diputados a la sesión del pleno en que llegue discutirse, para la aprobación se requiere de 334 votos. Sin embargo, el partido oficial y sus aliados solo cuentan con 277. Es decir, el bloque que apoya al presidente López Obrador tendría que negociar 57 votos con la alianza Va Por México, del PAN-PRI-PRD, o con Movimiento Ciudadano que también ha expresado su rechazo.

En el marco de la discusión que hoy tendrán los legisladores, La-Lista consultó a expertos en energía para conocer cuáles son las claves de la reforma eléctrica de López Obrador y cómo impactarían a México.

El acceso a la electricidad como un derecho

La iniciativa en materia eléctrica propone reformar el artículo 25 de la Constitución Política, para establecer que “el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energética de la Nación y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población, como condición indispensable para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida”.

De igual forma, a propuesta de la alianza del PAN-PRI-PRD, el derecho a la electricidad también se integrará al artículo 4 de la Constitución, señaló Ignacio Mier, coordinador de Morena, el pasado jueves 7 de abril.

De acuerdo con un estudio de la organización México Evalúa, en México hay 1.3 millones de personas que no tienen electricidad. Por ese motivo deben utilizar leña o carbón para iluminar su casa, cocinar o calentar agua, lo cual tiene un impacto negativo en la salud de este sector por los humos tóxicos que se desprenden de esos materiales.

Según ha explicado el grupo parlamentario de Morena, al considerar la electricidad como un derecho se buscaría acabar con la pobreza energética y que los ciudadanos también puedan ejercer otros derechos para los que se necesita el acceso a la luz.

“Estimamos que la redacción de dicho precepto debe garantizar al menos cinco conceptos: uso, suministro, suficiencia, precios bajos y la electricidad como precondición para el goce de los derechos humanos que consagra nuestra Constitución”, indicó Mier.

La CFE aumentaría su participación en el mercado

La reforma en materia eléctrica busca fortalecer la participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el mercado. La iniciativa indica que esta institución generará al menos el 54% de la energía eléctrica que requiere el país, mientras el resto quedará a cargo del sector privado.

La CFE también es considerada como la única institución que brindará el servicio público de abastecimiento de energía eléctrica. Las empresas privadas se limitarán a generar electricidad y ésta podrá ser comprada por la CFE a quien ofrezca los mejores precios.

El fortalecimiento de la comisión no solo está en su participación en el mercado, sino que será el organismo responsable de la planeación y el control del área de la electricidad.

Las atribuciones que la reforma eléctrica le da a la CFE es el primer punto cuestionado por los expertos en temas de energía. Santiago Arroyo, director de la consultoría URSUS Energy, opinó que la comisión se pondría en el rango de una Secretaría de Estado.

“Lo que está haciendo esta reforma es poner a la CFE como un súper organismo, una súper Secretaría. Desde mi punto de vista ese es el factor más riesgoso a nivel político y de administración pública, crear esta súper CFE que se queda a nivel del propio presidente en cuanto a la capacidad de establecer política pública y dictar seguridad nacional en ciertas áreas”, indica Arroyo.

Gonzalo Monrroy, director de la consultoría GMEC, opinó que la CFE podría operar con un gran marco de discrecionalidad y eso pondría en riesgo que los precios de la luz sean bajos en todo el país.

“La CFE determinaría sus propias tarifas, esto es muy importante porque ya no se tendría que coordinar con la Secretaría de Energía (Sener) ni con la cabeza de sector y mucho menos con la Secretaría de Hacienda”, dice Monrroy. “Por la forma en que está redactada la iniciativa, se permite a la CFE vender en centavos la electricidad a un municipio o un estado, mientras a otra localidad, estado o municipio se la podría vender un 20,000% más caro”.

Se cancelarían contratos

De acuerdo con la iniciativa que se discutirá hoy en la Cámara de Diputados, actualmente el sector privado produce el 46% de la energía eléctrica que se utiliza en el país y eso es lo máximo que podrían seguir generando en caso de que la reforma se apruebe.

Sin embargo, en su quinto artículo transitorio, la iniciativa señala que “los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución”.

De esta manera la participación de las empresas privadas en el mercado eléctrico mexicano ha quedado en el aire. Los especialistas ven con preocupación la eliminación de estos permisos y prevén que las compañías acudan a tribunales nacionales e internacionales para pelear por su dinero invertido en México.

