CDMX convierte en delito la corrupción inmobiliaria
Cualquier servidor que cometa el delito de corrupción inmobiliaria podrá ser acreedor a una condena de entre 10 a 20 años de prisión.
Cualquier servidor que cometa el delito de corrupción inmobiliaria podrá ser acreedor a una condena de entre 10 a 20 años de prisión.
La corrupción inmobiliaria ya es un delito en la Ciudad de México, luego de el pleno del Congreso capitalino aprobó el jueves una reforma al Código Penal local para incluir un capítulo exclusivo que tipifica este ilícito.
Con esto, cualquier servidor público que por acción u omisión permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos de ley, podrá ser acreedor a una condena de entre 10 a 20 años de prisión.
Pero la pena podría incrementar en un tercio, es decir, hasta 30 años, si las actividades generan ganancias para los servidores o algún tercero con el que guarde alguna relación.
El nuevo capítulo del Código Penal puntualiza que el delito de corrupción inmobiliaria lo comete un servidor público que, por acción u omisión, permite o tolera la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados.
Exdelegados y exfuncionarios de los gobiernos panistas de la Benito Juárez han sido implicados y acusados en el llamado “Cártel Inmobiliario”, que señala supuestos actos de corrupción.
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Octavio Rivero Villaseñor, de Morena, afirmó que es totalmente plausible y entendible que se sancione con cárcel a quienes, aprovechándose de un cargo público, permitan la construcción ilegal de espacios habitacionales que ponen en riesgo la vida e integridad de los ciudadanos que adquieren estos inmuebles.
“Buscamos evitar que en el futuro se vuelvan a presentar casos de corrupción inmobiliaria cometidos desde las oficinas de las alcaldías y, en general, de cualquier oficina gubernamental”, indicó.
La coordinadora de Morena, Martha Ávila, señaló que dicha reforma “no se dirige a nadie en particular
, pues el propósito es que ningún servidor público se valga de su puesto para hacer negocios turbios; asimismo, comentó que es una ley que debe repetirse en el ámbito federal”.
En redes sociales, el jefe de Gobierno, Martí Batres, reconoció la aprobación de dicha reforma, que fue propuesta por él:
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