La inversión privada en el sector eléctrico ya había sufrido un primer golpe en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado jueves 7 de abril, cuando los ministros del máximo tribunal declararon constitucionales algunos artículos de la Ley de la Industria Eléctrica en los que se favorece a la CFE en el despacho de energía.

“En México, por desgracia, no tenemos una estabilidad contractual. Estamos viendo los esfuerzos para que el Estado domine, por eso se está hablando justamente de incumplir contratos o de cambiar las reglas con las cuales las empresas invirtieron”, dice Monrroy. “Hay quienes dicen que no se viola el Tratado de Libre Comercio, pero los propios representantes mexicanos, estadounidenses y candadienses que lo escribieron han mencionado que sí lo viola en espíritu y en la letra”.

Los reguladores desaparecn

En su artículo cuarto transitorio, la reforma eléctrica establece que la Sener absorberá a los dos órganos regulatorios del sector: la Comisión Nacional de Hicrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

La propuesta no es nueva. Desde que inició el sexenio, el presidente López Obrador ha arremetido contra los organismos autónomos que fungen como un contrapeso de las decisiones del gobierno y ha propuesto desaparecerlos, entre ellos la CRE y la CNH.

La CRE tiene el objetivo de fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.

Mientras que la CNH tiene la tarea de maximizar el valor de los hidrocarburos de la nación, impulsa el aumento de las reservas de hidrocarburos y del potencial petrolero del país, fortalecer las capacidades de asesoría técnica y generación de conocimiento del sector energético, asegurar la mejora continua de la regulación en materia de exploración y extracción de hidrocarburos y asegurar una atención eficiente y de calidad a los entes regulados.

El experto Santiago Arroyo destaca que los órganos reguladores en materia energética tienen autonomía técnica y fueron creados lejos de la influencia del presidente, así como de las empresas productivas del Estado como la CFE, para que sus resoluciones fueran imparciales.

“Vemos mucho riesgo en que el Poder Ejecutivo adquiera las facultades de juez y parte, es decir, son los dueños de la CFE y Pemex, participantes del mercado, y a la vez también son quienes dictan las reglas del mercado con la Secretaría de Energía”, critica Arroyo. “No habría una imparcialidad del gobierno federal al momento de emitir resoluciones y regulación del sector energético y eso deja a las empresas privadas en un claro estado de indefensión”.

Transición a energías limpias

La transición energética se refiere a aumentar la utilización de energías renovables para generar electricidad. Sobre este tema la reforma establece que la CFE será la encargada de ejecutar dicha transición, pero los expertos mantienen sus dudas de que esto pueda ocurrir porque, explican, la comisión le da prioridad al gas natural para producir luz, dejando de lado otros elementos como el agua, la energía solar o la eólica.

“En el lado del mercado eléctrico mayorista teníamos ya récords de generación eléctrica o renovables, teníamos un camino trazado para la transición energética muy claro y, de hecho, éramos de los países que mejor tenía un compromiso o aplicación a los compromisos de los Acuerdo de París, y en el mercado minorista se dio un boom de las energías renovables y la gente se iba empoderando”, indica Arroyo.

El experto agrega que las empresas privadas son las que principalmente utilizaban las energías renovables para la generación de energía eléctrica que luego vendían a CFE, pero con la reforma constitucional esos avances se podrían perder.

“La Constitución no es un instrumento legal que te permite diseñar política pública, únicamente es una base de la cual partir con legislación secundaria. Pero esta iniciativa no tiene en ninguna parte establecido el cómo se va a lograr esa transición energética”, asevera Arroyo.

El gobierno explotará el litio

El presidente López Obrador ha puesto al litio en el mismo nivel de importancia que el petróleo. Este elemento químico es utilizado en la industria del aluminio, vidrio y cerámica, baterías, caucho sintético, grasas y lubricantes, entre otras aplicaciones.

La propuesta de reforma eléctrica establece que el Estado mexicano será el único con el derecho de explotar y utilizar el litio que hay en México. También lo podrán hacer las empresas mineras que hayan obtenido una concesión de la Secretaría de Economía antes de mpezar el actual sexenio.

La alianza del PAN-PRI-PRD hizo una contrapropuesta para que el litio pudiera ser explotado por empresas privadas en beneficio de los mexicanos, pero Morena se ha negado a ceder en esta parte.

De hecho, el pasado viernes 8 de abril el presidente López Obrador dijo que si la reforma constitucional en materia eléctrica es rechazada en la Cámara de Diputados, enviará una reforma a la Ley Minera para que el Estado sea el único dueño del litio.